Al igual que muchos otros derechos, la salud constituye actualmente un bien de consumo, en manos de un selecto grupo de empresarios que a costa de la salud de las y los trabajadores, amplían sus arcas monetarias. Ciertamente para los grandes “holdings” dueños de las aseguradoras de salud -Penta, la Cámara Chilena de la Construcción, Universidad Católica, Said, BUPA-Sanitas, entre otros- el acceso a la salud de gran parte de la población solo es posible en el marco de las “tarifas” que ofrecen sus ISAPRES.

Podríamos cuestionar el por qué luego de tantos gobiernos post dictadura no se han hecho grandes cambios al sistema de salud luego de su privatización, pero tiene perfecto sentido si consideramos que todos estos empresarios están ligados a los grandes partidos políticos del régimen como la derecha y la Nueva Mayoría, relaciones destacadas por casos de corrupción.

En el sistema de ISAPRES, una de las realidades más aberrantes es que además de los grandes precios que tienen los planes que ofrecen las aseguradoras de salud, las mujeres tienen aún más criterios económicos que cumplir en relación a los hombres ya que, al igual que en el sistema de AFP, deben cotizar más solo por ser mujeres.

Según estudios, en promedio las mujeres deben ganar 46-48% más que los hombres para poder recién acceder al plan de ISAPRE de menor costo. Si consideramos además la enorme brecha salarial que existe aún entre mujeres y hombres por realizar el mismo trabajo, es casi imposible que éstas puedan acceder a planes con las aseguradoras de salud.

Un engorroso cálculo que deben realizar las trabajadoras para ajustar un sueldo que difícilmente alcanza a fin de mes, para poder acceder a un derecho que debiese ser garantizado por el Estado.

Al respecto Galia Aguilera, parte de la agrupación de mujeres y diversidad sexual Pan y Rosas, comenta: “Es un circuito perfecto para los empresarios. Se llevan al bolsillo todas las ganancias de la explotación de los recursos naturales que producen los y las trabajadoras a quienes entregan sueldos precarios, para encima no solo cobrar enormes sumas de dinero por el acceso a seguros de salud de sus mismas empresas, sino que ponen condiciones absurdas a las trabajadoras.

Lo que necesitamos es que los recursos estén en manos de quienes lo producen, es decir, de la gran mayoría de la población, trabajadores y trabajadoras. Debemos poner un alto al saqueo que llevan adelante estos grandes grupos económicos, altamente facilitado por los gobiernos empresariales como hemos visto con la nueva mayoría regalando el Litio a transnacionales. Los recursos deben ser administrados por y para las miles de familias trabajadoras.”