Economía. 10,4% de inflación en agosto: ¡Abajo los presupuestos militaristas, arriba los salarios!

La última estimación del INE (Instituto Nacional de Estadística) sitúa la inflación en agosto de 2022 en el 10,4%, manteniéndose desde junio por encima de los dos dígitos. Una evolución de la tasa anual del índice de los precios con una subida que no se veía desde los años ochenta.

Se mantiene así la escalada inflacionaria, aunque en este mes de agosto se registraría un leve descenso de cuatro décimas con respecto al 10,8% del pasado mes de julio. Esto se debe a la bajada de los precios de los carburantes, que subieron en agosto de 2021 y, en menor medida, al descenso de los combustibles líquidos, mayor que el registrado el año anterior.

Indicador adelantado Índice de #precios de consumo #IPC. Agosto 2022
Variación anual: 10,4% (4 décimas por debajo de la registrada en julio)
Inflación subyacente. Tasa anual: 6,4% (aumenta 3 décimas)
Nota prensa: https://t.co/2ad0XWDBs7
Resultados: https://t.co/a8nE3zpD2i@es_INE pic.twitter.com/91RxSaZiHb

— INE España (@es_INE) August 30, 2022

Sin embargo, en una dinámica opuesta, el INE destaca el aumento de los precios en la electricidad, alimentación, restauración o paquetes turísticos. Eso se traduce en que la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente ascienda al 6,4%, tres décimas por encima de las del pasado mes, con lo que se situaría en la más alta desde enero de 1993.

La inflación subyacente es el cálculo del índice general de precios, pero sin tener en cuenta alimentos no elaborados ni productos energéticos, por sus precios más volátiles. Lo que este aumento sostenido de la inflación subyacente indica es que la subida de precios, disparada por la guerra en Ucrania y el precio de los productos energéticos, va extendiéndose al conjunto de la economía y de los precios.

Desde el Gobierno la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado este martes que esta “caída” del IPC se debe “a los carburantes, y a las medidas del Gobierno”. Y se muestra optimista ante los datos: “en principio, la inflación seguirá moderándose en los próximos meses”. Pero, ¿puede esperarse una fuerte caída de la tasa de inflación?

Si hay indicios de que el problema de la inflación, como fenómeno de la economía mundial, puede suavizarse al menos para 2023, la tendencia general es que se mantenga como una constante, e incluso que empeore. No sólo porque la guerra en Ucrania y la crisis energética tiene visos de prolongarse en el tiempo, sino por problemas de fondo de la economía mundial que vienen del período anterior, como la crisis de las cadenas globales de suministros. Como ha señalado el economista marxista Michael Roberts: “Como mínimo, es probable que las tasas de inflación mundial sigan siendo mucho más altas que antes de la pandemia de COVID para estas fechas el año que viene, y en el peor de los casos, la economía mundial podría haber entrado en una nueva depresión a sólo tres años de la última”.

La inflación se ha transformado en un cáncer mundial que erosiona los salarios y el nivel de vida de la clase trabajadora y los sectores populares, ya de por sí precarios. En el Estado español, más de la mitad de los productos o servicios de la cesta de la compra subieron por encima del 5% según el INE, y el índice general sigue por encima del 10%, mientras los salarios lo hicieron una media del 2,58%, según la Agencia Tributaria a cierre del segundo trimestre.

Como respuesta a esta situación, por toda Europa comienzan a extenderse luchas obreras por mejoras salariales. Tanto que hasta la prensa del mainstream habla de estamos a las puertas de un “otoño e invierno calientes” por el incremento de la lucha de clases. En el Estado español, aunque con retraso en relación a otros países como Inglaterra o Alemania, esta dinámica ya comienza a manifestarse.

¿A qué esperan CCOO y UGT para llamar a un plan de lucha contra la inflación y los presupuestos militaristas del Gobierno?

El Gobierno está ahora mismo negociando una subida de los sueldos de los funcionarios y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En el mejor de los casos este podría acercarse a los 1100 euros, atendiendo a la demanda de CCOO y UGT de un aumento del 3,5%, es decir, 8 puntos por debajo de la inflación real.

La defensa de la “lucha sindical” frente a la intransigencia patronal que ha hecho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es una hábil maniobra en un doble sentido. Por un lado, le lava la cara a la burocracia sindical que ha permitido que se llegara a esta situación sin plantear una sola medida de lucha seria, revistiendo de un halo de “combatividad” la lucha por las migajas que está dispuesto a dar el Gobierno. Por el otro, le “sube el precio” a medidas cosméticas que se propone adoptar el Gobierno como el aumento del SMI -que al ritmo que vamos será devorado rápidamente por la espiral inflacionaria-, mientras en los hechos siguen garantizando que las grandes patronales mantengan sus beneficios. ¡O qué otra cosa es el infame decreto-ley de ahorro energético que devuelve a las eléctricas lo que se pretendía recaudar con el impuesto a sus beneficios!

