DECLARACIÓN POLÍTICA. 10J: jornada nacional de lucha en defensa de la salud pública

Seamos miles haciendo del 10J una gran jornada de lucha

La muerte de María Ester Ledesma, enfermera del Htal Gandulfo, fue un crimen de Estado y el gobierno es responsable!

Llevamos casi tres meses desde el inicio de la pandemia y el mundo es otro. Se consolida una de las crisis económicas más importante del último siglo con el alarmante dato de 140 millones de nuevos pobres en todo el globo. Mientras tanto, más de 6,6 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas de covid-19 con casi 400.000 muertes. El virus dejó a la vista que los sistemas de salud bajo la lógica del mercado, fuertemente desfinanciados desde la crisis del 2008, son impotentes para responder a este tipo de enfermedades emergentes.

Situación sanitaria, 80 días después

Entre tanta incertidumbre que siembra la pandemia, lo que es un hecho comprobable es que el gobierno no invirtió este tiempo en preparar al sistema de salud para hacerle frente a una mayor curva de contagios. Por el contrario, luego de un tibio anuncio de declarar de interés público todos los recursos en salud del país, retrocedieron y cedieron ante el lobby empresarial, negándose a discutir la centralización de todos los recursos en salud públicos y privados, con gestión estatal. Un medida mínima que podría garantizar la atención de todos los contagios por COVID-19 independientemente de tener o no prepaga u obra social.

Tampoco habilitaron testeos masivos para rastrear las rutas de contagio y poder realizar aislamientos selectivos y eficaces, lo que podría haber evitado por ejemplo la curva creciente de contagios en las villas, o el alarmante porcentaje de personal de salud infectados sobre el total, que con el 18% nos ubica en uno de los países con mayor contagio entre personal sanitario.

La falta en cantidad y calidad de equipos de protección personal, los salarios por debajo de la canasta familiar y la constante precarización laboral que llevan al pluriempleo, son algunas de las causas de este elevado número de contagios entre quienes trabajamos en salud. Realidad que busca ocultar el gobierno responsabilizando a los propios trabajadores de contagiarse.

A estas condiciones laborales se suma la negativa por parte del gobierno del derecho a licencia para les trabajdores de la salud con factores de riesgo. Actitud canalla que se paga con la vida de nuestros compañerxs. Hace pocos días, recibimos la triste noticia del fallecimiento de una enfermera del Hospital Gandulfo a la que 6 veces le negaron la licencia. Y mientras escribimos estas líneas Flavia Almela, trabajadora de Centro Médico Talar, quien se organizó para denunciar las condiciones de trabajo en las clínicas privadas y la falta de equipos de protección personal, pelea por su vida por haberse contagiado de Covid-19 y no haber tenido respuesta de sus empleadores ni de la ART. Esenciales en las obligaciones, descartables en los derechos.

Quienes escribimos esta declaración lo hacemos parados desde la primera línea, somos parte de ese personal esencial que en hospitales y centros de salud pone el cuerpo para enfrentar la pandemia. Sabemos que no exageramos cuando denunciamos que faltan insumos básicos como camisolines, máscaras y barbijos. Faltan también medicamentos esenciales que obligan a millones a suspender sus tratamientos de enfermedades crónicas. Faltan camas, falta personal de salud. Miles siguen bajo contratos precarios o becas, situación que queda invisibilizada bajo el atributo de "personal esencial", atributo que no incluye derechos laborales.

Despidos, hacinamiento y abuso policial como respuesta

En Argentina, llevamos 80 días de aislamiento social preventivo obligatorio. Mientras, la curva de contagio va en franco ascenso y es cada vez más alarmante la situación de las villas y barrios más vulnerados del AMBA.

