Así la “pastilla para abortar” adquirió un nombre propio. Los argumentos y las opiniones a favor y en contra no se hicieron esperar. Pero como todo tiene un inicio cabe preguntarnos: ¿qué es el Misoprostol?
El Misoprostol es un medicamento introducido en la década del ’80 para el tratamiento y prevención de úlceras gástricas. Años después, se descubrió su uso ginecológico para la interrupción voluntaria del embarazo: de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es uno de los métodos más recomendados y seguros y puede ser aplicado en la propia casa. Las investigaciones médicas demostraron que tiene una tasa de efectividad del 85%, que aumenta si se combina con la administración de Mifepristona, otro compuesto con propiedades similares.
La clandestinidad del aborto cumple con una regla: cuanto más seguro es, más dinero cuesta. Por eso las pastillas fueron la opción que proporcionó mayor seguridad en cuanto a la salud, cuando la interrupción del embarazo se practica bajo el asesoramiento y el control de un médico, y un costo notablemente más bajo. Costos que, de todas formas, solo pueden solventar una cantidad mínima de mujeres.
La posibilidad de interrumpir un embarazo con medicamentos fue una alternativa viable también para los profesionales de la salud que de forma solapada empezaron a recetarlo.
Decimos solapada porque así como está penalizado el aborto quirúrgico, cuando no está comprendido en las causales autorizadas por el Código Penal, el Misoprostol tampoco está reconocido para uso ginecológico, por lo tanto su prescripción para mujeres embarazadas es ilegal.
La venta en farmacias debe hacerse con receta archivada, una señal más que clara que demuestra los obstáculos que se ponen desde el Estado para el acceso a este método.
¿Cómo se usa?
De acuerdo a los protocolos elaborados por la OMS y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), es recomendable utilizarlo durante el primer trimestre de gestación, en particular hasta la semana 9, puesto que los riesgos son menores – lo que no implica que no pueda ser administrado luego de ese período con ciertas indicaciones -. Para el proceso, son necesarias 12 pastillas que se toman en tres dosis, por vía sublingual o vaginal. En la mayoría de los casos, el aborto se completa en un término de entre 24 y 48 hs.
En estas 48 horas los síntomas por el inicio del aborto pueden ser diferentes. La falta de información y el temor a tener que concurrir a un médico privado o a un hospital público, muchas veces retrasa la consulta, lo que transforma este método en peligroso. De modo que el tema no solo es qué método se utiliza para interrumpir un embarazo (si los medicamentos o el quirúgico) sino que la ilegalidad de ambas prácticas obligan a la mujer a ejercerlas en la clandestinidad, con la posibilidad también de ser criminalizada, judicializada y penalizada.
Mercantilizar un derecho
Los abortos quirúrgicos han engrosado las arcas de numerosas clínicas privadas que lucraron gracias a la ilegalidad de esta práctica.
El misoprostol en cambio, ha aumentado las ganancias del único laboratorio que lo produce en el país. El monopolio del laboratorio Beta le permitió, entre otras cosas manejar el precio discrecionalmente o, como ocurrió hace unos años, modificar la cantidad de pastillas por caja. Un artilugio muy usado por los laboratorios para obligar a los pacientes a comprar dosis que nunca van a llegar a utilizar.
Diferentes organizaciones civiles han intentado que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (Anmat) reconozca al Misoprostol como medicamento obstétrico. Todas las iniciativas tuvieron el mismo destino: la rotunda negación.
Existen formas médicas para que una mujer pueda interrumpir un embarazo sin poner en riesgo su vida. Pero en tanto este acto médico no se transforme en un derecho, la clandestinidad seguirá matando a cientos de mujeres y condenando a miles a sufrir consecuencias sobre su salud.
Este 6 de Marzo se presentará nuevamente el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, que propone la legalización y despenalización de esta práctica, para que sea realizada en las mejores condiciones de salubridad, en todos los hospitales y centros de salud, para que no haya Ni una menos por abortos clandestinos.
