Las burocracias sindicales administran la miseria que los gobiernos otorgan en términos presupuestarios para financiar las obras sociales -en paralelo a los aportes compulsivos que hacen los trabajadores a esta caja- y son meros gerentes de estos recursos ante los prestadores de servicios de salud. Cuando los burócratas dejan de pagar a los prestadores, éstos cesan las prestaciones a los trabajadores. Además los burócratas desdoblan los servicios que consiguieron con esos aportes y forjan sellos de goma de medicina privada. Así hoy en día, los sindicatos privilegian la atención de quienes tienen la prepaga antes que quienes tienen la seguridad social.
Miércoles 5 de abril de 2023 15:45
Vamos, entonces, por partes. Los trabajadores ocupados o desocupados acceden mal, tarde y precariamente a la salud. Aunque los hay (muchos y muy buenos), no hace falta un análisis minucioso del acceso a la salud, alcanza con tratar de sacar un turno para hacer un chequeo mínimo con un médico clínico. Quien paga una prepaga no corre mejor suerte: de un mes para otro, con viento a favor, puede hacerse un chequeo. Los trabajadores con enfermedades crónicas también están desguarnecidos. VIH, insulino dependientes, personas con padecimientos de salud mental, personas con discapacidad padecen interminables trámites burocráticos para acceder a sus servicios, en el marco de un recorte de prestaciones.
El sindicalismo modelo empresarial. El modelo sindical de tipo empresario es la parte más opaca de este Triángulo de las Bermudas. Si los sindicalistas empresarios administran el gremio como una patronal, también es cierto que manejan las obras sociales como una empresa de salud que en los hechos le pertenecen a quienes se adueñaron del gremio. No hay diferencia entre Belocopitt (dueño de Swiss Medical) y Andrés Rodriguez (secretario General de UPCN). O sí, tal vez Belocopitt no tiene caballos de carrera en su colección.
Las gestiones que realizan los organismos consagrados a tratar de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos reciben en cantidades industriales un sin fin de denuncias contra las obras sociales y las prepagas. El problema es siempre el mismo: no había prestaciones en tiempo y forma. Para tratar de resolver este tema, es cierto que los organismos del Estado Nacional, encargados de regular y controlar a los efectores de salud, no cuentan con mucho poder de fuego para sancionar o revertir la falta de atención, principalmente porque están bajo la dirección de los dueños del Sistema de Salud. Los prestadores de salud no recibían el pago, los trabajadores de la salud (médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras) están hiper precarizados. Los pagos que las obras sociales deben hacer a los prestadores son escasos e infrecuentes.
Llamar o presentarse personalmente para hacer un reclamo en la obra social es esteril. Y, en el fondo, siempre hay un “secretario de acción gremial” del sindicato que resuelve (junto con los abogados del gremio) que respuesta dar a los problemas que la "evaporación mágica" del dinero que los trabajadores y el Estado ponen todos los meses ocasiona para su correcta atención médica.
Los prestadores. Muchas veces son los dueños de los medios de producción: tienen las máquinas para medir, radiografiar o tomocomputarizar. Tienen o alquilan los edificios. Muchas veces los sindicatos son también los dueños de predios y equipos que profesionales (una vez más, hiper precarizados) de la salud manipulan todos los días. De nuevo los gremialistas empresarios desdoblan las instalaciones y atienden por la obra social y por la prepaga con los mismos prestadores. Esto embarra la cancha de la prestación y es un limbo en la sacrosanta terna del sistema de salud (Privado, Público, Obra Social). En los hechos, la privatización de la salud copa ampliamente las prestaciones. Al sistema público colapsado -mucho más después de la pandemia-, se suma la pauperización del sistema de Obra Sociales. Como en Unión Personal los turnos se brindan más tarde que los de Accord Salud, parecería que Accord Salud brinda un mejor servicio. Pero hay que pagar aparte. Es más redituable la prepaga que la Obra Social, por eso las burocracias sindicales funden las Obras Sociales haciéndole el juego a la profundización de la salud privada. Para las burocracias sindicales, el rédito es doble: por un lado, gana con la empresa de salud; por otro, negocia las paritarias a la baja a cambio de que el Gobierno del FMI le gire fondos a las obras sociales. Quienes pierden, con este modelo sindical y de salud, son los laburantes.
El Estado Nacional, en su carácter de Estado burgués capitalista, atiende los negocios de los burgueses de la salud (en realidad de toda la burguesía en su conjunto). No hay estadísticas del derrotero del sistema tripartito de salud. No se sabe a ciencia cierta sobre sus falencias. Podría pensarse que el Estado tiende a regular. Esto sólo es cierto en las garantías que el Estado le da a empresarios (gremialistas burócratas incluidos) del sector para aumentar las cuotas mensuales sin mejorar el servicio. El organismo encargado de controlar los gastos que tienen las prepagas y las obras sociales es la Superintendencia de Servicios de Salud.
Este organismo público, fue creado durante en el menemato en el marco de las reformas del Estado que continuó la profundización neoliberal de la última dictadura. Dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, es el ente de control y regulación de las Obras Sociales Sindicales y Entidades de la Medicina Prepaga. Desde su puesta en marcha está atendido por sus dueños. Si corrió cierto espanto en la progresía ante el gobiernos de los CEO’s, desde la reforma sucedidas desde los ‘90s a esta parte la dirección de la Superintendencia de Servicios de Salud estuvo en manos de José Luis Lingeri, “especialista” en obras sociales, secretario de Acción Social de la CGT y titular del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) (1997- 2000); Rubén Cano, proveniente del sistema de salud prepaga, denunciado por la Sindicatura General de la Nación por irregularidades en el pago de indemnizaciones y otros tantos chanchullos (2000 - 2002).
