Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza
El pasado lunes recibimos la nueva iniciativa del gobernador Cornejo que en este caso apunta directamente a los miembros de la comunidad LGTBI. En su anuncio, Fernanda Urquiza, quien se desempeña como coordinadora de Diversidad, afirmaba que lo que se busca es “tomar datos de las realidades socio económico de los miembros de este colectivo para trabajar en las políticas públicas y para la generación de datos oficiales”.
Esta medida fue planteada de manera unilateral por la gestión provincial en principio, pero asumieron el compromiso de consultar a las organizaciones afines. Sin embargo el descontento con el anuncio ya se ha venido manifestando en las redes y en distintos medios.
La vida de esta comunidad se ha visto caracterizada históricamente por la falta de legitimación y la invisibilidad social, económica y política.
¿Porque entonces el Estado provincial ignora una vez más los importantes datos y estadísticas que las propias organizaciones han ido elaborando durante los últimos años?
La comunidad LGTTBI atravesada por una opresión de identidad de género asume en esta sociedad capitalista características específicas, entre las cuales se encuentra la súper explotación, el desempleo, la marginación y, en muchísimos casos, el hecho de quedar reducidos a la prostitución en general y a la explotación sexual en particular. La explotación sexual, casi como único medio de supervivencia, producto de una expulsión temprana de la vida familiar y del sistema escolar y las distintas experiencias que atraviesan no solo en la calle sino en el seno familiar etc., les coloca en una condición de extrema vulnerabilidad afectando su desarrollo personal y social.
La ignorancia y la homolesbotransfobia aún muy presentes en esta sociedad, y reproducidas desde el mismo Estado, la Iglesia y otras instituciones, afectan directamente su calidad de vida e influye en la forma en que es abordada para la validación de sus derechos más elementales.
Tal como se ha retratado en distintos medios, los crímenes de odio en toda América han ido en aumento, lo cual sumado a la discriminación diaria y el abuso constante ubican a estas personas en un sector especialmente vulnerable al suicidio, con un porcentaje 9 veces más alto que la media.
La realidad en nuestro país y Mendoza en particular, no es ajena a la del resto del mundo. En la Argentina el promedio de vida para personas trans apenas alcanza la edad de 35 años, cruzadas por condiciones de enorme pobreza y falta de acceso a servicios elementales como salud y educación, sometiéndoles a una doble opresión por ser pobres y con identidades disidentes.
En nuestra provincia se elaboraron diferentes proyectos que contemplan la inserción laboral trans por cupo obligatorio en todas las dependencias del Estado provincial. Uno de ellos fue presentado en ambas cámaras de la Legislatura Provincial por el PTS en el FIT, donde no ha llegado más allá del tratamiento en comisiones con una clara negativa del Ejecutivo para su aprobación.
Durante el anuncio de la creación del Registro, se afirmaba que se hacía con el fin de la creación de políticas públicas. Algo que realmente cuesta mucho creer.
Es difícil confiar en que el objetivo de este registro es el diseño de políticas públicas, cuando la gestión actual al igual que la anterior no ha llevado a cabo las medidas necesarias para la implementación de las leyes vigentes, como el caso de la ley de Identidad de Género 26.743 y la ley de educación Sexual Integral, que después de 12 años de sancionada sigue sin ser implementada por la intromisión clerical que se opone fervientemente a la misma.
Este mismo Estado que hoy busca registrar a algunos miembros de la comunidad por su orientación sexual a su vez se niega a dar lugar al reconocimiento a sus derechos más elementales.
Esto queda en evidencia cuando la gestión del Gobernador Cornejo se niega a asegurar la inserción laboral de este colectivo contemplando la compleja realidad que viven estas personas.
En nuestra provincia se elaboraron diferentes proyectos que contemplan la inserción laboral trans por cupo obligatorio en todas las dependencias del Estado provincial. Uno de ellos fue presentado en ambas cámaras de la Legislatura Provincial por el PTS en el FIT, donde no ha llegado más allá del tratamiento en comisiones con una clara negativa del Ejecutivo para su aprobación.
