Hace dos meses la Dirección del Hospital Posadas, que responde al Gobierno de Macri, despidió a más de un centenar de trabajadores y trabajadoras. El diputado nacional Nicolás del Caño del PTS-FIT le pidió explicaciones a Marcos Peña, Jefe de Gabinete, que mintió y ocultó información en su respuesta para encubrir los despidos ilegales. En este artículo tomaremos no sólo sus declaraciones orales en el recinto, sino su respuesta escrita presentada en el primer informe de gestión del año, para demostrarlo.
Las 5 claves del encubrimiento de Marcos Peña
Marcos Peña sostuvo en el recinto que los despidos en el Hospital Posadas corresponden a “modalidades contractuales irregulares”, y que se llevaron adelante para “normalizar la situación irregular”. Junto con sostener que eran “personal que no cumplía función asistencial, ni enfermeros, ni doctores, y que también tienen distintas denuncias con respecto a la carga horaria” y acto seguido se refirió a los ingresos de personal al Hospital entre septiembre y diciembre del año 2015.
1. Fraude laboral del Estado
Lo primero que oculta el jefe de Gabinete es que la “situación irregular” es responsabilidad del Estado, que mantuvo dentro del nosocomio, por décadas, un régimen de precarización laboral para la gran mayoría de los trabajadores, así lo deja en evidencia la publicación titulada “Antecedentes y beneficios de la modalidad de contratación bajo el régimen previsto en el artículo 9° del anexo a la ley n° 25.164 y sus normas complementarias” firmada por el propio Consejo de Administración y subida a la página web institucional del hospital.
“Normalizar” la situación, como dice Peña, hubiese sido que trabajadores que ingresaron al Hospital, por ejemplo, en 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, como muchos de los actuales despedidos, después de años de relación laboral finalmente fuesen traspasados a la planta permanente. Marcos Peña erróneamente se refiere a ingresos de personal ocurridos en 2015, cuando lamentamos informarle que no aplica para los trabajadores que actualmente luchan por su reincorporación.
Según el art. 9 de la Ley 25.164, que regula el empleo público nacional, “el régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales”. Con simplemente conocer las fechas de ingreso de los trabajadores despedidos, y las tareas que cumplían en el Hospital, se puede dar cuenta que la relación laboral no era ni transitoria ni estacional, lo que confirma el fraude laboral.
Como afirma el fallo a favor de los trabajadores (al que nos referiremos más abajo), del Juzgado Federal de San Martín, de noviembre del 2017: "Son contratos que, durante años, se renuevan sucesivamente sin promover el ingreso del personal a la Planta Permanente, violando la normativa y el espíritu de la legislación vigente sobre empleo público, con el objetivo, como ha dicho la Corte Suprema, de encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado”.
2. La precarización de la precarización
Marcos Peña en su explicación divide a los despedidos en dos grupos. Por un lado, aquellos que tenían un contrato denominado “Posadas u Homologados”, sobre los que afirma que “resultó imposible proceder a la renovación de cincuenta (50) de ellas en atención a que el personal no cumplía los requisitos legales”. Y por otro lado, un grupo de 63 trabajadores que según sus propias palabras “no cumplimentó las expectativas y requisitos de idoneidad indispensables para los diversos servicios en los que prestaban tareas durante el año 2017, o no cumplimentaron la carga horaria semanal y mensual dispuesta en los convenios colectivos sectoriales”. Acto seguido sostiene que los despedidos con mayor antigüedad “fueron instados durante todo el periodo 2017 a regularizar su situación contractual y que se negaron argumentando motivaciones estrictamente de índole político partidario” (sic).
El jefe de Gabinete roza lo ridículo con tal de repetir los débiles argumentos que le da la Dirección del Hospital.
Primero, quien debía regularizar la situación era el propio Estado, vía la Dirección del Hospital, ya que no cumplían con los requisitos legales. Incumplieron con el art 9 de la 25.164 descrita arriba, incumplieron con el amparo a favor de los trabajadores de noviembre de 2017, que cuestionaba el decreto 2017/333 del Directorio que imponía la jornada laboral de 12 horas al turno noche de enfermería, y no respetaron la resolución judicial de agosto de 2017 que obligaba a la Dirección a pagar los descuentos compulsivos de salario que realizaron a los trabajadores. ¿Quién estaba entonces en la ilegalidad y manteniendo una situación irregular?
