Fotografía: Twitter
* La autora es miembro de la Liga Estrategia Revolucionaria de Brasil
Esta fuerza obrera solo podrá desarrollarse hasta el final si los trabajadores, haciendo la experiencia con sus direcciones sindicales, avanzan en sacar lecciones de las contradicciones presentes en el acuerdo logrado y los límites que la propia dirección del sindicato impone para impedir el surgimiento de una nueva vanguardia obrera que tome el destino de sus vidas en sus propias manos.
Intentaremos analizar, a partir de la situación nacional, el resultado de la huelga de la Volkswagen y sus lecciones para contribuir con la lucha de los obreros industriales del ABC paulista y de todo el país.
Los 10 días de la huelga de los obreros de Volkswagen contra el despido de 800 trabajadores tiene una enorme importancia no sólo para el proletariado brasilero, sino también para la clase trabajadora latinoamericana e internacional. Se puso en juego cómo los trabajadores de las grandes concentraciones industriales responderán a las tentativas de las patronales de descargar sobre sus espaldas el peso de la crisis económica mundial, que en los últimos años viene instalándose de forma cada vez más acentuada en América del Sur.
Durante todo el año pasado se desarrollaron diversas movilizaciones en las montadoras, donde en acuerdo con el sindicato del sector, el gobierno y la patronal, se aprobaron diversos planes para responder a la caída de las ventas de vehículos y de la producción que, comparada con los años previos, llegó a reducirse en casi un 15,3%. Se negoció: la reducción de la semana a 4 días acompañada de la generación de “bancos de horas”; vacaciones colectivas; lay-off (suspensiones de contrato); además del PDV (Programa de Retiros Voluntarios). Solo en la Mercedes Benz, también de San Bernardo, durante el año pasado se dieron casi 1.000 despidos. Si en las montadoras la situación parece difícil, en el sector de autopartes la coyuntura es aún más grave. Solo en el sector de piezas plásticas fueron casi 14.000 las desvinculaciones durante el 2014; en la región del gran ABC, en toda la cadena automotriz se dio una reducción de casi 20.550 puestos de trabajo.
Frente a la crisis, las industrias de automóviles pretenden adecuar la producción para mantener las altas tasas de ganancias que obtuvieron en los últimos años, intentando de este modo implementar una serie de ajustes para aumentar la explotación de los trabajadores. La huelga de los obreros de la Volkswagen fue la primera demostración de fuerzas de uno de los sectores más concentrados del proletariado latinoamericano.
El pacto lulista en el banquillo
El año comenzó mal y Dilma que afirmó que no habría ajustes “ni que la vaca tosa” (“ni a palos”) anunció medidas provisorias (decretos) que atacan derechos laborales, restringiendo y aumentando los requisitos para acceder al seguro de desempleo, licencias por salud, pensión por fallecimiento y otros derechos laborales.
El sindicato en los últimos años actúa totalmente ligado al gobierno federal. Junto con Lula, Dilma y las patronales, firmaron un pacto que aseguraba que todo el año los salarios tendrían un 2 o 3% de reajuste por encima de la inflación. En este pacto, una de las cláusulas más importantes estaba ligada a la exención de impuestos para las empresas, préstamos del Banco de Desarrollo y reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) para las montadoras, en una lógica de conciliación donde lo principal está centrado en el concepto de que “cuando los patrones están bien los trabajadores también están bien”. El problema es que ese pacto llegó al límite y el gobierno dejará de hacer su parte.
Con el inicio de la crisis económica mundial, lo que respecta a la industria en este pacto, solo pudo sustentarse porque el gobierno destinó enormes cantidades de dinero público a las empresas a través de subsidios. Según el diario Estadão, de 2009 a 2014 las montadoras enviaron R$ 49,9 billones al exterior; en el mismo período, el importe total de exención de impuestos que el gobierno destinó a la industria automovilística fue de R$ 16,1 billones.
