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La Izquierda Diario
11 de septiembre de 2014 Twitter Faceboock

Denuncias por mala praxis en Sarandi
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A causa de numerosos hechos de mortalidad infantil más de un centenar de denuncias por mala praxis y abandono de persona fueron realizados por parte de familiares de ex pacientes contra el sanatorio de maternidad “Clínica de Nuestra Señora de la Dulce Espera”. Se trata de un establecimiento privado ubicado en la calle General Ferré 52 de la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda.

Piden el cierre del centro de salud por falta de higiene, mala atención y otros directamente apuntan al abandono de persona y la negligencia médica. En el transcurso de estos meses las familias afectadas se manifestaron en la puerta del establecimiento privado y hoy trascendió en los medios de comunicación. El pasado 29 de agosto se produjo un nuevo fallecimiento, sumando cinco muertes en el breve lapso de 15 días, entre los cuales se encontraba Nicolás León Noah López cuyos familiares se transformaron en portavoces de la situación.

Según los familiares de los pacientes fallecidos ante las complicaciones que se sucedían por agravamiento de los cuadros y el contagio de infecciones intrahospitalarias la clínica no respondía a las solicitudes de traslados para seguir así efectuando el cobro por la internación y demás servicios sanitarios.

Por su parte, la Concejal de Avellaneda del FPV Verónica Juárez planteó que "había escuchado que esta era la clínica de la provincia con la tasa más alta de mortalidad infantil”, La funcionaria hizo referencia al proyecto de resolución que, por unanimidad, votó el Concejo Deliberante de Avellaneda el pasado 8 de agosto. Mediante el expediente C-44172-14, se requirió que "a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y/o la Secretaría de Salud del Municipio, se informe al Cuerpo Deliberativo sobre antecedentes y diferentes puntos vinculados a las irregularidades denunciadas por el accionar de los médicos y responsables" de la clínica.

Un mes después, todavía no se conoció la respuesta gubernamental según Clarín. Familiares denunciaron hoy en la comunidad de Facebook “Cerremos la clínica Nuestra señora de la dulce espera de Sarandì” que en el canal TN, Silvia Caballero, Subsecretaria de Salud de la Provincia de Buenos Aires afirmo que la clínica se encuentra en condiciones, además de justificó la alta tasa de mortalidad por el propio estado crítico de los bebés que acuden a atenderse a la clínica. En dicha página pueden leerse testimonios en primera persona.

La clínica tiene una "estadística de mortalidad neonatal del 4,86 por mil, siendo esto realmente bajo, considerando que somos un centro de derivación de alta complejidad neonatal y obstétrico con terapia neonatal y maternal". El pasado "22 de agosto tuvimos una inspección del Ministerio de Salud donde auditaron la clínica con conclusiones favorables para nuestro centro de salud".

Los usuarios apuntan a la directora de la clínica, la doctora Sandra Viviana Panizza. Desde la Dirección Médica de la Clínica se difundió un comunicado a la prensa en el que asegura que el establecimiento es "víctima de una difamación totalmente injustificada siendo utilizado para un fin puramente político de una Concejal de Avellaneda y de un periodista del diario local El Sindical".

Más allá de las características puntuales de los casos, este tipo de denuncias de familiares de pacientes es frecuente. Sucede que las clínicas privadas, como ésta, brindan prestaciones a afiliados de obras sociales (como recogen testimonios en las redes sociales para el caso de la Obra Social de los Trabajadores Municipales de Avellaneda). En los sanatorios privados prima la lógica mercantilista de ganancias. Y salud y ganancia resulta un binomio imposible.

Los diarios principales levantan también las denuncias que cuestionan la capacidad en el ejercicio médico de los residentes. Ahora, dicha práctica data de más 70 años en el país funcionando como una instancia de formación de posgrado tanto en el sector privado como en el público. El verdadero problema no es el carácter de residente de los médicos sino en las condiciones de absoluta precariedad en las cuales éstos trabajan (exceso de guardias, ausencia de descanso posguardia, falta de supervisión profesional, infraestructura deficiente, etc.).

La falta de intervención de los organismos estatales correspondientes evidencian la herencia de la fragmentación y descentralización profundizadas en los ’90 y continuadas por el kirchnerismo que ubica al Estado en un supuesto lugar “Rector”, ante la ausencia de un sistema único gratuito universal que garantice el acceso al derecho de atención médica. La Rectoría estatal vía instituciones como el Ministerio provincial y la Superintendencia de Servicios de Salud sólo hacen las veces de director de orquesta en el avance de la mercantilización donde la salud y la vida son objeto de negociados entre obras sociales, clínicas, laboratorios y funcionarios cómplices. Los puestos directivos en el sector privado equivalen a las de un CEO de las empresas tratando de sacar la mayor cantidad de ganancia con mínimos costos, cueste lo que cueste.

 
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