Cuando se estaba disipando el fragor del 2001, el duhaldismo designa a Rubén Torres, abogado, ligado a lo más rancio del poder judicial (2002 - 2006); lo sucede Héctor Capaccioli, procesados por el juez federal Ariel Lijo por lavado de dinero que se convirtió en aporte a la campaña electoral de la fórmula del Frente para la Victoria en 2007 (2006 - 2008); Juan Rinaldi, ligado a Hugo Moyano, fué acusado por Graciela Ocaña -cuando fué ministra de salud del kirchnerismo- por el desmanejo del remanente del fondo de distribución de la Administración de Programas Especiales (APE), unos 48 millones de pesos pagados por el Estado Nacional que no había sido rendido por las obras sociales (2008 - 2009); Ricardo E. Bellagio (2009 - 2012), también ligado a Moyano. Luego de la ruptura entre el moyanismo y CFK es reemplazado por Liliana Korenfeld: su llegada fué dispuesta por CFK como ariete contra Hugo Moyano y fué celebrada por Andrés Rodriguez (UPCN) "trae un poco de aire fresco”, dijo. Fungió al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud hasta el final del gobierno de CFK en 2015.
Durante el gobierno de los CEO’s, la superintendencia de servicios de salud estuvo a cargo Luis Scervino (2015 - 2017) primero y, luego, del ¡Contador! Sandro Taricco (2017 - 2018); Sebastián Neuspiller (2018 - 2020); Eugenio Zanarini (2020 - 2021); Daniel López (2021 - Actualidad). Se nota la continuidad: la tendencia a una velada privatización del sistema de salud.
Cada una de estas direcciones fomentó la privatización sin pausa del acceso a la salud: avaló la reducción del presupuesto, autorizó aumentos discrecionales sin análisis de costos y sin tocar las ganancias de las empresas de salud (sindicales y prepagas). Comparten las letanías por la falta de recursos de las prepagas, la supuesta falta de eficiencia. Pero no sólo convalidan esta estafa al pueblo trabajador. También participan de la timba financiera. En un artículo del periodista Jairo Straccia, se trasluce el motivo de la ralentización de los pagos: las empresas de medicina prepaga cobran la cuota todos los meses pero le pagan a los prestadores con plazos de entre 90, 120 e incluso 180 días. Ese ingreso se “invierte” en bonos y plazos fijos que ofrecen los bancos con retornos del 15 al 20% en tres meses. A confesión de partes, relevo de pruebas: “Sobre un flujo mensual de $5.000 o $10.000 millones, el sólo paso del tiempo puede generar hasta $2.000 millones extra que no se traspasan aguas abajo en la cadena de pagos” explica el citado artículo.
Partimos de los desfalcos de la Superintendencia de Servicios de Salud para las campañas electorales de los partidos de la burguesía, la doble cara de las obras sociales sindicales que llevan a forjar prepagas paralelas, que estas prepagas atendidas por el sindicalismo empresario y burocrático no rinde cuentas ante sus trabajadores, que el pago a los prestadores se posterga por la timba financiera. Y si a eso le sumamos que el presupuesto en salud viene cayendo en picada desde hace 20 años, que el salario de clase trabajadora viene mermado desde hace diez años, que un alto porcentaje de la clase trabajadora está precarizada y en trabajos no registrados, que la tasa de desocupación se mantiene más o menos constante post 2003, que la pandemia agudizó la crisis del sistema de salud pero no las ganancias de sus dueños, si tenemos en cuenta todo esto podemos y debemos preguntarnos hasta cuándo vamos a soportar esto.
La segunda naturaleza que impone la burguesía sobre las cosas, puede ser revertida por la clase trabajadora. Los trabajadores podemos dar vuelta las prioridades y conquistar un sistema de salud a la medida de las necesidades sociales. A la descentralización noeliberal le presentamos la pelea por un sistema de salud único, gratuito, centralizado, bajo la órbita del Estado, con aumento de presupuesto urgente y gestionado por los propios trabajadores de la salud, expertos y usuarios. En un sistema de salud de este tipo podríamos debatir y tomar las decisiones sobre qué, cómo y dónde poner los recursos necesarios para los problemas más urgentes de la población, con una participación activa. También se podría lograr una mejor coordinación entre todos los sectores involucrados. Esto va de la mano de cuestionar el lucro de los empresarios, recuperar los sindicatos de las manos de las cómplices burocracias sindicales y el mismo Estado que gestiona la miseria y de organizarnos para construir una nueva sociedad desde abajo, en manos de los trabajadores y pacientes, donde el acceso a la salud sea efectivo y no obedezca a la lógica de las ganancias capitalistas.
Tomar el control del sistema de salud en nuestras manos también podría permitirnos terminar con el fraude de la precarización laboral en los 3 subsistemas, con el pase a planta de todos los trabajadores de todos los sectores. Decidir trabajar 6 horas, 5 días a la semana, repartiendo las horas de trabajo con nuevo personal, con un salario igual a la canasta familiar indexado por inflación. Por esta perspectiva pelea la Agrupación Marrón en Salud en el MAC, y por la coordinación con otros trabajadores para enfrentar el ajuste del gobierno y la oposición de derecha al mando del FMI.
