Enorme fue la sorpresa mientras clareaba la mañana del pasado martes y Hugo Magallanes, referente provincial de la organización Mamá Cultiva recibía un allanamiento de Gendarmería Nacional en su domicilio de la ciudad sureña de Malargüe.
La medida, llevada a cabo por efectivos del Escuadrón 29 de Gendarmería, fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, que conduce Eduardo Ariel Puigdengolas (quién se dijo llevaría una investigación adelante desde junio del año pasado).
Según el informe de los uniformados, “se incautaron seiscientas cuarenta y ocho semillas de cannabis sativa, cogollos de marihuana, recipientes con restos de marihuana, frascos con aceite de cannabis, teléfonos celulares y una balanza de precisión”.
Sin embargo, se omitió decir que el despliegue solo sirvió para quitarle a Magallanes aceite y semillas que, clasificadas por cepas adecuadas para diferentes patologías, estaban destinadas a proveer a familias con padecimientos oncológicos, niños con padecimientos neurodegenerativos, enfermedades como epilepsia, parálisis o esclerosis múltiple. Entre ellos se encuentra su pequeña hija Calfü Cuyen, una niña de dos años que padece una neuropatía severa y enfrenta su enfermedad monitoreada por médicos gracias al aceite.
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“Una vez más, cultivadores y usuarios medicinales siendo allanados por buscar calidad de vida para nuestros seres queridos. Quedo en libertad supeditado a la causa y veremos que surge. A nuestra incertidumbre de lidiar con una patología que nadie sabe cómo puede evolucionar, se suma la incertidumbre de ver qué sucede con la situación procesal. ¡BASTA DE ALLANAMIENTOS A CULTIVADORES! ¡BASTA DE PERSEGUIR FAMIIAS QUE TOMAN EN SUS MANOS EL BIENESTAR DE SUS SERES QUERIDOS! ¡NO SOMOS NARCOS! ¡AUTOCULTIVO YA!”, apuntó Hugo Magallanes en su cuenta de Facebook.
Una vez más, queda en evidencia la total ausencia del estado, o lo que es peor su afán criminalizador, ya que no cumple el artículo 8 de la Ley de Cannabis Medicinal, que fuera reglamentada hace más de seis meses, sin establecer un registro nacional de usuarios y familiares de usuarios que los autorice a cultivar. Sin la aplicación de este artículo, cientos de padres como Hugo Magallanes permanecen expuestos a la persecución estatal en manos de la justicia penal.
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