El pasado 31 de enero, en el estado de Jalisco se reportó la desaparición de tres individuos que fueron reconocidos como ciudadanos italianos. Ellos son Antonio Russo de 20 años, Raffaele Russo de 60 y Vincenzo Cimmino de 29. Todos originarios de de la ciudad de Nápoles, Italia.

Según los familiares, al lograr contactarse con la policía de dicho poblado, recibieron versiones encontradas, primero se les dijo que dos de ellos habían sido arrestados, pero en una segunda versión de la policía local desmintió por completo lo anterior; al mismo tiempo declararon que no creer que se tratara de un secuestro argumentando que no ha habido ninguna llamada de rescate.

A pesar de lo anterior, ni familiares ni autoridades descartan la posibilidad de que el crimen organizado se encuentre involucrado, pues ya que la zona de Tecalitlán ha presentado la actividad grupos criminales. Con las desapariciones de los italianos se suman ya 200 casos de extranjeros a los que el gobierno local no ha dado seguimiento.

Tan sólo en Jalisco han desaparecido 2, 917 personas según el informe del corte realizado en 2017 por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, colocándose así en el cuarto lugar a nivel nacional. También, dicho estado tiene a la fecha un registro de más de 300 casos sin resolver según datos de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).

La respuesta del gobierno ante estos casos ha sido sumamente indolente, en algunos casos se ha visto cómplice cómo el caso de Ulises Cardona Flores de 17 años privado de su libertad por la Marina en el mismo poblado de Tecalitlán, según una denuncia de su amigo Moisés Cárdenas.

El secretario general de Gobierno de jalisco, Roberto López, dijo hoy a la prensa que se evalúa intervenir, ¡a veinte días de la desaparición!, a la policía de Tecalitlán aunte una posible unfiltración del crimen organizado, sólo espera información de la Fiscalía estatal. Mientras las autoridades tapatías especulan, un familiar ha revelado que recibieron tres audios de Antonio Russo quien narra que fueron interceptados por policías en una gasolinera y obligados a seguirlos antes de perderse la comunicación.

Esta situación ha llevado a que muchos familiares de desaparecidos tomen la iniciativa de búsqueda e investigación junto con organizaciones y grupos de trabajadores solidarios. Por ello es necesario defender el derecho a que Comisiones Independientes del Estado conformadas por familiares junto con especialistas solidarios puedan realizar labores para dar con el paradero de nuestros desaparecidos.