Durante la campaña electoral, Michelle Bachelet prometió 172 medidas, de las cuales, después de 4 años de Gobierno, se cumplieron 75 (56%) de las promesas de campaña.

Dentro de los tópicos con mayor cumplimiento se encuentra “Educación” con un 91%. Sin embargo, no se toma en cuenta que dentro de las medidas tomadas por el Gobierno varias fueron rechazadas, como la carrera docente, donde la mayoría de los profesores y estudiantes se mostraron en contra, pues ésta no especifica el término de la carrera, no disminuye el agobio, no ofrece estabilidad laboral, no garantiza jubilaciones dignas y establece una relación de competencia entre los profesores.

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Además, en materia de educación superior, pese a que se ha avanzado en la cobertura de la gratuidad, ésta no se ha conquistado de manera universal como demandó el movimiento estudiantil el 2011, y se sigue financiando a los privados, manteniendo la educación de mercado.

Por otra parte, el estudio indica que las promesas sobre “equidad de género” se encuentran en un 80% cumplidas, sin embargo, la ley de aborto en 3 causales si bien es un avance, representa menos del 5% de los abortos realizados en Chile, mientras que las mujeres pobres abortan en la clandestinidad al no poder financiar un aborto en clínica privada o en el extranjero. Por otro lado, las mujeres siguen ganando un 30% menos que los hombres por el mismo trabajo.

Tampoco se ha avanzado en una ley que prevenga la violencia hacia las mujeres y los femicidios de manera efectiva, que contemple, por ejemplo, licencias laborales y que el Estado se haga responsable de crear planes de empleo para que las mujeres puedan trabajar y así independizarse económicamente de sus agresores.

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Otra promesa no cumplida sería la Ley de Identidad de género, que se viene gestando desde el 2013 y aún no ve la luz.

La impunidad se mantuvo

Colombina Schaeffer, subdirectora de la Fundación, declaró que en materia de Derechos Humanos “habían muchas promesas sobre reparación a víctimas de la dictadura, ex presos políticos, sin embargo ninguna vio la luz, incluso como proyecto de ley". Tampoco se legisló en reformar la Ley Antiterrorista o sobre la autonomía de los pueblos originarios.

El proyecto que modifica la Constitución Política de la República para establecer que los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio no puedan prescribir ni ser amnistiados, aún se mantiene estancado en el primer trámite. Mientras que el penal de lujo, Punta Peuco, que mantiene hospedados a violadores de derechos humanos de la dictadura sigue funcionando.

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¿Y respecto al trabajo y pensiones qué?

Algo que llama bastante la atención respecto a este estudio, es que en la sección “Trabajo y previsión social” que tiene un 56% de cumplimiento, no existe un fortalecimiento de los sindicatos y la negociación colectiva (como indica el estudio, pues señala que esta promesa se cumplió en un 100%), pues la Reforma Laboral implementada por Bachelet mantiene el reemplazo en huelga y un 55% de los trabajadores del país siguen sin derecho a negociar colectivamente. La reforma fue rechazada por organizaciones sindicales como La Unión Portuaria, el Frente de Trabajadores Mineros, entre otros.

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Mientras que la promesa de “AFP estatal” como un modelo de pensiones no se cumplió, a pesar de ser bastante lejana a la exigencia de la Coordinadora NO+AFP y de los millones que se movilizaron contra las pensiones de hambre y demandaron un sistema de reparto solidario y tripartito.

El estudio pasa por alto que varias medidas y promesas de campaña de Michelle Bachelet - como las anteriormente nombradas - recibieron un amplio rechazo de la población, en un gobierno que cierra su mandato con un 39% de aprobación y que estuvo marcado por casos de corrupción y tráfico de influencias como el Caso Caval, o la misma Operación Huracán que demuestra la política represiva del gobierno mediante el Ministerio del Interior hacia el pueblo mapuche (y que el estudio falsamente indica que se ha avanzado en un 42%, cuando ninguno de los proyectos nombrados ha sido promulgado).

Las demandas de los trabajadores, mujeres y juventud no encontrarán espacio en un gobierno que se ha encargado de hacer reformas para contener a los movimientos sociales, sin tocar los pilares de la dictadura y las riquezas de los empresarios y los políticos corruptos.

Ante un próximo gobierno de derecha, los empresarios le pavimentan el camino a Piñera hacia la Moneda, como los ataques antisindicales y despidos en Antofagasta. Ellos se preparan, nosotros también debemos hacerlo y preparar una herramienta de las y los trabajadores que supere el límite impuesto por los empresarios y políticos del régimen, y que nos permita avanzar hacia un gobierno de las y los trabajadores.

FUENTE: Estudio "Del dicho al hecho"