Hoy domingo, los sectores más duros del golpismo convocan a movilizaciones en todo el país para calentar motores rumbo al paro nacional convocado para mañana. Exigen la libertad de los pocos golpistas detenidos así como la suspensión de diversas leyes que consideran vulneradoras de "su derecho" al "enriquecimiento fácil”. En este escenario, difundimos el pronunciamiento de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI).
Domingo 10 de octubre de 2021
Carlos Mesa junto a otros miembros del arco golpista convocando, desde la Cumbre Cívica, a la marcha de este domingo 10 de octubre y al paro nacional del lunes 11. (Foto: Página Siete)
El reaccionario Movimiento Cívico Nacional, ha convocado para este lunes 11 de octubre al primer paro nacional, con la exigencia de libertad a los presos mal llamados “políticos”, entre ellos Áñez y sus ministros así como una decena de policías y militares acusados por las masacres de noviembre del 2019. Así mismo exigen la paralización de la ley de “investigación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo” así como otras disposiciones que según estos representantes de los sectores más adinerados del país y de las iglesias católicas y evangélicas, es vulneratoria de sus derechos a la propiedad privada y al patrimonio. Presentan la medida de fuerza como en “defensa de la democracia” y contra la instauración de una supuesta “dictadura comunista.”
Han adherido al movimiento derechista, las iglesias católicas y evangélicas que se oponen a la posibilidad de fiscalización de sus diezmos y riquezas, la CONADE (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) y toda esa juntucha que a nombre de la democracia viene defendiendo a los asesinos del golpe de noviembre del 2019. También están a la cabeza de este “reagrupamiento” de la derecha, la gobernación de Santa Cruz encabezada por Luis Fernando Camacho; el alcalde de la Paz, Iván Arias, responsable de la corrupción de ENTEL durante el Gobierno de Áñez; los empresarios de la salud representados por el colegio médico encabezado por Luis Larrea y algunos SIRMES (Sindicato de Ramas Medicas en Salud ) como el de Romero en La Paz, los ex presidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa así como el conjunto de plataformas ciudadanas 21F y los grupos paramilitares de la UJC (Unión Juvenil Cruceñista) y la RJK (Resistencia Juvenil Cochala).
Evo Morales y el MAS convocan a concentraciones el 12 de octubre en defensa de Arce
La derecha intenta reagrupar fuerzas construyendo “un pliego unificado de demandas”, que van desde la exigencia de libertad de los golpistas, el rechazo a varios proyectos de ley y la instrumentalización de algunas organizaciones populares como la marcha indígena encabezada por el ex viceministro de Goni, Marcial Fabricano o el esfuerzo de instrumentalizar la resistencia de ADEPCOCA (Asociación Departamental de Productores de Coca).
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Sin embargo la agitación derechista pegó un salto motivada los últimos días por la convocatoria a declarar a Camacho y su padre por el caso golpe de Estado, y el temor de que el gobernador cruceño pueda ser detenido como parte de las investigaciones judiciales en marcha.
Es ante esta “agitación” derechista, que Evo Morales y el MAS han convocado a una gran concentración denominada "El Wiphalazo", para el martes 12 de octubre, con epicentro en la ciudad de Cochabamba, también en defensa de la “democracia” y del Gobierno de Luis Arce que estaría amenazado por nuevos afanes golpistas. Han adherido a esta convocatoria las organizaciones sociales dirigidas por la corrupta burocracia de la COB y del Pacto de Unidad [1] y otras organizaciones menores controladas por el oficialismo.
Pretenden medir fuerzas con la movilización golpista que se llevará un día antes, buscando disuadirlos de continuar en una escalada de polarización y enfrentamientos que puedan reabrir la crisis política instalada con el golpe de Estado y que se mantiene latente y contenida en el ámbito judicial. Buscan presionar y contener a la derecha, estrategia defendida por García Linera, pero no derrotarla mediante la movilización de las y los trabajadores y el pueblo.
