Fotografía : Flickr
Es claro que el Gobierno Federal busca darle carpetazo al caso de Ayotzinapa apoyándose en las declaraciones del “Cepillo” quien señala que la desaparición y “muerte” de los normalistas atiende a la “confusión” de Guerreros Unidos al considerar a los estudiantes como los “Rojos” (1), un grupo criminal antagónico.
Nuevamente aparece la intención de criminalizar a los estudiantes como ocurrió en los últimos días de septiembre y a principios de octubre del 2014.
Recientemente el grupo de peritos argentinos desconoció el origen del resto óseo de Alexander Mora, afirmando que simplemente la PGR entregó la muestra en las oficinas de la PGR sin tener ellos constancia de que la muestra haya sido encontrada en el basurero de Cocula.
La política del gobierno busca a toda costa dejar el tema de Ayotzinapa atrás, lo mejor para el cuestionado gobierno es que “muerto el perro se acabe la rabia”. Mientras tanto la simulación con la investigación es para cerrar la crisis, dando por muertos a nuestros compañeros a manos del grupo criminal Guerreros Unidos.
Sin embargo queda al desnudo a través de múltiples testimonios que la participación de Guerreros Unidos y las policías de Cocula e Iguala estuvieron reforzadas con la participación del ejército.
No es menor que el gobierno busque sepultar sus propias implicaciones en el caso, como ya lo ha hecho en otros tantos, el más reciente en Tlatlaya.
Pero las autoridades de la PGR hacen el trabajo sucio, para que nada manche la imagen del gobierno, lo que apuntaría a declarar como crimen de Estado la desaparición forzada.
Por eso no es casual que dentro de las imputaciones aparezca el delito de secuestro. Pero al determinase en la averiguación este delito, el mismo no se configura, porque de por medio no hubo una pretensión económica a cambio de la vida y libertad de los normalistas, por el contrario hubo una política bien diseñada para su desaparición.
Éste es uno de los rasgos más característicos de gobiernos autoritarios al emplear la desaparición como instrumento de tortura, como castigo ejemplar para mantener a familiares y al conjunto de sectores en lucha en la incertidumbre, tanto durante las maltrechas investigaciones o con la misma declaración de su asesinato.
Esto nos remite al caso de Atenco donde la violación hacia mujeres fue usada como medio de castigo. Detrás de toda esta política está la necesidad del gobierno de avanzar en las políticas profundas de entrega del país al imperialismo, por eso tanta urgencia en cerrar el caso y quitarse las piedras en el camino. Así la responsabilidad del Estado queda salvaguardada y le “pone fin” a la crisis del régimen.
Pero esta política contra la protesta social y los procesos de resistencia que mantienen a decenas de presos políticos, está ampliándose hacia otro sector de estudiantes.
Desde hace un par de meses en el marco de las movilizaciones por Ayotzinapa y la lucha del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han sido asesinados varios estudiantes del Poli y la UNAM sin que a la fecha se quiera investigar de fondo el móvil y las circunstancias de los crímenes.
A otro tanto se les ha pretendido desaparecer, así lo refiere la frustrada desaparición forzada de Brayan Reyes y Jacquelin Santana que derivó en su encarcelamiento, lo cual revela que el Estado es el principal interesado en sacudirse de encima a los sectores que están luchando.
El creciente autoritarismo y las políticas de mediación militar a modo de “contrainsurgencia” están avanzando. Tal es la designación del General Felipe Gurrola en Michoacán, quien es egresado de la escuela de las Américas, institución militar creada para formar militares para combatir a las guerrillas y en apoyo a las dictaduras militares del Cono Sur.
Al calor de toda la política seguida en la investigación por parte de la PGR es necesario tomar una política independiente en la que se forme una comisión de la verdad integrada por organizaciones sociales y de DDHH, peritos independientes, sindicatos, abogados democráticos y luchadores sociales.
El inmenso movimiento democrático, surgido detrás de los padres y de los normalistas puede convertirse en una base de apoyo para que los sindicatos independientes y democráticos tomen en sus manos la lucha por la aparición con vida de los normalistas.
Esto también implica ponerse la cabeza de las demandas de los padres y que el gobierno no va a resolver, implica abrir en conjunto con intelectuales, artistas, luchadores sociales y el movimiento democrático los cuarteles del ejército como cuando se hizo en la guerra sucia para buscar a los luchadores sociales desaparecidos hasta encontrar a nuestros compañeros normalistas.
(1) Llama la atención que los criminales aludan al calificativo Rojos, lo cual parece más bien un rasgo de identificación política e ideológica hacia los normalistas, como cuando la derecha se refiere a los sectores de izquierda como rojos, rojillos, colorados, etc. de ser así esto revela el trasfondo político de su desaparición. | 