En consonancia con el fin de esos subsidios que concluían el 31 de diciembre de 2014, al final de ese año la patronal de Volkswagen, en acuerdo con la burocracia petista que dirige el sindicato de los metalúrgicos del ABC, intentó poner fin a los reajustes salariales por encima de la inflación proponiendo un nuevo acuerdo que sustituía el monto a ser reajustado conforme la inflación, por abonos salariales del mismo valor. Con esa medida, la patronal buscaba recomponer en un 100% la política neoliberal de los años ´90, en la que los reajustes salariales fueron sustituidos por abonos de todo tipo (como por ejemplo las llamadas PLR – Participación en los Lucros y Resultados). El resultado de esa política es la degradación del poder adquisitivo y de los derechos laborales, ya que los abonos no son incorporados al salario y tampoco a derechos como el FGTS, vacaciones y aguinaldo, reduciendo en gran medida los costos de la empresa.
La nueva política de cambiar reajustes por abonos, vino ligada a un nuevo Plan de Retiros Voluntarios con el objetivo de eliminar 2.100 puestos de trabajo, que la patronal alegaba como excedentes en función de la disminución de las ventas y de la producción en 2014. Es decir, si bien la empresa necesitaba despedir también usó los 800 despidos para chantajear a los trabajadores y hacer que aceptasen el acuerdo que proponía.
En asamblea realizada el día 2 de diciembre, donde el sindicato defendió la nueva propuesta patronal, los obreros de la Volkswagen rechazaron esa política. Ese rechazo significó un giro a izquierda en la relación de fuerzas interna de la fábrica, mostrando claramente la disposición de resistencia de los trabajadores.
El triunfo de la lucha contra los despidos no puede esconder los ataques
contenidos en el acuerdo
Más allá del triunfo que supone la reversión de los despidos, el principal cambio en ese acuerdo que puso fin a la huelga en relación a lo que había sido propuesto al final de 2014, es que el acuerdo se extiende hasta 2019, manteniendo los salarios congelados hasta el 2017, y solo a partir de ese año, los trabajadores tendrán un aumento del 1% sobre el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor), los trabajadores recibirán un abono anual que no se incorpora al salario en 2015 y 2016. Así la empresa no tendrá que pagar ninguna carga laboral sobre el salario: abonos a cambio de salario es un ataque que no existía hasta entonces.
Además, el nuevo acuerdo determina que la Volkswagen solo cumplirá su parte en caso que la producción no sea inferior a 250.000 automóviles por año. Es decir, la supuesta “estabilidad” en el empleo tan propagandizada por la dirección del sindicato está condicionada a que no se profundice la crisis económica en forma aguda en el país, caso contrario serán centenas o miles de familias en la calle.
La dirección del sindicato acordó con la patronal, para conquistar el reajuste real a partir de 2017, la inclusión en el reciente acuerdo de un ataque que no constaba en el acuerdo propuesto en diciembre: la suspensión de contratos de los tercerizados para reubicación de los efectivos. Es decir, el despido de los tercerizados en lugar de despidos de los efectivos.
Además de esos elementos nuevos en el acuerdo, el mismo reafirma medidas contrarias a los trabajadores que ya existían en los acuerdos anteriores y que la burocracia sindical busca naturalizar. Por un lado, en una situación en que el aumento del costo de vida ha sido mucho mayor que el 1% por encima de la inflación medida por el INPC, los trabajadores tienen una cuerda en el cuello para luchar por una justa recomposición de los salarios; por otro lado, los trabajadores seguirán sufriendo presiones psicológicas de todo tipo para adherir a los PDVs en forma tramposamente voluntaria.
Esa “readecuación” a través de despidos masivos, no es una novedad en la Volkswagen ni en las montadoras del ABC. Hace veinte años la planta de San Bernardo de la Volkswagen tenía 26.000 trabajadores, hoy son 13.000 y de acuerdo con la empresa y refrendado por el sindicato hay más de 2.000 trabajadores “excedentes”.
¿Por qué el PDV y el lay-off favorecen solo a la empresa?
