Mediante una resolución con fecha 14 de febrero el juez de la quiebra del ingenio La Esperanza, Juan Pablo Calderón, llamó a una nueva licitación que termina el miércoles 21/2. No se dio a conocer el pliego de condiciones, solo hacen referencia al punto III del acuerdo entre Omega Energy y el gobierno provincial que no es público y el gobierno se niega a informar.
Sin dudas se trata de un llamado a licitación express que se puede explicar como parte de una respuesta al pedido que el gobernador Gerardo Morales realizará semanas atrás, luego de la caída del acuerdo de venta del ingenio al grupo colombiano Omega Energy anunciado en diciembre.
Con ayuda del juez el gobierno ahora intenta dejar atrás el traspié con el grupo Omega. Poco parece importarle a las autoridades que mintieron públicamente al afirmar una venta que nunca fue y mucho menos los millones de pesos los destinados a la propaganda oficial respecto del plan para el ingenio. Tampoco parece importarle el haber promovido un empresario con cuentas y sociedades off shore como Omar Leal titular de Omega.
Ahora quieren salir rápido del mal paso en lo que fue una de las “grandes” políticas de la gestión Morales desde la llegada al gobierno y que ha generado una enorme bronca en las familias azucareras y una creciente decepción en el pueblo de San Pedro y La Esperanza.
Pese al manejo muy poco transparente de las operatorias con el ingenio por parte de los funcionarios, hasta el momento los diputados oficialistas ni la denominada oposición que en su momento se mostró preocupada por la situación ingenio exigieron al ministro de la producción, Juan Carlos Abud Robles, que brinde explicaciones de su accionar sobre La Esperanza. Por el contrario, los diputados del PTS-FIT junto a trabajadores despedidos y familiares siguen esperando el apoyo de los diputados a su pedido de interpelación al ministro Robles que junto con la fiscalía de Estado comandan la supuesta licitación.
Recordemos que el propio gobernador Morales y el ministro, Abud Robles, afirmaron en más de una ocasión en los medios que la venta a Omega era “la única alternativa a la liquidación del ingenio” y que este grupo empresario exigía el despido de 338 trabajadores como requisito de compra de la empresa.
Resulta llamativo que habiendo caído la venta a Omega se sostengan los despidos en el pliego de la nueva licitación que convoca el juez Calderón. El gobierno nunca se retrotrajo de los despidos.
Por su parte, el juez con esta decisión termina convalidando los despidos que en un principio los presentaban como un “capricho” del supuesto inversor y, que ahora queda en claro que es una decisión del gobierno que pretende dejar en la calle a 338 familias como parte de su plan de quebrar la organización de los trabajadores.
¿Será por eso que Calderón luego de ordenar la licitación entró de licencia?
En horas de la mañana de hoy el sindicato de La Esperanza presentó un pedido de revocatoria ante la resolución de juez Calderón, que acompañó a otro pedido presentado en el día de ayer por el PJ, confirmando la licencia del magistrado.
Una supuesta licitación que encubre una venta directa del ingenio y su remate
“No hay plan B” decía Morales a la venta con el grupo Omega, lo contrario es la liquidación del ingenio. Pero con las condiciones en las cuales pretenden llevar adelante la licitación, se está más próximo al remate que a sacar adelante a la principal fuente de empleo y producción de la región de San Pedro.
En primer lugar el ingenio no puede funcionar con 600 trabajadores como pretende imponer el gobierno. Si la zafra 2017 finalizó con 938 obreros, la próxima zafra debe hacerlo al menos con el mismo personal, sabiendo incluso que muchos trabajadores tienen que hacer horas extras o doble jornada porque faltan manos disponibles.
Dicho de otra manera, no sobran trabajadores, sino que faltan. No olvidemos que Gerardo Morales durante la campaña en 2015 prometió el ingreso de los hijos de los azucareros al ingenio, aunque ahora haya despedido a sus padres.
Junto con este ataque a las condiciones de vida de los trabadores la licitación actúa como una suerte de cobertura legal a una especie de remate del ingenio que pretenden consumar con la llegada de un nuevo grupo inversor.
La base de capital para ingresar al ingenio fue fijada en 85 millones de dólares, la misma suma que se había comprometido el grupo Omega en caso de un pago al contado. Esta suma equivale a poco más de la mitad de la deuda concursal y, si a la misma le sumamos el valor del activo, esta suma representa poco menos del 50% del valor de los activos y de la deuda concursal que en su mayoría es con el Estado.
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Un procedimiento express, ilegal y secreto donde los trabajadores son convidados de piedra
Pero en un verdadero mamarracho jurídico, para intentar justificar y darle un marco de legalidad a todas las ilegalidades que está llevando adelante el Gobierno de Gerardo Morales con la venta del Ingenio La Esperanza, el Juez Calderón, dispuso abrir una especie de “concurso de precios”, que consiste en que Fiscalía de Estado y al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy notifiquen (ellos mismos) a los interesados en la adquisición de los activos de la quiebra a presentar las ofertas en un plazo ordenatorio hasta el día 21 de febrero.