Lo que calla la ministra "defensora" de las y los trabajadores es que está en manos de su gobierno la subida directa del sueldo para millones de asalariados. Comenzando por revalorizar inmediatamente un 11% el de los empleados públicos, que suman 2,3 millones - excluyendo a militares y policías - y las casi 9 millones de pensiones, y seguir haciendolo mes a meses según el IPC. Pero también por medio del SMI, que si pasara a una cifra acorde con el costo de la vida - que se estima en 1500 euros para una persona sola - supondría un aumento salarial inmediato para el 47% de los asalariados que cobran por debajo de esa cifra. Pero ninguna de estas medidas está en la agenda de Yolanda Díaz.

Te puede interesar: El Decreto-ley de ahorro energético devuelve a las eléctricas lo que se pretendía recaudar con el impuesto a sus beneficios

Frente a la carestía de la vida y la inflación, el único método para torcer el brazo a las patronales es la lucha de clases por un programa de emergencia que haga pagar a los capitalistas el costo de la inflación con sus beneficios extraordinarios. Un programa que defienda medidas básicas como la subida de emergencia de salarios, pensiones y prestaciones sociales, con cláusulas de revisión salarial automáticas y mensuales con respecto al IPC; el control de precios y registros contables públicos, o la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial para terminar con el paro.

Hay sectores de la burocracia sindical que frente a la dimensión de la crisis incluso llegan a plantear tímidamente algunas de estas medidas. Pero lo hacen “a su manera”, es decir, como una propuesta reformista al Gobierno. Es el caso de Carlos Martín Urriza, economista de CCOO, que en su cuenta de Twitter ha señalado que “El efecto de segunda ronda que muestra la [inflación] subyacente tiene su origen en el mantenimiento y aumento de los márgenes de beneficios, mientras que los salarios negociados solo crecen el 1,7% de media entre los que tienen pactada una subida (66%) y los que no (34%). […] La manera quirúrgica de conjurarlo y de enfrentar una inflación de origen en la oferta, como es la europea, no es subiendo tipos de interés -esto es matar moscas a cañonazos- sino fijar precios máximos en bienes y servicios”.

El control de precios, que como hemos dicho es una medida básica y urgente, no puede depender de que sea aplicada por los propios Gobiernos que son la junta de accionistas de las patronales que aumentan los precios. Esta típica “receta” reformista deja la solución de la crisis en manos de los responsables de haberla generado.

Para que sea efectivo, el control de precios debe golpear las ganancias capitalistas. Por ello sólo puede ser impuesto mediante la lucha y garantizado mediante comités de trabajadores y consumidores, aplicado sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes superficies, como plantemos en una reciente declaración desde la CRT.

Pero un programa para enfrentar la crisis en curso no culmina en estas medidas. Porque la crisis que estamos viviendo tiene una dimensión internacional, que es la guerra en Ucrania desatada por la reaccionaria invasión de Putin y la escalada militarista del imperialismo europeo y norteamericano. El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, como parte de la OTAN y la Unión Europea, es un puntal de esta deriva guerrerista. Este mismo martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciaba nuevos envíos de armas a Ucrania.

Te puede interesar: Cinco medidas para enfrentar la inflación y que la crisis la paguen los capitalistas

La clase trabajadora del Estado español tiene planteada no solo la lucha por su propio bienestar, sino también por paralizar la maquinaria militarista e imperialista que el Gobierno quiere aprovechar para fortalecer su opresión y expoliación de otros pueblos de África y Oriente Medio. Esto supone enfrentar los Presupuestos del año 2023 que ya se están negociando y que pretenden incorporar las primeras grandes subidas de gasto militar hasta lograr el 2% del PIB en 2030, duplicando la partida actual de acuerdo a las exigencias de Estados Unidos y la OTAN.

La izquierda sindical y las corrientes políticas que nos reivindicamos anticapitalistas y revolucionarias debemos apostar por una gran campaña de organización y lucha contra la inflación y los presupuestos lo más amplia posible. Una campaña levantada desde asambleas abiertas en cada centro de trabajo, local sindical o barrio, que sume a la juventud y el activismo social a la lucha en todo el Estado, buscando la unidad con los sectores de todos los sindicatos que salgan a la lucha, apoyando todas y cada una de ellas para coordinarlas e imponer a las burocracias conservadoras de CCOO y UGT un plan de lucha serio contra los presupuestos militaristas y por programa de salida obrera a la crisis. ¡Abajo los presupuestos militaristas, arriba los salarios!

Te puede interesar: La lucha contra la inflación: una oportunidad para una nueva estrategia de la izquierda sindical