El observatorio de despidos y suspensiones de La Izquierda Diario reveló los números que el gobierno oculta: hasta el 23 de mayo se contabilizaban más de 139.364 despidos en blanco, 1.786.878 suspensiones y 1.795.888 rebajas salariales. El gobierno que da más vueltas que una calesita para discutir un impuesto a las grandes fortunas, mientras subsidia a los más ricos del país. Hoy 7 de cada 10 pesos que destina el gobierno va a las empresas, ese es el “capitalismo más justo” que propone Alberto Fernandez. Exigimos urgente que esa plata se destine a Salud, vivienda y un salario de cuarentena de $30.000 para todas aquellas personas que hayan visto afectados sus ingresos.

El otro lado de la moneda muestra millones de familias en emergencia habitacional, sin los servicios basicos como agua potable, baño o cloacas, sin acceso a los derechos básicos y elementales; que en muchos casos tan solo reciben por parte de los diferentes organismos estatales bolsones de comida insuficientes y de pésima calidad. Ramona, habitante de la Villa 31 ya lo había denunciado.

Allí, donde lavarse las manos es un lujo, empezaron a crecer vertiginosamente los contagios dejando a la vista que el “ganamos tiempo” del gobierno también los dejó afuera. La "medida" de cercar las villas a fuerza de armas de guerra como ocurrió en Villa Azul y el Barrio José Luis Cabezas, no tiene absolutamente nada de medida sanitaria. Desde la izquierda denunciamos desde el primer momento que la militarización y el poder que se le otorgaba a las fuerzas represivas no hacía más que envalentonar la represión policial. Hoy están a la vista sus consecuencias: el asesinato del trabajador rural Luis Espinoza, las represiones del Ministro de Seguridad Sergio Berni y el brutal ataque policial en Chaco con torturas y abuso sexual, son lamentables ejemplos de ello.

Los trabajadores de la salud somos muchos, ahora somos uno!

El impulso de los cuerpos de delegados, comisiones de higiene y salubridad y el ejemplo de las y los jóvenes residentes que se siguen organizando a pesar de la pandemia, marcan el camino de cómo enfrentar esta situación, porque no podemos confiar que los responsables políticos que nos trajeron hasta esta situación, nos van a sacar de ella.

Mientras los gremios de la CGT convalidan las rebajas salariales y están en cuarentena hace años, gremios como ATE se encuentran en la parálisis, llegando a plantear en la provincia de Buenos Aires que no podíamos reclamar contra los despidos amparándose en el aislamiento social.

Hay que organizarse desde abajo impulsando cuerpos de delegados en todos los hospitales y centros salud, con representación de todos los sectores del hospital y los CAPS: Residentes, limpieza, enfermería, administración, técnicos, promotores/as de salud y médicos/as de planta. No queremos espacios de reunión a puertas cerradas con las direcciones y funcionarios. Creemos que la participación en los comité de crisis tiene que estar sujeta a los mandatos de base, de quienes día a día ponemos el cuerpo para trabajar en la primera línea. Y confluir en una gran coordinación interhospitalaria que nos de la fuerza que necesitamos para hacernos escuchar y que permita plantear de conjunto el plan de lucha necesario para la garantía del derecho a la salud. La CICOP, SUTECBA (CABA) y la FESPROSA a nivel nacional tienen que ponerse al frente de esta tarea, y ATE debe romper la pasividad y ponerse a la altura de la situación que estamos viviendo los trabajadores. Las conducciones tienen que dejar las mezquindades de lado, llevando por ejemplo a convocar jornadas desde fesprosa el día 9, a la par de la convocatoria del 10. Es imperioso unificar las luchas!

Estamos entrando a la de las crisis sanitaria, económica y social más importante de los últimos 100 años, tenemos que prepararnos para que no la paguemos nosotrxs, los trabajadores. Desde las distintas agrupaciones de salud del Movimiento de Agrupaciones Clasistas creemos que el próximo 10 de Junio se tiene que escuchar en todas partes un solo grito, en defensa del derecho a la salud y por la inmediata centralización de los recursos disponibles entre público y privado, para que ésta deja de ser un negocio.