Con este procedimiento, que no está contemplado en la Ley, como indica el mismo Juez en los procesos de Concursos y Quiebras, Calderón hace uso de su imaginación para otorgarle todo el “poder” de la venta del Ingenio al Gobierno de Gerardo Morales. Es el Gobierno de Morales quien debe notificar a los “interesados” (que ellos entiendan interesados) para que realicen una oferta. Todo entre amigos.
Se sabe que en cualquier proceso de Quiebra, para que exista una “venta directa” debe existir primero un fracaso en algún proceso de subasta o licitación como indica el art. 213 de la Ley de Concursos y quiebras, por eso la venta al Grupo Omega era completamente ilegal.
Pero esta especie de “Concurso de precios” novedosa que es cerrada y secreta, y tan solo por 7 días, violenta también todas las disposiciones establecida para los Concursos y Quiebras, especialmente en cuanto a lo establecido en el art. 205 de la Ley de Concursos y quiebra, que dispone plazos de publicidad, garantías, tasaciones previas (que hasta la fecha no son públicas), y un largo etc.
El Juez Calderón, escudado en la Ley provincial 5929, infringe la normativa concursal y al mismo tiempo, parece darle a la ley provincial mayor jerarquía que la normativa nacional.
No llega a ser una venta directa, ya que sería ilegal, pero tampoco es una licitación o subasta como dispone la Ley de Concursos y quiebras ya que no se cumplen los plazos y pasos que determina la Ley, para eso el Juez Calderón inventa un “concurso de precios”, que en realidad está encubriendo una venta directa. ¿A qué empresa?
No lo sabemos, ya que el Gobierno de Morales se niega a brindar cualquier información acerca de oferentes, interesados o los términos del acuerdo con Omega.
Si hay algo realmente contradictorio en la resolución de Calderón es considerar que la licitación del año 2008 se volvió “abstracta” “... por el cambio en la situación de fondo como por las circunstancias circundantes al proceso de quiebra, la inactividad procesal de los interesados y el transcurso del tiempo....”. Demás está decir que no dice palabra alguna sobre la propia inactividad del Juez.
Lo único que se sabe, es que la venta del Ingenio está absolutamente teñida de la más completa de las oscuridades, y resuelta en los despachos de la misma Gobernación.
La Esperanza de los trabajadores
Lo más grave de esta situación, es que tanto el Juzgado como el Gobierno de Morales tratan de mantener a los trabajadores del Ingenio La Esperanza en meros espectadores de una de las ventas más fraudulentas conocidas.
Luego de casi 20 años que los únicos que mantuvieron con “vida” el Ingenio fueron los propios trabajadores, el proceso de venta del Ingenio, dispuesto por el Juez
Calderón tiene como “base” lo acordado oportunamente por la Fiscalía de Estado con el grupo Omega. ¿Que acordó el estado con el Grupo Omega? Que solo se adquiría con 600 trabajadores, y esa fue la excusa que utilizó el gobierno de Morales para justificar los 338 despidos del Ingenio La Esperanza. Pero aún poco se sabe del acuerdo del Gobierno con el grupo Omega, ya que se ha negado sistemáticamente a brindar toda la información respectiva. No se puede descartar que el mismo Omega que tiene chances de presentarse en este llamado del juez pueda ser nuevamente beneficiado y se quede con La Esperanza.
El gobierno lleva adelante un plan de vender un Ingenio de 600 trabajadores, con modificación de las condiciones de trabajo de los que queden, y con el despido de 338 trabajadores. La venta actual del ingenio, trae peores condiciones para los trabajadores. Incluso el pliego del año 2008 contemplaba a 2000 trabajadores, y ahora solo 600. Los únicos que salen ganando con esta venta express son los empresarios, mientras los trabajadores son los más perjudicados con despidos y baja en sus condiciones de trabajo.
Mientras tanto el Gobierno como la Justicia no le dan ni voz ni voto a los trabajadores, quienes durante estos años hicieron el máximo esfuerzo para sacar adelante el Ingenio.
Si bien durante el mes de enero el mismo gobierno mantuvo reuniones con los trabajadores, mencionando listados “verdes”, “amarillas” y “rojas” con posibles reincorporaciones que nunca se mostraron, a la fecha no existe ningún indicio de reincorporación de los despidos ilegales dispuestos por el Gobierno, que la Justicia por el momento pretende avalar.
La escandalosa y fraudulenta venta del Ingenio sigue su curso, con Morales dirigiendo la batuta en este oscuro corso de empresarios, jueces y funcionarios, del que los trabajadores nada bueno pueden esperar. | 