La misma suerte ha corrido este proyecto impulsado en los municipios como el de la Ciudad de Mendoza donde desde la banca que ocupo por el PTS en el FIT no solo se elaboró un proyecto de Ordenanza Municipal para la creación e implementación del cupo laboral, sino que el mismo fue presentado para la realización de aportes a miembros de diversas organizaciones LGTTBI de la provincia y, durante el proceso de estudio en comisiones, muchas de ellas se hicieron presentes para transmitir en primera persona qué significaría esta demanda para las personas trans. En estas reuniones no sólo participaron miembros del Concejo Deliberante, sino también miembros del Ejecutivo y del Sindicato de Trabajadores Municipales. Sin embargo la única contra propuesta de miembros del Bloque Oficialista fue una flexibilización mínima en los requisitos de ingreso, o una declaración de Interés de un taller de telar. Una verdadera burla ante una demanda tan importante y urgente.
A su vez, entendemos que estos proyectos no va a venir a solucionar muchos de los problemas que hoy atraviesan los miembros de este colectivo, pero si creemos que la creación del cupo laboral va a significar un primer paso, en lo que entendemos debe ser una reparación histórica a todas las personas transgénero, travestis y transexuales, estableciendo un marco legal que exija su inserción laboral como trabajadoras y trabajadores del Estado, tal como lo plantearon activistas históricas por el derecho al trabajo para las personas trans, y que dejaron su vida en ese camino, como Lohana Berkins o Diana Sacayán.
El anuncio de este registro llega a sumarse al “Protocolo General de Actuación de Registro y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.” que se aplica para todas las fuerzas represivas, nacionales, y provinciales que se suman a los códigos de faltas de la provincia y por el recientemente sancionado Código de Convivencia de la Ciudad de Mendoza. Nuevos instrumentos que presentan como progresistas y en la práctica no han servido para eliminar el acoso, abuso y la violencia policial sino para incrementarlos.
Si desde la gestión se afirma buscar identificar situaciones de discriminación y abuso, ¿por qué no comenzar con las reiteradas denuncias de abuso policial realizadas por las personas trans y sus organizaciones?.
No podemos obviar el contexto provincial y nacional, donde las fuerzas represivas cuentan con el aval del gobierno nacional y provincial con políticas represivas y de mano dura, dándole un respaldo a la fuerza policial y cheque en blanco para reprimir y abusar. Si se criminaliza a quienes somos parte de una protesta, o como vimos recientemente, se da rienda suelta al gatillo fácil cuando alguien se escapa de un control de tránsito, ¿qué se puede esperar de la actuación de las fuerzas represivas sobre un colectivo tan vulnerado como las personas trans?.
En este marco se pretende que quienes sufren la persecución sistemática de la policía y agentes municipales concurran a sus oficinas.
Es por eso que mientras millones de mujeres, lesbianas, travestis y transexuales al alrededor del mundo nos organizamos para una segunda edición del Paro Internacional de Mujeres del próximo 8 de Marzo donde sobran los motivos para salir a la calle, queremos organizarnos en todos los lugares de trabajo, estudio, en las casas, en las calles.
Porque vamos a hacer que la tierra tiemble por nuestros derechos, porque la necesidad de extender la solidaridad con quienes hoy son protagonistas de la lucha contra los despidos es inmensa, para rodear de toda nuestra solidaridad a las docentes, constantemente atacadas por los gobiernos de turno, que están llevando adelante una pelea no solo por salarios sino además en defensa de la educación pública. Por la necesidad de salir a enfrentar el brutal ajuste que Macri lleva a cabo junto a los gobernadores. Por el rechazo a todas las formas de violencia machista y a su más brutal expresión como los femicidios y los traveticidios y la inmediata exigencia de la separación de la Iglesia del Estado y pronunciarnos contundentemente en apoyo al reclamo de la legalización y despenalización del derecho al aborto. Por la implementación de las leyes de identidad de género y de educación sexual integral, para exigir la creación e implementación del cupo laboral LGTTBI y por el repudio a la criminalización de la protesta.
Porque nuestros derechos se conquistan en la calle luchando es que te esperamos este 8M. | 
