Esta acusación pesa contra 11 alcaldes del estado de Morelos. Llegaron al poder de la mano de los distintos partidos con registro: cinco con la coalición del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), dos del Partido Socialdemócrata (PSD), uno por el Partido Acción Nacional (PAN), otro por el Partido Humanista (PH), otro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y por último uno del Movimiento Ciudadano (MC).

Los ediles vinculados con Los Rojos, de acuerdo con los testimonios, son los priistas Alberto Sánchez (Xochitepec), David Salazar (Tlaltizapán), Jorge Miranda (Amacuzac), Francisco León (Miacatlán), y Dulce Medina (Puente de Ixtla), Enrique Alonso, de Tlaquiltenango (PRD); Jorge Toledo, de Mazatepec (PH); César Augusto Franco, de Coatlán del Río (PAN); Francisco Salinas, de Zacatepec (PSD); Alfonso Sotelo, Jojutla (PSD) y Luz Dary Quevedo, de Tetecala (MC).

Según reveló la investigación del Reforma, la supuesta asociación se dio durante las elecciones locales de 2015 y ahora las revelan dos jefes presos del cártel de Los Rojos en sus declaraciones ministeriales.

"Tengo conocimiento de que Alfonso de Jesús Sotelo, presidente municipal de Jojutla por el PSD, fue apoyado por El Carrete para financiarle su campaña, dándole también la cantidad de un millón de pesos [unos 62.000 dólares al tipo de cambio de entonces]", asegura uno de ellos. También alude al control que tiene sobre los alcaldes Santiago Mazari, El Carrete, líder de Los Rojos.

De acuerdo con las declaraciones, los ediles pagaron al capo entre 100.000 y 500.000 pesos mensuales por "derecho de piso".

Por su parte, Alberto Capella, comisionado de Seguridad de Morelos, ratificó que ya hace un año que tenía denuncias sobre las exigencias y las cuotas de El Carrete. La forma de pago: directamente a Santiago Mazari o a unos cinco operadores financieros del cártel. A su vez, miembros de Los Rojos ocupaban puestos en las estructuras del gobierno municipal para garantizar que se hicieran los pagos.

El cártel entregó financiamiento para las campañas electorales en concepto de “préstamo” que se pagaba "a plazos" con el derecho de piso y la compra de armas para la organización criminal.

El caso de uno de los alcaldes señalados ahora, Jorge Toledo, ya se había hecho público en agosto de 2017, cuando se difundió un video en el que era extorsionado por Los Rojos y una semana después su secretario particular fue asesinado.

Este año, el 1 de julio se realizarán también elecciones estatales en Morelos –para gobernador, 30 legisladores locales y 33 alcaldes–, que se conjugan con las elecciones nacionales en las que se votará presidente y se renovarán ambas cámaras.

De los once ediles sospechosos de vínculos con el narcotráfico, uno aspira a la reelección, otro a una diputación local, una tercera fue separada de su cargo por un laudo laboral y otro más promueve a su hijo para que lo suceda en el cargo.

La podredumbre de esta democracia de los ricos es evidenciada de nueva cuenta en este escándalo del estado de Morelos. Evidencia también que los trabajadores, las mujeres y la juventud nada pueden esperar de los partidos tradicionales que gobiernan al servicio de los empresarios y el crimen organizado. Hace falta poner en pie una herramienta política propia, independiente de los poderosos.