La noche de este miércoles, el periodista Leobardo Vázquez fue ejecutado en su domicilio en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz, según confirmó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). El comunicador había sido amenazado y, según medios locales, había solicitado ya protección.
En 2017, de 12 periodistas asesinados en el país, cuatro eran veracruzanos: Ricardo Monluí, Edwin Rivera, Cándido Ríos y Gumaro Pérez.
Vázquez es el tercer periodista asesinado en este año en el país, y el quinto bajo la administración del panista Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Dirigía su propio medio, Enlace Informativo Regional, tras haber trabajado para diarios como La Opinión de Poza Rica y Vanguardia. Fue editor y diagramador en el diario Noreste, cofundador de la revista El Portal y director de comunicación social del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz.
El medio de Vázquez daba cobertura a noticias de los municipios de Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Papantla, Poza Rica, San Rafael, Martínez de la Torre y la Sierra de Papantla.
Este crimen forma parte de la oleada de violencia que se desató desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico y que se ha extendido a través de los años y el territorio, hasta llevar al país a un profunda crisis en donde ser trabajador de la comunicación se convirtió en sinónimo de ser blanco de agresiones por parte del crimen organizado y las autoridades que, según cifras de distintas organizaciones defensoras de periodistas y derechos humanos, rivalizan con el hampa en cuanto a la cantidad de agresiones contra periodistas.
Desplazados o ejerciendo autocensura para proteger sus vidas y las de sus familias, los periodistas continúan bajo ataque en este año electoral.
En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, suman 42 periodistas asesinados. Veracruz, una de las entidades más violentas para las y los trabajadores de la comunicación, suma siete periodistas asesinados desde noviembre de 2015, cuando las autoridades pretendieron contener el descontento con la implementación de una "alerta" de protección a periodistas que, una vez más, ha demostrado su inutilidad.
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