Gran revuelo ha causado el caso de denuncia al obispo Barros, sobre su complicidad en el caso Karadima. Mucha parte de este revuelo se debe a que el Papa, durante su venida a Chile, manifestó no creer en las acusaciones y que necesitaba pruebas para creer lo contrario.

Una de las últimas manifestaciones públicas referente al tema fueron las declaraciones de víctimas de otro caso de abuso de la Iglesia, uno de ellos fundador de los Legionarios de Cristo en el caso Marcial Maciel. Esto, debido a que el arzobispo encargado de la investigación en ese entonces, es el mismo que se encargará de interrogar a los denunciantes en el caso Barros. Destacaron la disposición que tuvo entonces el arzobispo Scicluna durante los interrogatorios y sostuvieron que su participación en la investigación fue clave.

Algo así como los comités de guerra, la iglesia católica enfrenta los casos de abuso y corrupción dentro de su institución, nada más y nada menos que con miembros de la misma institución, y frente a esto quienes validan estos mecanismos son también religiosos pertenecientes al mismo sector.

Finalmente, si son ellos mismos, incluso entes altamente validados por las comunidades creyentes, como es el caso del mismísimo Papa, salen a defender públicamente, sin titubear, a violadores, no es posible sostener que estos procesos de investigación son transparentes y correctos. Es igual de cuestionable el número de casos que han de haber quedado bajo la gruesa y rígida alfombra del prestigio de la iglesia, muy cuestionado en el último tiempo muestra de lo cual fue la paupérrima concurrencia a las visitas del Papa en nuestro país. Más aún, no debemos dejar fuera que en aquellos casos que ellos mismos encuentran culpables a los miembros de sus congregaciones, éstos son “aislados” en casas de retiro con todas las comodidades y garantías necesarias, misma forma en que el ejército mantiene a los violadores de derechos humanos en Punta Peuco.