Vayamos por partes:
a. “Fueron instados (...) a regularizar su situación contractual y se negaron por motivos de índole político partidario”. La modalidad de contratación bajo la que estaban obligados a prestar servicio se llama “Contrato Posadas” de renovación anual automática, y la Dirección pretendía compulsivamente y de forma extorsiva que firmen un contrato denominado “Contrato 48” que contiene una cláusula donde estipula la posibilidad de despidos sin causa, sin aviso ni indemnización. Osea, quería que los trabajadores firmen su propia condena. Hasta ATE Moron, gremio afín a la Dirección, publicó en su fanpage oficial que “El Contrato 48 no era lo mejor”. Los trabajadores hoy despedidos fueron quienes se negaron a renunciar a sus derechos (¿a esto llama Peña de “indole politico partidario”?), exigiendo el pase a planta, cuando es el Estado quien no cumple la ley. Al no aceptar mayor precarización y vulneración de derechos, se lo impusieron de hecho, y los despidieron.
b. “No cumplimentaron la carga horaria semanal y mensual”. Con respecto a la carga horaria, le informamos a Marcos Peña que la Dirección dispuso, el 1ero de julio, un decreto interno 2017/333 que estipulaba de forma arbitraria y sin previa consulta la extensión de jornada a 12 horas nocturnas, quitando el franco mensual y reduciendo los días por estudio. Los trabajadores afectados lo rechazaron por insalubre, basándose en recomendaciones de innumerables estudios nacionales e internacionales (muchas de ellas citadas en el fallo del Juzgado de San Martín que se presenta al final de este artículo). Sin embargo, la Dirección, en represalia los atacó con compulsivos descuentos de sueldo y variadas amenazas.
Posteriormente, la jueza del Juzgado Federal de San Martín, Dra. Martina Forns, el 23 de agosto de 2017 le ordenó al Dr. Ignacio Leonardi de la Dirección del Hospital, que haga efectivo el pago de los salarios descontados en un plazo de 5 días. La Dirección apeló y le fue denegado, luego pidió prórroga y le fue denegado nuevamente. Durante meses los trabajadores de enfermería cumplieron con su jornada laboral nocturna a costa de salarios por debajo del mínimo vital y móvil.
3. Un fallo clave a favor de los trabajadores
¿Quiénes presentaron un amparo colectivo ante esta grave situación? Fueron los enfermeros y/o auxiliares del turno noche, que cubrían jornadas equivalentes a 10 hs. en concordancia con la resolución nº 93/05, homologada por el Ministerio de Salud. Todos ellos cumpliendo entre 30 y 40 horas semanales según la distribución de los días, según consta en la resolución de noviembre de 2017 del Juzgado Federal de San Martín.
La sentencia se conoció exactamente el 13 de noviembre de 2017, y fue de primera instancia fallando en favor de los trabajadores. Declaró nulo e inconstitucional el decreto 2017/333 que dictó la Dirección y ordenó el pago de los descuentos realizados sin justificación, fundamento ni pruebas.
El fallo también nombró incompetentes a los funcionarios que dictaron el decreto 2017/333, en escasos 15 días, sin consenso o consulta previa. El texto es clarito: no puede aceptarse que la única solución a un supuesto “desfasaje horario”, que argumentaba la Dirección, sea imponer la obligatoriedad de jornadas fatigosas bajo amenaza de sanciones o represalias de otro tipo.
Marcos Peña dijo en su primer informe de gestión del año que “el universo de 60 enfermeros profesionales no renovados presentaron reiterados y manifiestos incumplimientos de horarios de prestación de pacientes en sus servicios, durante todo el segundo semestre del año 2017”. Pero lo que no dice es que al declararse nulo e inconstitucional el decreto 333/2017 de la Dirección que quería imponerles la jornada nocturna de 12 horas, estaban en su legítimo derecho de trabajar las horas previamente estipuladas, lejos de cualquier incumplimiento.
4. Despidos persecutorios, discriminatorios y antisindicales
¿A quienes despidieron? A los trabajadores de enfermería amparados que no aceptaron las 12 horas insalubres de trabajo, a quienes no aceptaron contrataciones más precarias, junto a delegados y delegadas sindicales de Cicop y STS que tienen fueros, candidatos de listas opositoras a la conducción de ATE, ex delegados, junto con referentes públicos y candidatos de elecciones nacionales, reconocidos por su militancia político-sindical en el Hospital.
