En un acto calificable como intimidatorio y criminalizador, Gendarmería Nacional a través de sus abogados Manuel Barros y Mauricio Castro presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Esquel en la que pide que se investigue una supuesta “asociación ilícita” que se habría organizado para perjudicar el accionar y mancillar el buen nombre de esa fuerza represiva.
Hasta el momento ni la Gendarmería ni el Ministerio de Seguridad hicieron público el contenido de la denuncia. Quien sí mostró algunos fragmentos de las supuestas siete hojas del escrito judicial presentado por la fuerza fue el diario La Nación (de estrechos lazos con el Gobierno), a través de su periodista Loreley Gaffoglio.
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En un artículo publicado este miércoles, La Nación dice que Gendarmería pidió al Juez Guido Otranto que se investigue por asociación ilícita “a los artífices intelectuales y materiales de instalar, no solo en el marco de las causas judiciales, sino también en la comunidad, los medios masivos de comunicación y organismos internacionales, la falsa hipótesis” de que Santiago Maldonado había sido “detenido y desaparecido por personal” de esa fuerza.
Un incompleto racconto de la infinidad de declaraciones, escritos y testimonios publicados masivamente a lo largo de los 78 días en los que el paradero de Santiago Maldonado era una incógnita alcanza para imaginar que la “asociación ilícita” de la que habla Gendarmería estaría integrada por varios miles de personas, desde la familia de Maldonado hasta Amnistía Internacional, pasando por un amplísimo arco de organismos de derechos humanos argentinos, por periodistas, personalidades de la cultura, dirigentes políticos y sociales, deportistas y profesionales de las más diversas disciplinas.
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A su vez la denuncia presentada por los abogados de Gendarmería incluiría la imputación por “falso testimonio” contra tres de los testigos de la causa (dos mapuches y un amigo de la comunidad Pu Lof de Cushamen). Se trata de Claudina Pilquiman, Matías Santana y Ariel Garzi (amigo a su vez de Santiago). Ellos, junto a otros cinco miembros de la comunidad mapuche, ya habían sido denunciados en enero por el Ministerio de Seguridad bajo la misma figura legal.
Según La Nación, la denuncia apunta a que el Poder Judicial determine “cómo y quiénes orquestaron la maliciosa imputación a la fuerza por la desaparición” de Maldonado.
Un dato nada menor es que la denuncia cayó, por una lógica cuestión de jurisdicción, en manos del juez federal Guido Otranto, tristemente célebre por haber sido quien no investigó la desaparición de Santiago en el primer tramo de la causa y por haber sido apartado en octubre por “parcialidad”.
La encargada de dar curso al pedido de Gendarmería desde el Ministerio Público Fiscal es nada menos que la fiscal federal de Esquel Silvina Ávila, la misma que a pocas semanas de desaparecido Maldonado le solicitó (con éxito) a Otranto que cambiara la carátula de la causa a... “desaparición forzada de persona”. Curiosa situación la de la funcionaria, ya que según la tesis de los subordinados de Patricia Bullrich ella también debería ser considerada parte de quienes instalaron “la falsa hipótesis”.
Vale recordar que Ávila sigue estando al frente, junto al juez Gustavo Lleral, de la causa abierta con la carátula de desaparición forzada de Santiago Maldonado y en la que se continúan volcando elementos de prueba, resultados de peritajes y testimonios.
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En declaraciones a Página|12 la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, dijo que la denuncia presentada por Gendarmería es “claramente intimidatoria”. Y agregó que si la Gendarmería objeta que se analice posible desaparición forzada “no pueden investigar su denuncia la fiscal Avila y Otranto, porque ella propuso esa carátula para el expediente y él hizo lugar, además que ya fue apartado”.
En este sentido, ante la avanzada criminalizadora de parte del Ministerio de Seguridad contra testigos, periodistas, organismos de derechos humanos y demás actores políticos y sociales que oportunamente denunciaron la desaparición forzada de Maldonado, Heredia planteó que “peligra la investigación. Estas denuncias son actos que demuestran que la investigación es atacada por el propio gobierno”. | 
