Siguiendo el clima de la actualidad, o mejor dicho, la política estatal, la Cámara Federal de Casación Penal volvió a ordenar ayer al Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata que haga efectiva la detención domiciliaria de Jaime Lamont Smart en las causas por las que está condenado a prisión perpetua por ese mismo tribunal en el juicio Circuito Camps en 2012 y en el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención La Cacha en 2014, así como en otras cuatro elevadas a juicio. El fallo está en proceso de apelación.
Smart es el primer civil condenado por los crímenes de lesa humanidad del genocidio y tiene un gran curriculum “mortae” a lo largo de diferentes gobiernos dictatoriales. En su recorrido ha combinado su responsabilidad política en los crímenes de lesa humanidad, la represión y persecución con su rol como abogado defensor de otros genocidas como él.
En 1968 fue designado fiscal por el dictador Juan Carlos Onganía. Posteriormente el gobierno militar de Roberto Levingston lo promovió como juez integrante de lo que se conoció como el “Camarón”, un tribunal especial constituido en 1971 con el objetivo de perseguir a militantes y opositores políticos. Su rol durante el genocidio fue central ya que fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978. Mantiene su coherencia desde su rol de abogado: además de defenderse a él mismo, lo ha hecho con colegas del genocidio como Albano Arguindegui y al apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa.
Cuando se le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria en 2016 Smart, quien hoy tiene 82 años, recibió la solidaridad de la Asociación de Abogados Penalistas de Buenos Aires y de la Corporación de Abogados Católicos, que protestaron por la medida judicial con enérgicas solicitadas en los diarios.
No sería el primer privilegio que se le concede a este alto funcionario del genocidio. Por un lado, ya gozó durante un período de prisión domiciliaria, por otro, la Corte Suprema le otorgó una jubilación de privilegio con un retroactivo de 12 millones de pesos. Esta decisión fue tomada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, al rechazar un recurso de queja interpuesto por el Consejo de la Magistratura.
Son cientos de genocidas los que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Desde el CeProDH continuaremos siendo parte de la lucha contra la impunidad convocando a organizarnos para revertir estos fallos en las calles y pelear por la cárcel para todos los genocidas. | 
