La Corte de Casación de Italia dictó la nulidad de la sentencia del Tribunal de Apelación de Florencia que en mes de septiembre pasado autorizó la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a México.

El motivo: se determinó necesario que el Tribunal de Florencia se pronuncie de nuevo en relación a cuestiones que presentó la defensa del acusado.

A su vez, la Sexta Sección penal de Alta Corte italiana declaró legítima la decisión del Tribunal de Florencia en relación a la solicitud de extradición que presentó Estados Unidos.

Entre las objeciones presentadas por el abogado Luca Marafioti, defensor de Yarrington, se cuenta increíblemente la situación de los derechos humanos en las cárceles mexicanas.

Según lo acordado entre Jeff Sessions, fiscal general estadounidense y el entonces procurador general mexicano, Raúl Cervantes, el pasado 19 de abril, México accedió a priorizar la extradición de Yarrington a Estados Unidos.

En estos días, se hizo público que Yarrington enfrenta una tercera orden de aprehensión en México. El juez séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México giró la orden de aprehensión por presuntamente lavar 12.7 millones de pesos y 450,000 dólares en la adquisición de tres inmuebles en México y Estados Unidos.

El 9 de abril de 2017, la policía detuvo a Yarrington al salir de un restaurante en Florencia y luego de haber vivido bajo identidad falsa por un tiempo no precisado en la región de Calabria, cuna de la Ndrangheta, la mafia italiana que controla el tráfico de cocaína en la actualidad.

Yarrington fue gobernador de Tamaulipas por el Partido Revolucionario Institucional entre 1999 a 2004, y está acusado de facilitar a las organizaciones criminales del Golfo y de los Zetas el transporte de drogas hacia Estados Unidos.

Durante su gestión como gobernador de Tamaulipas, Yarrington Ruvalcaba trabajó para los cárteles del Golfo y de los Zetas, ambos con exmilitares de elite en sus filas. Dio vía libre para las operaciones de estas organizaciones delictivas, a cuya vera acumuló una millonaria fortuna. Al menos una de sus campañas electorales fue financiada por el crimen organizado.

Durante su gubernatura, eran públicos los vínculos de Yarrington con el narco –lideraba una red de más de 30 policías, empresarios y funcionarios al servicio del cártel del Golfo- y su estrecha relación con la familia Bush. Gracias a la protección de ésta, en particular la del expresidente republicano George W. Bush, las agencias estadounidenses lo dejaban en paz. Un hecho que pone en cuestión la financiación estadounidense para la guerra contra el narco y la militarización de México, iniciada justamente por Bush.

Ahora es una administración republicana, la de Trump, que se llena la boca hablando de los “bad men” para criminalizar a las trabajadoras y los trabajadores migrantes, la que quiere juzgar a Yarrington.

No se puede descartar que se haya llegado a un un acuerdo con el alicaído gobierno de Peña Nieto -muy golpeado por los escándalos de corrupción de los gobernadores del PRI- que teme los turbios secretos que pueda ventilar Yarrington de ser extraditado a México.