La organización Artículo 19, cuya labor se concentra en la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información en México,activó para este periodo electoral la Red #RompeElMiedo en al menos 10 estados del país.

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La medida, explican, responde a las alarmantes cifras de violencia en contra de periodistas en México y a que hay una relación directa entre entidades con crisis política y de violencia y las agresiones en contra de trabajadores de la comunicación.

Este protocolo, nacido en 2013, fue reactivado en 2014, tras el segundo informe de gobierno de Enrique Peña Nieto y luego de que en 2013, año electoral, se registraran 60 agresiones contra periodistas. En 2017 se activó para alertar de agresiones contra periodistas para las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Esta Red consiste en un centro de monitoreo con sede en la Ciudad de México. Articula medios de comunicación con colectivos de defensores de derechos humanos. El objetivo es brindar asesoría a personas cuyo trabajo de cobertura es "de alto riesgo", así como establecer una red de periodistas que funjan como monitores que a su vez estén pendientes de otros comunicadores.

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Así, por medio del registro de agresiones al momento de que ocurren, puedan activar medidas de presión para evitar que sigan ocurriendo en la misma jornada electoral y a futuro.

Guerreo y Sinaloa son algunas de las entidades en donde estará operando la Red. En Sinaloa, el Colectivo Periodistas Por la Paz determinó sumarse a esta iniciativa. La Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) también se ha sumado a estos esfuerzos.

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es uno de los más recientes ataques en contra de la libertad de expresión. Según han señalado organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, en México la militarización y la violencia han significado una escalada en los crímenes contra trabajadores de la comunicación.

Las autoridades son responsables de más de la mitad de las agresiones contra periodistas, lo cual evidencia que la violencia contra el periodismo crítico es un fenómeno para el que la solución no vendrá de la mano de esas mismas autoridades que la ejercen y la avalan.

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