Ya desde la entrevista/debate con Milenio-TV de la noche de este miércoles, Andrés Manuel López Obrador había planteado su propuesta de suspender las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) sustituyéndolo con la ampliación del aeropuerto militar de Santa Lucía, ofreciendo reducir costos en un 80% con esta alternativa que incluiría la conexión vial directa con el viejo aeropuerto Benito Juárez.

Ante las protestas de los panelistas de Milenio-TV, que personificaron las posiciones y argumentos de funcionarios y empresarios interesados en el megaproyecto que estaría listo hasta el 2024, López Obrador había contestado:

"Los que tienen bonos por las inversiones en el nuevo aeropuerto van a tener el respaldo del Gobierno federal para que no pierdan esas inversiones. Pueden estar ellos pensando que no vamos a reconocer sus inversiones, pero les estoy dando la garantía de que no van a tener problema, sus inversiones están seguras" y para las empresas constructoras ofrecía garantizarles los mismos volúmenes de obra que ya tienen contratada aplicados a otros proyectos del gobierno. Así anuncia cómo protegerá los intereses de los empresarios, que tendrán sus ganancias garantizadas con un gobierno amloísta.

Por parte del gobierno federal, Peña Nieto salió a decir que echar abajo los contratos de la reforma y el NAICM provocarían la cancelación de cuantiosas inversiones, aludiendo a las declaraciones de López Obrador.

Un viernes movido

Por la mañana circuló un videomensaje de López Obrador quien aseguró que los mexicanos “están hartos de que unos cuantos se dediquen a saquear al país”, a endeudar al pueblo de México y que “por esa misma situación hay tanta pobreza y en consecuencia hay tanta inseguridad, tanta violencia”. Los mexicanos ya no quieren corrupción y por eso “vamos a revisar los 91 contratos que entregaron a particulares para la explotación petrolera, están queriendo asustar a los mexicanos, hablando de que va a haber incertidumbre económica y financiera” y respecto al NAICM afirmó:

En el aeropuerto militar Santa Lucía hay 3 mil hectáreas y sólo una pista. El actual aeropuerto tiene 600 hectáreas y dos pistas. De manera que vamos a construir dos más en Santa Lucía. No vamos a gastar los 250 mil millones de pesos, cuando mucho 50 mil millones de pesos con todo y terminal y con la vía confinada para comunicar el actual aeropuerto con el de Santa Lucía”

Posteriormente, Andrés Manuel tuvo una reunión en la ciudad de Guadalajara con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), planteando a los empresarios crear una Comisión Técnica que certifique si debe cancelarse o no el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México:

"Vamos a revisar técnicamente el proyecto sin asustar a nadie. Propongan ustedes cinco técnicos, cinco técnicos del Gobierno y cinco técnicos de nosotros: 15, ya, a partir de hoy, y a la revisión y con toda honestidad si procede (o) no procede (el proyecto)" dijo, y recibió la aceptación de esta propuesta de la voz de Juan Pablo Castañon, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien aseguró que de esta manera se reducirá la incertidumbre financiera.

Una obra faraónica y depredadora

Las obras del NAICM, además de que han usurpado las tierras de los pobladores de Atenco, han destrozado los cerros cercanos de donde se ha extraído el material de relleno para reducir el hundimiento natural de los terrenos, pues están situados en el lecho del extinto lago de Texcoco. Hay que decir que lo costoso de la obra será acondicionar el subsuelo para que se le reinyecte periódicamente más material cuando ya estuviera en funcionamiento el aeropuerto elevando exponencialmente los costos de mantenimiento. Un gasto inútil si se eligiera un terreno firme.

Faltaría por ver si la aceptación de Juan Pablo Castañón se hace efectiva, pues los intereses que representa están profundamente ligados a la estructura y dádivas gubernamentales, lo que le permitiría al gobierno presionar para que se desdigan los empresarios y rompan todo acuerdo con AMLO. Los al menos 250 mil millones de pesos que están en juego ya contemplan jugosas partidas para funcionarios y políticos interesados en el proyecto y no las querrán soltar así como así.

Ni porque López Obrador garantice a los empresarios sus riquezas y sus negocios, los demás beneficiarios con fuero se sienten cómodos por la posible fiscalización que un gobierno ajeno promete llevar a cabo y por eso no soltarán el poder, y los fueros, tan fácilmente. Igual está por verse si éste se atreve a enfrentar a la corrupción de los poderosos como viene ofreciendo desde hace muchos años o llevará a cabo su oferta de amnistía.

Los de abajo, los que trabajan de sol a sol para generar las riquezas de este país a cambio de maltrato y precarización, no están contemplados en las negociaciones entre los de arriba. Tienen que hacer su propia agenda, para acabar con la explotación extrema y la miseria de los campesinos pobres, los pueblos originarios y los trabajadores, organizándose para luchar por sus propios fines, y sacarles de la mesa el pastel que día a día se reparten los patrones y sus políticos y funcionarios. Para repartirlo entre todos, eso sí, entre todos los que trabajan.