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Con cuatro votos a favor y dos en contra, la Corte Interamericana desestimó la solicitud de medidas provisionales enviadas el miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lenin Moreno festejó la decisión tras ser habilitado para aplicar la pregunta 3 del referéndum, aprobado el pasado domingo.
Conocida la petición de disposiciones cautelares de la CIDH, el Primer Mandatario ecuatoriano envió a Costa Rica una delegación compuesta por la canciller, María Fernanda Espinoza; la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; entre otros asesores cercanos.
La pregunta 3 del referéndum aprobó, con el 63 % de los votos, la remoción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y su reemplazo por un Consejo Transitorio, designado en la Asamblea desde ternas enviadas por el Ejecutivo. Se trata de un codiciado botín político, facultado para colocar autoridades en órganos judiciales y de control. Tres integrantes del actual Consejo, cercanos al expresidente Rafael Correa, iniciaron acciones ante la CIDH para impedir que se los destituya.
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Sin embargo, el fallo de la Corte Interamericana
se centró en argumentos sobre cuestiones de forma y procedimiento, antes que en emitir un pronunciamiento concreto sobre la posible inconstitucionalidad del referéndum. Según el correísmo, el atropello se sustenta en que la convocatoria electoral fue impuesta por Lenín Moreno mediante un decreto, sin aguardar el plazo para el dictamen de la Corte Constitucional.
En este sentido, la decisión del órgano judicial de la OEA es un aval para más intervenciones de este tipo desde el Poder Ejecutivo.
La resolución considera que en el planteo de la CIDH sobre “afectación del Estado de derecho”, se tiene como beneficiarios de las medidas cautelares tanto a los miembros del Consejo de Participación, como además algo “abstracto e indeterminado, que podría referirse a la sociedad en su conjunto”. Según la Corte, este grupo no puede ser “identificable y determinable”, por lo que se abstiene de pronunciarse sobre el caso.
El documento llama la atención a la CIDH por demorar un mes la denuncia en su instancia, y elevar la petición de medidas ya conocidos los resultados del domingo. Como es obvio, una vez realizado el referéndum la Corte no puede indicar su suspensión. Esto no le impediría emitir medidas o recomendaciones para suspender la aplicación de la pregunta 3, pero los magistrados prefirieron descartar todo el reclamo.
Para Rafael Correa, el fallo representa otro revés en su interés por conservar parte del aparato de poder del Estado. “El Gobierno mintió nuevamente, no es cierto que la Corte le haya dado la razón, los asuntos de fondo no se han tocado y queda abierto el camino para las demandas por inconstitucionalidad”, expresó el exmandatario en Twitter.
Para Lenín Moreno, la decisión de la Corte es el visto bueno para avanzar con sus planes políticos y económicos. “Triunfa el derecho y la voluntad del pueblo ecuatoriano, ¡viva la democracia!”, festejó con euforia en las redes sociales de la Presidencia.
Los dos votos disidentes pertenecen a los jueces Roberto Caldas y Eugenio Zaffaroni. En 2016, la derecha y los medios de comunicación de Ecuador apuntaron a Caldas por “correista”, después de su elogio a la reforma judicial del gobierno anterior. Por su parte, Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema en Argentina, declaró que “si en 2015 no gana el kirchnerismo, eso llevaría a un caos”, un año antes de las elecciones presidenciales. Según el documento, ambos expresaron su voto contrario luego de notificadas las resoluciones. De esta forma, no incluyeron ninguno de sus argumentos acerca de su decisión en el documento. | 
