Con el objetivo de “mantener a Telmex como una sola entidad”, la dirección telefonista plantea una estrategia de presión al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que contempla la interposición de amparos y demandas; diálogos con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), con los partidos del Congreso, el gobierno federal y los candidatos presidenciales; acuerdos con sindicatos opositores, organizaciones sociales y campesinas; uso de gafetes, mantas y carteles en los centros de trabajo, realización de mítines y marchas, “retiro de filiales” (sustitución de la mano de obra tercerizada por mano de obra sindicalizada) y “faltas colectivas” separadas.

¿A quién beneficia la “separación” de activos?

Como explicamos aquí, la idea de “separación funcional” de Telmex fue propuesta por el patrón al IFT antes de que este la hiciera oficial, con la intención de evadir lo antes posible las sanciones que el regulador le impuso al declararla “preponderante” en el mercado y por fin acceder al triple play. De acuerdo a la política antimonopolio de Enrique Peña Nieto (EPN) y el Pacto por México establecida en la “reforma de telecomunicaciones” del 2013, para abrir más el sector al capital privado norteamericano.

Pero esta intención de Carlos Slim no es nueva. Desde el 2011, siendo sujeto ya de políticas antimonopólicas por parte de los gobiernos del PAN, manifestó su interés por dividir la compañía en "Telmex"y "Telmex social" para obligar a la competencia a invertir en las “zonas rurales”. En el 2014 puso en venta activos de la compañía que correspondían a divisiones enteras por todo el país; aquí sí para escapar directamente de las “medidas asimétricas” aplicadas por el IFT.

De hecho, Slim ha demostrado que la “separación de activos” es una estrategia que domina muy bien para alcanzar sus objetivos financieros. Así desincorporó a Telcel y a “Telmex Internacional” (futura Claro) de Telmex y las pasó a América Móvil, así desmembró varias áreas de la infraestructura de la telefónica hacia otras “razones sociales” como RESA, ALDECA, TRIARA, UNINET, etc. El objetivo: dividir sus ganancias para “justificar” reducciones en el pago de utilidades y otras prestaciones económicas como las jubilaciones, así como para sustituir poco a poco la mano de obra sindicalizada por personal tercerizado (outsourcing).

La misma “recomendación” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) - encargada de dictar políticas neoliberales como la reforma en telecomunicaciones, el conjunto de reformas estructurales e incluso la misma privatización de Telmex - al IFT, de otorgarle el triple play una vez que la separación se concrete, demuestra el gran objetivo de la empresa al dividirse.

Límites de la estrategia jurídica

En el 2017, mientras los dueños de la compañía se ponían de acuerdo con el IFT acerca de la separación funcional, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del STRM emprendió la misma estrategia legal de amparos y demandas, de “cabildeo” parlamentario y de tibias acciones sindicales que no fueron suficientes para impedir la reciente aprobación del plan presentado al IFT por la empresa. ¿Por qué falló la estrategia y la dirección sindical fue “engañada”?

Como vimos en la última década, todas las políticas antiobreras y represivas de los distintos gobiernos en turno, diseñadas para abaratar la mano de obra mexicana, aumentar la penetración de las transnacionales norteamericanas y reprimir la disidencia social, fueron permitidas por las direcciones del movimiento obrero mexicano al no ofrecer una lucha seria y decidida de conjunto.

Desde el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la militarización del país, la aprobación de las reformas estructurales, los cientos de miles de asesinatos y desapariciones forzadas, el ”gasolinazo” y la reciente Ley de Seguridad Interior (LSI), han sido “enfrentadas” mediante estrategias jurídicas, “cabildeos” y de dialogo con funcionarios que lejos de alcanzar para detener los ataques han resultado en derrotas desmoralizantes para las bases trabajadoras y el pueblo pobre.

Una y otra vez estas instituciones y partidos del régimen han demostrado estar al servicio de grandes magnates nacionales y extranjeros, incluso hasta del poder del narco, actuando como protectores de sus negocios y aplicadores de sus políticas. De ahí que toda estrategia que esté enfocada a lo “legal” y el “dialogo” institucional, sin la más amplia y decidida presión política y económica esté condenada a la derrota.

¿Cuál es la fuerza del STRM?

El poder del Sindicato de Telefonistas no radica en ninguna figura “mesiánica” ni en su bufete de abogados, sino en la fuerza organizada de miles de trabajadores y trabajadoras que hacen funcionar la empresa de telecomunicaciones en todo el país. Por su extensión geográfica y el peso estratégico que juegan en el funcionamiento de las telecomunicaciones nacionales y por tanto en la economía nacional, pueden asestar duros golpes al gobierno (IFT) y al patrón si se lo proponen.

Pero en contra de esto juega el doble discurso del CEN telefonista, que mientras declara “medidas fuertes” para frenar la separación, mantiene una estrategia de colaboración con el patrón y ahuyenta a la base de tomar el camino de la lucha bajo la idea de que ese camino puede llevarlos a “perderlo todo”. Alimentando así la ilusión de que el patrón es la víctima y que la base tiene la responsabilidad de apoyarlo “trabajando más” para mantener sus ganancias sanas y así conservar su CCT.

Si bien la dirección telefonista se opone a la utilización de paros totales y de la huelga para cimbrar la economía nacional y las jugosas ganancias de la familia más poderosa del país - como lo demostró el año pasado prorrogando 6 veces el estallamiento a la huelga y permitiendo así al IFT y al patrón avanzar con la separación -, la base del STRM tiene que valorar si es necesario el uso de estas poderosas herramientas de lucha para impedir la separación de su materia de trabajo y golpes contractuales o por el contrario aceptar nuevos golpes que los dejaran en peores condiciones para enfrentar futuras ofensivas.

La alianza que prepara la dirigencia telefonista con los demás sindicatos que resisten los ataques, como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores (NCT), el Sindicato Minero y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre otras organizaciones, debe apuntar a la realización de un Paro Nacional para obligar efectivamente al IFT y a Telmex a retractarse de su intención por dividir los activos de la compañía y golpear el CCT de los telefonistas, como una primera demostración de fuerza y de preparación hacia el estallamiento de la huelga en Telmex.