Foto: Trabajadores Socialistas
Como los hechos lo demuestran, la institucionalidad democrática se pudre y los personajes políticos de turno en el aparato del Estado intentan lavarse la cara y salir bien parados de todo este escándalo que nos vuelve a mostrar cómo funciona la cosa pública y la administración, y cuán necesaria es la tranquilidad social para el enriquecimiento del gran empresariado; y, de entre quienes hacen política por arriba, nos preguntamos ¿Quién se salva? Casi ninguno.
En esa situación, PPK a la cabeza de un grupo de representantes empresariales y operadores políticos a cargo de la dirección de la vida política del país continuaron el desarrollo de un plan que los va enriqueciendo rápidamente desde el dinero de los presupuestos públicos con la entrega de obras públicas nacionales. Cada sector empresarial apostando a su representatividad favorita en el congreso hace parte de la disputa del saqueo de los recursos naturales y del botín que es el presupuesto público, con adendas y presupuestos inflados para las grandes empresas, operaciones para las que están los representantes y operadores políticos en el aparato del Estado (los audios de tratos y acuerdos corruptos entre el exministro de transportes Bruno Giufra, el congresista Mamani, el fujimorismo y la repartija de obras públicas o provisión a ellas, e igualmente las declaraciones el corruptor Barata en el caso Odebrecht, grafican esta realidad). Y no es para sorprenderse, pues desde el gobierno de Fujimori este tipo de acuerdos existen en cada rincón de la institucionalidad pública, y la institucionalidad privada juega en este escenario. Fueron justamente filtraciones de esos hechos y acuerdos los que también hicieron caer finalmente al corrupto PPK, pues desde la pugna de los grandes objetivos e intereses empresariales se terminó filtrando sus metidas de garra en todo este andamiaje corrupto.
Hoy, tras la caída del que presidía todo este aparato estatal corrupto, todos los sectores y operadores políticos, incluida la izquierda, apuestan por la única salida institucional, que da legalidad a la ‘superación’ de esta crisis por arriba, sin cuestionar la corrupción institucionalizada. El cambio de PPK por Vizcarra, es la salida en la que todos los representantes políticos estarían de acuerdo; apostando además, en nombre de la gobernabilidad, a que todo quede ahí. Sin embargo, esta salida no parece otra cosa que ‘moco por baba’, pues el suplente de PPK, Vizcarra, hasta hace una semana era parte de denuncia y proceso judicial relacionado al negociado que se tentaba con el Aeropuerto Internacional en el Cusco, Chinchero. Caso del que curiosamente hace recién una semana fue librado. Hecho que insistiría en que toda la institucionalidad y su funcionamiento en los distintos poderes hacen parte de cálculos políticos y acuerdos para mantener la estabilidad y gobernabilidad necesaria para que las cosas sigan como hasta ahora y nada vaya a cambiar, pues nadie de ahí arriba garantiza que los contratos de estabilidad tributaria entre el Estado y las grandes empresas terminen, que los impuestos que los grandes empresarios deben al Estado se vayan a cobrar, que la contaminación se detenga, que la falta de trabajo se resuelva, que la salud obtenga presupuesto adecuado, y que la miseria que afecta a millones de peruanos afectada mucho más por la corrupción, acabe.
El gran faenón general que se hace en el país no se detendrá; tampoco, la ‘solución’ que se da a la crisis política que vive el país, traerá mejoras a nuestras condiciones de vida como trabajadores, pues los planes económicos no se van a cambiar ni detener y estos básicamente tienen ataques contra nosotros y nuestros derechos, tal como el último intento de la ley de esclavitud juvenil lo dice, o como las declaraciones de legisladores afirman sobre el salario mínimo vital que sería demasiado para los trabajadores de las regiones. Eso es lo que nos enrostran las noticias en todo este tiempo, que la corrupción es el correlato de los bajos salarios, de la falta de derechos y falta de protección de los más débiles, el correlato de la explotación de la mano de obra barateada gracias a las leyes que avalan el despotismo patronal contra los trabajadores, el correlato del saqueo de los recursos naturales y el enriquecimiento desde los presupuestos públicos anuales por el contubernio Estado-gran empresa en el diseño institucional del capitalismo peruano.
Por todo ello, los trabajadores no tenemos nada que esperar de toda esta situación y la solución política a la crisis, y lamentablemente nada que esperar de los dirigentes de los más importantes gremios sociales del Perú y sus criterios, que al no levantar alternativas ni propuestas desde las necesidades e intereses de la mayoría trabajadora del país, garantizan también la tranquilidad social para el orden y su corrupción.
La salida para los problemas del país pasa por resolver las necesidades y urgencias de la mayoría de la población, trabajo, salarios dignos, educación y salud de calidad, vivienda y servicios, necesidades que la corrupción sistémica ha degradado. La salida a la actual crisis pasa por el control social de los organismos de los que hacemos la riqueza de la nación. Para ello es necesario sobrepasar los criterios que no nos permiten usar las organizaciones sociales y crear coordinaciones para luchar por lo que nos corresponde y echar a todos los corruptos.
Que se vayan todos. |
