Este Crédito Estatal de Educación Superior estará disponible para Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades que cuenten con acreditación Avanzada o de excelencia.

Según la presidenta, con este proyecto se pone fin a la participación de la banca y “está adaptado a las capacidades de pago de cada deudor por un tiempo determinado”. “Ya no es un pago en cuotas, es un pago calculado en función a la renta anual”.

Estudiantes deudores

El CAE vino a crear una nueva figura de “deudor”, aquel que sin tener un trabajo estable y muchas veces sin tener un trabajo puede endeudarse, llenando así los largos listados de personas en nuestro país que tienen que “adquirir deudas” para poder acceder a un derecho.

Es común que hablemos de endeudarse para comprar una cocina, cama, refrigerador, y cuestiones domésticas e incluso de diversión que en muchos casos no alcanza para pagar por completo y así poder tener una vida en mejores condiciones, pero en materia de educación; ¿por qué tenemos que naturalizar el endeudamiento?

La Nueva Mayoría pretender poner fin al CAE pero para que las familias sigan endeudándose. El problema es que se mantiene el endeudamiento y el negocio educativo.

Mientras que, en el nuevo gobierno empresarial de Piñera, tendremos como encargado de la División de Educación Superior (Divesup) del MINEDUC al mayor defensor del endeudamiento: Juan Eduardo Vargas, quien en una columna de opinión publicada en el diario La Tercera en abril de 2017, sostuvo que: “La eliminación del CAE viene a ser el corolario de un conjunto de políticas públicas que se ha buscado implementar sin tener en mente el beneficio de los jóvenes, sino únicamente el beneplácito de un grupo político menor, que se arroga la representatividad de los movimientos sociales.”

Educación como un derecho y no como un “bien de consumo”.

El problema entonces no es el fin al CAE o si instalar un Crédito Estatal, lo de fondo y prioritario es poner fin al endeudamiento, para que dejen de haber miles de familias endeudadas con el objetivo de que sus hijos, hermanos, nietos puedan estudiar en la educación superior y tener “mejores oportunidades”. Los gobiernos se han hecho los sordos, ciegos y mudos cuando se trata de los reales derechos de la población trabajadora y pobre en Chile.

Cuando se habla de que la educación es un derecho, es nada más y nada menos que exigir que esta sea garantizada por completo por el Estado, sin subsidio a ningún privado, gratuita y laica para todos los estudiantes de las universidades públicas. Incluso que pueda ser financiada a través de la nacionalización de los recursos naturales como el cobre o ellitio, gestionada por sus trabajadores y la comunidad.