El 15 de diciembre del 2014, alrededor de las 00:30, Nehuén Rodríguez de 18 años transitaba con su motocicleta Gilera GLA 110 cuando fue atropellado por una Ford Ranger de la Policía Metropolitana. El móvil policial iba a una velocidad de más de 100 km/ hora, sin sirenas y cruzando el semáforo en rojo. El conductor era el oficial Daniel German Castagnasso, acompañado por el subinspector José Daniel Soria Barba y el hecho se produjo en la intersección de las calles Brandsen y Dr. Ramón Carrillo, en el barrio de Barracas.
Desde un primer momento el caso estuvo plagado de irregularidades, cuyo único fin fue encubrir la impunidad con la cual se manejan las fuerzas de seguridad en nuestros barrios y la responsabilidad de los oficiales en este hecho. En el momento que se produce el impacto, los policías llamaron de forma inmediata a otro patrullero que se hizo presente a los pocos minutos, mientras la ambulancia demoró media hora en llegar al lugar. Recién a las 6 de la mañana concurrieron el fiscal y efectivos de la Policía Federal de la comisaría 28 ante el pedido de intervención del Juez. De ese modo la escena estuvo liberada para la Policía Metropolitana durante seis largas horas. Roxana Cainzos, la madre de Nehuén, denuncia que durante ese tiempo no se siguieron los procedimientos necesarios ya que no se cerraron esas calles y los vehículos continuaron transitando y además alteraron la escena borrando todo tipo de pruebas.
A partir de ese momento la familia de Nehuén comenzó un camino de lucha y organización. Fueron ellos quienes tuvieron que conseguir los testigos y realizar diferentes marchas o actividades para dar a conocer el caso.
A principio del año pasado fueron informados que el caso finalmente llegaba a la instancia del juicio oral y público. Sin embargo, durante el año pasado fue suspendido en varias oportunidades a pocos días de las fechas planteadas ya que faltaban peritajes solicitados tales como las pericias al patrullero por parte de la Gendarmería y luego las escuchas telefónicas correspondientes al celular del imputado. También faltaban las escuchas correspondientes a las radios policiales que mediante su GPS interno pueden dar cuenta de la velocidad real con la cual se manejaba el patrullero, aunque dichas pruebas habían sido debidamente pedidas por el abogado.
Finalmente el próximo 27 de febrero comenzara el juicio oral y público. Desde La Izquierda Diario nos contactamos con Roxana a partir de esta nueva instancia, quien planteó que si bien “el desgaste después de las suspensiones es importante, también sabemos que en estos tiempos difíciles, la política represiva también lo es”.
En relación a la realidad de los pibes en los barrios asegura que la misma sufrió un “recrudecimiento teniendo en cuenta que Macri recibió y felicito a un policía como Chocobar, es a partir de estas acciones que el Gobierno busca totalizar el gatillo fácil, que es una pena de muerte en todos los barrios, sobre todo en los más humildes”.
“Hay que seguir luchando por todos los pibes que mata el Estado, ya que el sistema está hecho para que los pobres no ganen y el Estado continúe impune”, aseguró y remarcó que continuara “luchando para que no haya ni un pibe menos y por los casos que sigan apareciendo, porque la lista es larga. Por la memoria de mi hijo, para que no me vulneren el último derecho de llegar a una instancia de juicio oral”.
Roxana agradece a todas las organizaciones sociales y políticas que del Barrio de La Boca que vienen acompañando desde un primer momento e invita a acercarse el próximo 27 de febrero a partir de las 9:00 am al TOC número 4 (Talcahuano 550) para acompañar este pedido de justicia. | 
