La disputa entre partidos del régimen rumbo a las elecciones de julio han desatado un clima de violencia de tales proporciones que ya se considera este proceso como uno de los más violentos en el último siglo en nuestro país. Este año se votarán la mayor cantidad de puestos que se hayan votado en una sola jornada electoral, con 3 mil 416.
Por partido político, Excelsior registra veinticinco asesinatos contra militantes del PRI, 14 del PRD, seis del PAN, cuatro de Morena, dos de Movimiento Ciudadano y tres personas de usos y costumbres.
Tan sólo en el periodo de precampaña, que comenzó oficialmente el 8 de septiembre de 2017 y finalizó el 11 de febrero pasado, se registró el asesinato de al menos diecinueve políticos locales (alcaldes, ex alcaldes o precandidatos). Con el asesinato del priísta Gustavo Martín Gómez, candidato a una alcaldía en Puebla, ocurrido este viernes 16 de marzo, suman 31 aspirantes asesinados, según cifras de la Secretaría de Gobernación. Según una cuenta llevada por el diario Excelsior, desde septiembre de 2017 y hasta el 13 de marzo de este año, suman 63 candidatos, políticos, ex políticos y militantes de distintos partidos con registro asesinados.
Según un estudio de Justice un Mexico, citado por el New York Times, en medio de la situación de violencia en nuestro país, es doce veces más probable para un político local ser asesinado en comparación con alguien de la población civil.
Según Enrique Vargas del Villar, dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes, la descomposición social en México, provocada por la escalada de violencia, genera un ambiente "muy tenso" en un año electoral. Atribuye la violencia a las "mafias" que buscan, según él, enviar un mensaje de miedo a los candidatos para afianzar su control sobre territorios en disputa.
Más de 100 alcaldes han sido asesinados desde 2006 en nuestro país.
También citada por el New York Times, Sandra Ley, politóloga del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), asegura que dentro de la construcción democrática en México, el nivel municipal es "la primera entrada de grupos de delincuencia organizada" en su pelea por acceder y ganar influencia en puestos clave de seguridad y finanzas. Señaló que, sin embargo, algunos de estos crímenes contra candidatos pueden responder a disputas políticas.
Al final de cuentas, esta presión termina por limitar la participación en elecciones, tanto de candidatos como de electores. El miedo, la ocupación de cargos por conveniencia y el desencanto de la ciudadanía son consecuencia de la violencia electoral, misma que evidencia el poco espacio entre el crimen organizado y el Estado.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, se pronunció durante una conferencia en la Casa América de Madrid en torno a este tema, asegurando que "va un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días", en loo que calificó como un margen de violencia "absolutamente inaceptable".
Guerrero encabeza la lista de entidades en donde más asesinatos políticos han ocurrido (11), seguido por Veracruz y Puebla (siete), Oaxaca, Hidalgo y Estado de México (cuatro), Jalisco (tres) y San Luis Potosí (dos).
Por su parte, las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) se han deslindado de cualquier responsabilidad, asegurando que no se trata de un órgano de seguridad pública y que sólo les compete organizar las reuniones con las instituciones responsables del tema de seguridad.
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior no garantiza mejores condiciones para el curso de los comicios en México. Por el contrario, el despliegue militar busca intimidar a la población y blindar un proceso que suma a las alteraciones por la violencia, las irregularidades del fraude y la compra y condicionamiento de votos.
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