Este año en México se realizarán elecciones para distintos cargos a nivel nacional. El registro de al menos 86 candidatos independientes, una figura relativamente nueva en la arena política mexicana, dará paso a unos comicios sin precedentes.
En este escenario, Sulem Estrada y Miriam Hernández, dos trabajadoras anticapitalistas vencieron innumerables trabas para conseguir su registro y es una realidad que el próximo 1 de julio, la población de uno de los distritos más importantes de la Ciudad de México posiblemente cuente con una opción distinta a los partidos del régimen para ocupar un lugar en el Congreso local.
La campaña, que duró 52 días, fue posible gracias al entusiasmo de jóvenes, mujeres y trabajadores, militantes y simpatizantes del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, quienes nutrieron cientos de brigadas y recorrieron cada una de las calles del Distrito 32 de la demarcación Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.
El objetivo era reunir las 2,412 firmas que el Instituto Electoral local impone como requisito obligatorio a los candidatos llamados "sin partido" para poder presentarse a elecciones. Este objetivo no sólo se cumplió, sino que consiguió un 42% más, es decir, 3631 respaldos ciudadanos.
Algunas de las trabas impuestas por las autoridades electorales para las candidaturas independientes fueron la apertura de cuentas bancarias y el registro de una asociación civil en muy poco tiempo. También el uso obligatorio de una aplicación para teléfonos inteligentes para registrar los apoyos ciudadanos.
Varios candidatos independientes denunciaron esta herramienta, no sólo por las múltiples fallas técnicas que presentaba, sino por que su instalación y uso óptimo requería equipos con gran capacidad de memoria y pantallas táctiles con plumas. La dificultad para firmar en equipos sin accesorios para ello, fue la excusa del Instituto Electoral de la Ciudad para invalidar firmas, alegando que "no se parecían" a las de la foto de la credencial de elector.
Entre fines de febrero e inicios de marzo las autoridades electorales darán a conocer el dictamen sobre el respaldo ciudadano que exige la ley, mientras que del 21 al 28 de marzo es el plazo para el registro oficial de la candidatura.
Una entusiasta campaña militante en Coyoacán
El hartazgo de la población para con los partidos tradicionales generó simpatía por la candidatura de dos trabajadoras que conocen los problemas que enfrentan sus compañeros de clase:
La crisis de movilidad que coloca a la Ciudad a la cabeza de los lugares con más tráfico vehicular en el mundo.
La indignación de que mientras la población continúa padeciendo los estragos de los sismos que sacudieron el corazón del país en septiembre de 2017, continúen cargando sobre sus espaldas con los sueldos de funcionarios más elevados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El flagelo de la subcontratación (también llamado outsourcing), implementado con tal violencia en México que coloca al país en los primeros cinco de toda América Latina en esta "industria" de explotación.
El autoritarismo del gobierno y la rapacidad de las empresas que imponen sus megaproyectos arrasando comunidades y que ha llevado a la Ciudad de México a estar al borde de una crisis por agua.
Consignas como que todo funcionario gane lo mismo que una maestra y la exigencia de una jornada de trabajo de 6 horas 5 días a la semana generaron simpatía entre los vecinos, trabajadores del sur de la Ciudad de México.
Mientras que consignas que reclamaban para la juventud el derecho a la educación, el deporte, la cultura y el esparcimiento resonaron en un gran festival que contó con la participación de vecinos que acudieron para conocer las propuestas de las Anticapitalistas y que apoyaron su registro con una firma.
Figuras de la academia mexicana como Massimo Modonesi junto a trabajadoras y trabajadores de distintas partes del país brindaron su respaldo a la candidatura de Anticapitalistas al Congreso de la Ciudad de México.
Así es como una campaña militante superó, en menos de dos meses y a contra corriente, los requisitos con los que el antidemocrático régimen mexicano busca imposibilitar la participación de la población en la toma de decisiones en una de las urbes más importantes del país. Una ciudad que ha demostrado estar administrada por intereses empresariales que deciden por los casi 9 millones de habitantes. ¡Que se escuche bien alto la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud!
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