César Duarte, actual gobernador del estado de Chihuahua, de quien se ha rumorado acerca de su posible candidatura a la presidencia en 2018 por parte de su partido, el PRI, se ha visto inmiscuido en cuestionamientos tanto de organizaciones civiles, como de integrantes de partidos de oposición, debido a la procedencia de su riqueza que incluye tanto bienes como terrenos, ranchos e incluso cuantiosas acciones en bancos del estado.

El PRI, que carga consigo el desprestigio de más de 70 años de gobierno, desapariciones, y la actual guerra contra el narcotráfico en diversas partes de México, se ve nuevamente envuelto en cuestiones que vienen a manchar más su imagen. En este caso el personaje que se encuentra en boca de diversos sectores ciudadanos y políticos es César Duarte, quien en 2010 fue electo a la gubernatura del estado de Chihuahua. Duarte carga hoy día con diversas denuncias ciudadanas ante la PGR para investigar el origen de toda su riqueza.

No es el primer caso de escandalosas investigaciones acerca del enriquecimiento de funcionarios, alcaldes e incluso el actual presidente de la república Peña Nieto, quien en diciembre de 2014 se vio, junto con su esposa, envuelto en el escándalo de la casa blanca. Sin embargo, la diferencia entre algunos funcionarios y el caso de César Duarte, es que se tienen documentos firmados de él y su esposa donde hacen un aporte de 65 millones de pesos para acciones del Banco Progreso. Dicha noticia hizo saltar sospechas acerca de los orígenes de su riqueza debido a la cuantiosa cantidad que los susodichos decían poseer de manera lícita para ser ejercida de esa forma.

Según el portal de transparencia se informa que el salario de Duarte no supera los $120,000.00 pesos al mes, lo cual ya es de por si el salario de 57 obreros. No obstante, es ridículo pensar que los Duarte posean la cantidad que adquirieron en acciones sólo con los recursos que vienen del salario de gobernador. De esta forma es que, al no poder comprobar de manera legal la procedencia de la cuantiosa cantidad invertida como el 15% de las acciones de Banco Progreso, sólo queda asumir que la procedencia de la gran parte de su riqueza viene de medios ilegales, corrupción o incluso narcotráfico. Es bien sabido que el tan llamado crimen organizado se encuentra coludido y forma parte íntegra del Estado mexicano desde hace décadas, por lo que no es descabellado pensar que esta pueda ser una de las razones.

Por otro lado, a la par que Duarte adquiría bienes y acciones, el estado de Chihuahua se endeudaba estratosféricamente durante los años de su gubernatura, aumentando la deuda pública de 13 mil millones de pesos a 42 mil millones de pesos en sólo 3 años, haciendo sospechar que el aumento de la deuda pública puede estar correlacionado con el aumento de la riqueza de Duarte.

Sean cuales sean los orígenes de la mencionada riqueza, queda claro que no pueden provenir de medios legales por lo que se trata de un crimen más perpetrado por el gobierno, seguramente bien conocido por sus allegados y el mismo PRI.

Mientras cientos de miles de personas sobreviven día a día con el salario mínimo, cercano a los $70.00 pesos diarios, vemos como los gobernantes, funcionarios y burócratas se enriquecen a cuestas de la clase trabajadora, la que trabaja, la que paga impuestos y la que sacrifica educación, cultura, salud y bienestar para saldar deudas personales de los caciques al frente de la nación. Es por ello que desde La Izquierda Diario denunciamos por un lado los exorbitantes salarios de los servidores públicos y por el otro la escasa justicia burguesa que se aplica a ellos mismos al momento de ser denunciados, dejando claro que la justicia tiene distinción de clase. Vivimos en un país, en un mundo, donde robar un litro de leche te lleva a prisión, pero robar a millones de personas te lleva a ser gobernador y posible candidato a la presidencia.