El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró ayer que el gobierno nacional invertirá este año un 32 por ciento más en obras en relación a 2017.
El funcionario participó ayer de un encuentro celebrado en Entre Ríos con la Federación Argentina de Entidades Empresariales del Autotransporte de Cargas (Fadeaac) y explicó los avances del Plan Nacional de Transporte que lleva adelante su cartera y los planes que tiene para este año. Sostuvo que su cartera "destinará más de 131.000 millones de pesos a obras, un 32 % más que el año pasado, en el que se invirtieron 99.294 millones de pesos”.
Dietrich evaluó que las inversiones son posibles gracias a que en los últimos dos años el ministerio habría ahorrado 71.000 millones de pesos en licitaciones transparentes y competitivas y en un uso más eficiente de los recursos del Estado. Como ejemplo puso que se pagó un 18% menos que en 2015 por la instalación de kilómetro de vía férrea, 35% menos por construcción de rutas y 53% inferior en el caso de autopistas.
A pesar del optimismo del funcionario, lo cierto es que el avance de las obras está fuertemente condicionado al avance del Programa de Participación Público-Privada. Sin ir más lejos, el puente Paraná–Santa Fe al cual se refirió ayer el ministro, será licitado este año a través de dicho mecanismo para comenzar las obras en 2019.
El esquema de participación público-privada mismo recibió fuertes cuestionamientos por su falta de opacidad en otros países donde se implementaron esquemas similares (como Gran Bretaña, país en el que a comienzos de este año quebró el principal contratista estatal con este esquema). Uno de los motivos de los cuestionamientos es que permite que los desembolsos de obras no sean computados como gasto público. Por lo tanto, esto no sería comtemplado al momento de computar el déficit fiscal, que el gobierno prometió bajar.
Además, en estas experiencias no evitó sino que multiplicó los problemas de sobrecostos en las contrataciones.
Pero no son estos los motivos que podrían preocupar al gobierno, sino las difucltades para atraer a los contratistas. Según dio a conocer días atrás La Política Online días atrás, la apertura de sobres de las primeras licitaciones para la construcción de rutas y autopistas, prevista para el 3 de abril, debió posponerse como consecuencia de las objeciones de los empresarios de la construcción interesados en ofertar. Estos no quieren que les cobren IVA, se quejan por los costos y desconfían de las garantías de pago del Ejecutivo. Los empresarios pidieron más tiempo debido a las dudas que tienen acerca de la letra chica del programa.
Entre las objetciones de las firmas está el hecho de que para encarar las obras, deben recurrir a un financiamiento sin garantía soberana, por lo que la tasa de interés es mucho más alta. Evalúan que si el Estado paga 7 %, los contratistas no conseguirán menos de 9 %. La ley de PPP está justamente orientada a poner la carga de la garantía en los privados, ya que si el Estado termina garantizando las deudas no tiene sentido el sistema.
Con este panorama a pesar de los anuncios de Dietrich, el desenvolvimiento de la obra pública en 2018 permanece en la incertidumbre. | 
