Alejandra Di Gennaro
En los pagos puntanos es por todos sabido que los hermanos Rodríguez Saá (que gobiernan la provincia hace 35 años) estafaron a los sectores más humildes de San Luis, intercambiando planes sociales por votos que, luego de lograr el cometido de posicionar a Adolfo Rodríguez Saá como Senador Nacional, comenzaron inmediatamente a dar de baja.
Actualmente, han dejado a miles de familias sin el dinero mensual que les correspondía por el plan y, como si fuera poco, el Gobernador de la provincia Alberto Rodríguez Saá anunció públicamente que se van a seguir recortando planes sociales, atento a que “San Luis está atravesando problemas económicos, estando al borde del default”, sin mencionar que se gastaron más de $136 millones solamente en la publicidad de la campaña de las elecciones legislativas pasadas.
A esto se suma el ajuste sobre 678 merenderos creados desde el Ejecutivo Provincial y el PJ local en septiembre del año pasado al sólo efecto de ganar las Elecciones Generales de octubre, dando vuelta los resultados de las PASO que posicionaron a Adolfo Rodríguez Saá 20 puntos abajo del candidato de “Cambiemos”.
Mientras tanto y en la misma sintonía, Enrique Ponce, actual Intendente de la Ciudad de San Luis, está obligando a renunciar las beneficiarias del plan “Ellas Hacen” si quienes se hayan inscripto al mismo se encuentran anotadas en otro plan social, no importando si es nacional o local. Parece que a Ponce se le olvidó que el plan “Ellas hacen” está dirigido a mujeres que están en una situación de vulnerabilidad social, madres de familias numerosas, con hijos discapacitados o víctimas de violencia de género, por lo que la supuesta “incompatibilidad” que aduce entre un plan y otro no es real.
Toda esta situación ha provocado la legítima reacción de los beneficiarios de los diferentes planes sociales, haciendo visible su situación de vulnerabilidad y desamparo con protestas en las entradas de los Ministerios de Desarrollo Social tanto Nacional como Provincial sin recibir más respuesta a sus reclamos que el amedrentamiento y la violencia policial.
Así como lo pretende hacer el macrismo a nivel nacional, los gobernantes de San Luis quieren descargar la crisis financiera y económica sobre las espaldas de los sectores populares, a los que no dudan en acudir en tiempos electorales, aprovechándose de sus necesidades básicas insatisfechas.
Cada vez que suceden situaciones como esta, los slogans de que San Luis es la provincia “mejor administrada”, de que es “otro país” o de que “no tiene pobreza” no son más que una continua venta de pescado podrido e ilusiones en una provincia donde la precarización laboral crece día a día, el hambre se multiplica y los jóvenes no tienen futuro.
Como bien denunció en declaraciones oficiales Johana Gómez, referente provincial del “Partido de Trabajadores por el Socialismo” (PTS), “el trabajo precario es lo que prima en suelo puntano, no sólo en el ámbito privado sino también en el sector público y, quiénes más la padecen, son los jóvenes. Las fábricas, utilizando empresas selectoras, los contratan por unos días, semanas o algunos meses para luego descartarlos como basura y contratar a otros. Y, el Estado, utilizando diversas modalidades de planes sociales o contratos laborales flexibles, los emplea como ‘ayudas económicas’, ‘pasantes’, ‘contratados’ y ‘monotributistas’ por algunos meses o, en el mejor de los casos, por años sin pasarlos a planta permanente. Esta situación laboral obliga a los jóvenes a dejar de estudiar porque el tiempo y el sueldo no son suficientes para ello. No por nada, entre los trabajadores estatales se dice que San Luis es una de las capitales de la precarización laboral”.
Por todo ello, las demandas de trabajo estable y digno, el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, y el reparto de las horas de trabajo entre trabajadores ocupados y desocupados, reduciendo la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, por un salario equivalente al costo de la canasta básica familiar, son de primer orden. La provincia no puede estar al borde del default cuando la gran mayoría del dinero público se gasta en obras públicas no prioritarias para el bienestar de la sociedad pero sí para la especulación inmobiliaria, en espectáculos millonarios para el turismo, y en los sueldos de privilegio que cobra la casta política gobernante. |