Y como si fuese poco, dentro de las despedidas se encuentran trabajadoras embarazadas, en periodo de lactancia, con graves enfermedades terminales en tratamiento (como cáncer y degenerativas) y también con discapacidades certificadas. Lo que demuestra que la Dirección despidió ilegalmente por motivos persecutorios, para avanzar en mayores niveles de precariedad y afectando la calidad de atención. El jefe de Gabinete evidentemente avala este accionar.
5. Falta de personal y peor calidad de atención a los pacientes
Marcos Peña afirma que “el personal no cumplimentó las expectativas y requisitos de idoneidad indispensables para los diversos servicios en los que prestaban tareas durante el año 2017”, cuando el propio fallo de la Justicia reconoce que los trabajadores al no aceptar la jornada laboral de 12 horas están velando por la calidad de la atención de los pacientes, a quienes se los ponía en riesgo. “La imposición de jornadas agotadoras aumenta el riesgo de cometer errores e influye en la calidad de la atención sanitaria” sentencia el mencionado escrito judicial del 13 de noviembre de 2017.
Y detalla “que la Resolución 2017-333 viola lo dispuesto en la normativa vigente y cercena los derechos de los trabajadores de la enfermería del Hospital Posadas, generando un sistema de trabajo extenuante, en un ámbito insalubre e irrazonable, que al mismo tiempo pone en riesgo un sistema eficaz y eficiente de atención de los pacientes por los eventuales accidentes o errores que puedan producirse”.
Descaradamente, el jefe de Gabinete expuso en el Congreso que “en la actualidad, y considerando el aumento de demanda sanitaria que ronda el veinte por ciento (20 %) acumulativo anual, el hospital atiende la demanda sanitaria 2018 con el volumen de trabajadores del año 2014 (...) sin que ello implique afectación de servicio asistencial alguno ni pérdida en la calidad asistencial alguno ni pérdida en la calidad asistencial brindada”.
Pero ya en la causa judicial del segundo semestre de 2017, la propia jefa médica de terapia intensiva pediátrica había declarado ante la Justicia que “el Hospital cuenta con pocos enfermeros, y reconoce que se debería aumentar la cantidad de ellos”. ¿Cuál es entonces la situación si posteriormente se despidió a 70 enfermeros, todos de áreas críticas como terapia intensiva pediátrica y adultos, unidad coronaria, neonatología, guardia de pediatría, hematoncología pediátrica y adulto, salud mental, internación de clínica y cirugía pediátrica, junto con auxiliares y ayudantes de enfermería, de farmacia, entre otros sectores? ¿El Gobierno se va a ser responsable de la crisis sanitaria que implican estos despidos cuando se acercan las fechas de otoño donde nos acercamos a las estaciones de mayor demanda?
Marcos Peña, en nombre del Gobierno, utilizó los mismos argumentos que la Dirección del Hospital, para justificar despidos ilegales, persecutorios, antisindicales y discriminatorios, a trabajadores y trabajadoras que defienden sus derechos laborales y la salud pública.
Por eso, a pesar de las mentiras de Marcos Peña, serán ellos los que deliberaran cómo continúa su plan de lucha. Para dar a conocer al conjunto de la población, con acciones de impacto y visibles, porqué exigen al Gobierno: la reincorporación de los despedidos, el pase a planta permanente de todos los trabajadores de la salud, junto con la defensa de la salud pública, gratuita y de calidad que como se demuestra en este artículo queda sólo en manos de quienes la sostienen a diario con su propio cuerpo.
Este momento, donde el Gobierno está preocupado por su imagen que cae desde diciembre y pretende ir por reelección presidencial, como expresión de su propia debilidad, puede ser aprovechado por los trabajadores que resisten el ajuste y los despidos. Desde el PTS en el Frente de Izquierda, junto al Movimiento de Agrupaciones Clasistas que impulsamos, y la agrupación de mujeres Pan y Rosas, estamos dispuestos a poner todas nuestras fuerzas y recursos, a disposición de esta lucha, como lo hacemos desde el primer día. Junto con darle un nuevo impulso al fondo de lucha, avanzar en la coordinación y unidad de acción con otros sectores, mientras la burocracia sindical está en la tregua o impone falsas divisiones, en miras de un 2019, que los que están en la calle no puede esperar.
Amparo Hospital Posada - Sentencia definitiva by La Izquierda Diario on Scribd
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