La historia se inició en noviembre de 2016 cuando el Ayuntamiento de Manuela Carmena realizó la compra del servicio de alquiler de bicicletas “BICIMAD” por 10,5 millones de euros a la empresa que lo gestionaba por concesión municipal, Bonopark.

Ahora el PP ha llevado el proceso de adquisición ante los tribunales por malversación de fondos públicos, redoblando así el acoso y la presión contra Manuela Carmena y Ahora Madrid, tratando de desgastarlos de cara a las elecciones.

Pero en realidad, la indemnización que se le pagó y la concesión a la misma empresa en exclusiva de determinados servicios técnicos dejó patente que esto nada tenía que ver con lo que podría haber sido un proceso remunicipalizador impulsado desde Ahora Madrid, tal y como prometió que haría en el programa electoral con los servicios privatizados por el PP. Más bien se trató de un rescate puro y duro para no perjudicar los intereses empresariales de la empresa concesionaria.

Para poner en antecedente, el servicio de BiciMad fue adjudicado en su día por el anterior equipo de gobierno del PP para un período de 12 años. El ingreso que como contraprestación recibiría el Ayuntamiento de Madrid para el conjunto del período era de 25 millones de euros, es decir, algo más de 2 millones de euros anuales.

Desde el principio el servicio tuvo una gran cantidad de incidencias y numerosas críticas por parte de los usuarios que se quejaban de la mala gestión y la ineficiencia del servicio: falta de bicicletas, complicaciones con el sistema informático, problemas para poder darse de alta en el servicio o dificultades con los anclajes de las bicis que hacía todo el proceso muy complicado,... Todo esto en una gran ciudad como Madrid, con miles de usuarios potenciales y un elevado nivel de desgaste del uso y de los materiales, hizo que las pérdidas que comenzó a sufrir la empresa concesionaria alcanzaran los 300.000 euros mensuales. Y a todo esto, se le añadía el pago del canon de 2 millones de euros anuales que la empresa concesionaria debía abonar al Ayuntamiento por la explotación del servicio.

Sin embargo, desde la llegada al Ayuntamiento de Ahora Madrid y Manuela Carmena, apenas cuatro meses después de la concesión, en ningún momento se produjo investigación alguna sobre la calidad y las condiciones en las que se estaba prestando el servicio público de alquiler bicicletas por parte de la empresa adjudicataria, ni se estudió la posibilidad de que ante las innumerables quejas de los usuarios ante un servicio que nunca llegó a funcionar correctamente, se pudiera remunicipalizar el servicio, sin ningún tipo de indemnización claro está, arrebatándoselo a la concesionara por incumplimiento de los pliegos que regulaban la concesión del servicio y por la baja calidad ofrecida a los usuarios.

Se rescata a la empresa pero no a los trabajadores

Ante las llamadas de socorro al Ayuntamiento de Ahora Madrid por parte de la empresa concesionaria Bonopark a menos de un año desde la concesión del servicio, en las que solicitaba ayuda directa para poder hacer frente a una situación de quiebra, el Ayuntamiento decide hacerse cargo del servicio directamente a través de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

Por su parte, Bonopark argumentó que las pérdidas eran producidas por actos vandálicos y de sabotaje. La verdad es que nunca se conoció ningún caso de denuncia concreta hacia ningún usuario por ninguna de esas acusaciones que vertía la empresa para no asumir su ineficacia y su nula capacidad de inversión y financiación que estaba llevando al servicio a un gran deterioro y a una baja calidad de prestación.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Manuela Carmena debió creerse tales argumentos porque decidió rescatar el servicio en muy buenas condiciones para la empresa, desembolsando 10,5 millones de euros, además de mantenerle una parte del servicio técnico a Bonopark.

Pero, ¿qué ocurrió con los trabajadores del servicio? Todos los trabajadores contratados por ETT se quedaron en la calle y respecto a los que formaban parte de la plantilla directa de BiciMad, unos 50 en total, tan solo 18 con contrato indefinido pasaron a la EMT como indefinidos no fijos, es decir, que quedaron pendientes de un proceso de consolidación que les podía llevar a formar parte de las plantillas públicas de la EMT con todos sus derechos o a terminar en la calle. El resto, unos 32 contratados por obra o servicio se quedaron en esas mismas condiciones en la EMT y con un futuro bastante poco claro. Esa es la política de Ahora Madrid y Manuela Carmena con los trabajadores, ninguna concesión favorable más allá de la pura legalidad, e incluso por debajo de ella, dado que la subrogación hubiera permitido asumir la totalidad de la plantilla de Bicimad.

Ahora, para colmo de males, el equipo de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid se encuentra con que la titular del Juzgado de Instrucción número 53 ha admitido a trámite la querella del grupo municipal del PP contra la concejal de Medio Ambiente Inés Sabanés y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia por la compra del servicio de BiciMad.

La querella del PP en concreto es por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. En el fondo están las claras intenciones electoralistas y de acoso al gobierno de Manuela Carmena por parte del PP. Así quedó evidenciado por el portavoz del grupo municipal del PP al decir que: “el gobierno que vino a regenerar la política, en estos momentos se está defendiendo en los juzgados”. Y eso lo dijo un portavoz del partido político con más causas abiertas de corrupción de la historia reciente.

El juzgado ha solicitado toda la información contable, el informe sobre la valoración del precio del contrato, el expediente completo sobre la aportación de capital por parte del Ayuntamiento y la información completa relativa al expediente sobre la prestación de servicios relacionada con la movilidad ciclista y peatonal en la ciudad de Madrid, según ha trascendido. Es decir, documentación sobre el dinero que puso el Ayuntamiento en la operación, tanto directamente vía capital aportado, así como los costes de las prestaciones de servicios que siguió realizando Bonopark para el servicio de alquiler de bicicletas. También ha solicitado informes económicos a la empresa Bonopark.

Esto demuestra a las claras como toda la política de concesiones a la legalidad, y al intento de Ahora Madrid y Manuela Carmena por llevar adelante procesos de recuperación de los servicios públicos, los pocos que se han abordado como el de BiciMad, vía remunicipalización, solo serán factibles desde la movilización y la lucha directa de la clase trabajadora y las clases populares en defensa de la recuperación y el mantenimiento de los servicios municipales privatizados.

Para ello es necesario impulsar y apoyar un programa de mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en las empresas actualmente privatizadas que pasarían a ser empleos públicos. Ello, acompañado de una creación masiva de puestos de trabajo suplementario para mejorar la calidad y las condiciones de los servicios y que ataque el problema del desempleo masivo y la precariedad de los sectores sociales más desfavorecidos, sobre la base precisamente de la recuperación de los servicios municipales y todo ello bajo la gestión de trabajadores y usuarios.

Una respuesta así garantizaría, sin duda, no solo la recuperación de la gestión pública de dichos servicios, sino que también haría mucho más sólida su consolidación como servicios públicos municipales directos, puesto que los trabajadores y usuarios gestionarían los propios servicios municipales recuperados y constituiría una fuente intensa de creación de empleo público de calidad.