El lay-off significa la suspensión del contrato de trabajo, con reducción salarial por un tiempo predeterminado, como máximo de 5 meses. La suspensión del contrato sirve para no despedir oficialmente, pero la empresa queda libre de cobrar el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) y el trabajador pierde el derecho a vacaciones, aguinaldo y PLR durante el período en vigencia. Ese período tampoco se considera para la jubilación. Además, la empresa paga una parte del salario y el gobierno, a partir del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), paga un complemento. Cuando ese período se termina y el trabajador es finalmente despedido, no tiene derecho al seguro de desempleo ya que el gobierno entiende que el trabajador ya usufructuó ese beneficio. Con los recientes ajustes del gobierno, ese trabajador solo tendrá derecho nuevamente al seguro de desempleo si logra emplearse por un plazo mínimo de 18 meses en un trabajo en blanco.
El PDV, que es vendido por la patronal y por el sindicato como una enorme ventaja para el trabajador, esconde una enorme presión psicológica que la empresa ejerce sobre el trabajador para que solicite el despido. Esto ocurre en base al asedio de los trabajadores seleccionados por los supervisores con el fin de que adhieran al programa. En la Mercedes Benz la sala del PDV es conocida y temida por varios trabajadores, donde se le aconseja al trabajador adherir al programa que siempre es mejor a ser despedido. El año pasado el propio sindicato que defiende el PDV tuvo que hacer un acto dentro de la Mercedes contra el asedio sobre los trabajadores para que aceptaran el programa.
En las autopartistas los despidos por la vía del PDV y el lay-off tiene un efecto cascada. Cada empleo perdido en las montadoras significa entre 3 o 4 empleos perdidos en otros sectores de la cadena productiva automotriz.
Conciliación versus combate
Desde el inicio la burocracia construyó la huelga de modo que permitiera sustituir los despidos por más PDVs y otras formas de flexibilización del poder adquisitivo y de los derechos laborales, como había hecho en la asamblea del 2 de diciembre de 2014. Además, el sindicato de los metalúrgicos actúa dividiendo a los trabajadores por fábrica negociando cada demanda por separado, como propone con el ACE (Acuerdo Colectivo Espacial), a partir de la discusión de que cada fábrica tiene su propia realidad. Por este camino los trabajadores seguirán pagando la crisis.
Para que las luchas triunfen y vayan más allá de las demandas mínimas, los trabajadores tienen que tomar las luchas en sus manos y establecer una verdadera democracia obrera, que parta de cuestionar el burocratismo del sindicato y busque establecer asambleas donde todos hablen y expresen sus posiciones, con delegados votados en cada sector de la producción, estableciendo nuevas comisiones internas independientes do gobierno y la patronal. Huelgas como la de la Volkswagen necesitan un comando de delegados de base electos por áreas de la fábrica, que movilice convoque a los trabajadores diariamente para las acciones y asuman la ejecución de las medidas votadas en asamblea siendo los interlocutores de las negociaciones con la patronal.
Para quebrar realmente la voluntad de la patronal, la dirección del sindicato debería haber convocado a una gran jornada nacional de acciones en solidaridad con los despedidos, unificado la huelga contra los 800 despedidos de la Volks con la huelga contra los 244 despedidos de la Mercedes. Nada de eso fue hecho. No se apostó a la movilización independiente de los trabajadores y sus aliados explotados y oprimidos para revertir los despidos e imponer a la patronal una nueva situación en la que sea ella la que asuma los costos de la crisis que generó. Por el contrario, la dirección del sindicato buscó alimentar la pasividad de los trabajadores en la huelga mientras negociaba nuevas formas de subsidio con el gobierno del estado y reformular el acuerdo propuesto en diciembre con la patronal.
El programa para enfrentar la crisis tiene que avanzar hacia el cuestionamiento profundo a las ganancias acumuladas por los megaempresarios. Si la empresa propone retiros voluntarios, la respuesta de los trabajadores debe ser la apertura de los libros de contabilidad y la reducción de la jornada sin reducción del salario, garantizando que el trabajo sea repartido entre las manos disponible y que ningún trabajador pierda su empleo.
La patronal descarga su crisis contando con la división de las filas de los trabajadores: para mantener a los efectivos van a despedir a los tercerizados. No se puede aceptar esta división. La unidad entre efectivos y tercerizados es fundamental para lograr vencer a la patronal. | 
