El Consejo de la Judicatura Federal anuló su vigésimo octavo Concurso Interno de Oposición para la designación de jueces de distrito, el cual se realizó entre el 4 de octubre de 2017 y el 8 de febrero del presente, al darse cuenta que la prueba había sido robada y puesta a la venta entre los aspirantes.

Los resultados fueron anulados de un total de 2,628 aspirantes y 91 seleccionados, al advertir del lucro que se estaba llevando a cabo a causa de las pruebas robadas y candidatos que los adquirieron.

Este Consejo se dio cuenta de los hechos gracias a denuncias anónimas del tráfico de información, con lo que inició el proceso, sin embargo ello acarrea un problema, ya que si está denuncia no hubiese existido ¿hubieran sabido de la trampa que se estaba cometiendo? La respuesta es difícil y hay que ir más allá del hecho, el cual refleja la cultura política y el tipo de prácticas que tienen los funcionarios públicos en México, ya que este no sería el primer escándalo de corrupción ni el último.

El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano "encargado de la administración, vigilancia, disciplina y la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación". También es uno de los organismos que más gasta en sueldos de sus funcionarios y desde 2014 ha sido denunciado por destinar 80.5% de su presupuesto al pago de salarios, prestaciones, viáticos y retabulaciones.

En 2017, 407 funcionarios judiciales recibieron sanciones por distintas irregularidades en su ejercicio. Siete magistrados y 14 jueces de distrito, entre ellos. Fue en ese mismo año que por primera vez logró imponerse una sanción por corrupción al Consejo. Magistrados federales como José Guadalupe Luna han sido señalados por sus vínculos con el crimen organizado, así como por "mala impartición de justicia" al liberar a personas acusadas de narcotráfico.

Empresarios, por ejemplo, también se han visto beneficiados por los manejos de los funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal. Ahí tenemos el caso del juez Luis Armando Treviño, acusado de dictar sentencias que favorecieron a casineros. También fue acusado de enriquecimiento ilícito por 28 millones de pesos. Por si fuera poco, en Estados Unidos tenía una indagatoria por lavado de dinero.

En noviembre del año pasado, el magistrado Fernando Reza fue suspendido tras haber sido acusado de acoso sexual. Según el Consejo de la Judicatura Federal, desde 2006 tiene registro de al menos 17 denuncias de esta naturaleza.

En 2017, magistrados de este órgano concedieron un amparo a cuatro expolicías acusados por la desaparición forzada de cinco jóvenes de Playa Vicente ocurrida en 2016.

Así, lo que pudiera resultar escandaloso para un organismo que pretende ser garante de legalidad y transparencia, resulta que es la norma. No sólo se enriquecen a costa del erario, sino que benefician a sus amigos empresarios y desde su posición han sido garantes de la impunidad.