Esfuerzos oficialistas y opositores para negociar
Pese a los anuncios de paros y movilizaciones, así como los anuncios por parte de funcionarios del MAS de recurrir a la fiscalía contra quienes obstaculicen el derecho al trabajo el día de mañana, lo cierto es que los últimos días se vieron signos por parte de representantes de los bandos en disputa de llegar a alguna forma de conciliación. Así el MAS dio los primeros pasos al suspender momentáneamente el tratamiento de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, la suspensión de la toma de declaraciones al facho Camacho en la ciudad de La Paz -que estaba programada para el jueves 8 de octubre-, o la suspensión del mandamiento de condena contra Manfred Reyes Villa hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional revisor. Estas suspensiones evidentemente tienen el objetivo de ir distendiendo la polarización mientras se invita a sectores del golpismo a negociar. El resultado lo vemos por ejemplo con Doria Medina, empresario del cemento y candidato a vicepresidente de Áñez además de aliado durante su Gobierno, que rechazó su participación en el paro convocado por los cívicos. De la misma manera Manfred Reyes Villa quién, pese a su precaria situación legal, como alcalde de Cochabamba, manifestó su voluntad de que Cochabamba se transforme en el punto de unidad entre occidente y oriente, entre golpistas y masistas, enviando un discurso contemporizador y sin comprometerse con el paro derechista de mañana. Así mismo, desde del Consejo Universitario de UMSA se determinó no acatar el paro cívico.
Estos esfuerzos conciliadores que se despliegan desde el oficialismo y la oposición, provocan divisiones y crisis en los sectores más duros, donde agrupaciones juveniles del MAS vienen manifestando su rechazo a esta política que impide derrotar a la derecha mediante la movilización. Por otro lado, el bloque golpista, evidencia profunda heterogeneidad sin lograr aun construir un movimiento opositor de carácter ofensivo, limitándose a intentar “rayar la cancha” y ponerle límites al Gobierno de Arce pero sin posibilidades, por ahora, de llevar adelante una nueva asonada derechista que ponga en discusión el problema del poder del Estado.
Las burocracias sindicales están divididas detrás del oficialismo y la oposición derechista
Mientras la gran mayoría de las organizaciones sindicales y sociales se han alineado detrás del Gobierno de Arce reproduciendo de una manera degradada lo sucedido con la estatización de nuestras organizaciones sociales durante los 14 años de Gobierno de Evo, guardando cómplice silencio ante los ataques empresariales a los derechos de las y los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas.
Otras organizaciones de carácter popular como gremiales o transportistas empiezan a dividirse, donde los sectores adinerados vinculados al contrabando y otras prácticas de enriquecimiento acelerado han anunciado su participación en el paro clerical y derechista. Estamos hablando de la Confederación Nacional de Gremiales dirigida por el burócrata Pancho Figueroa y otros que ven un peligro en la aprobación de la ley que busca fiscalizar y controlar la legitimación de ganancias obtenidas ilegalmente, aunque las amplia mayoría de sus bases gremiales que ganan para el día a día y que no serían afectadas. Pese a esto, numerosos sindicatos de base de gremiales y transportistas han anunciado su rechazo al paro y declaran su voluntad de trabajar y mantener la relativa paz social.
Por Comités de Acción independientes para derrotar a los conciliadores y a la derecha en las calles
La estrategia sostenida por García Linera y los dirigentes y altos funcionarios del Gobierno de negociar y contener a la derecha y a las clases dominantes, cada vez más se muestra como impotente. El sombrío panorama económico internacional que proyecta su sombra sobre el país pese al breve efecto rebote de este año, plantea una mayor disputa entre las clases sociales por la distribución de la renta nacional. Así mismo, las posiciones estatales y políticas conquistadas por el golpismo luego de noviembre del 19, le permiten mantener una oposición activa, alentando el reagrupamiento derechista para obligar al Gobierno de Arce a realizar mayores concesiones a las demandas de agroindustriales, empresarios e iglesias.
En este escenario, y ante las perspectivas de mayores enfrentamientos que irán cocinándose a fuego lento en la medida que la crisis se haga más palpable, se hace urgente poner en marcha otra estrategia para enfrentar a las clases dominantes y a la derecha. La política de la negociación y contención que realizan desde el Gobierno solo contribuye a desmoralizar a quienes buscan derrotar definitivamente al golpismo, así como permite ganar tiempo a la derecha para avanzar en su reagrupamiento político.
Es urgente unir a todas y todos aquellos que mostraron tener la voluntad de enfrentar en las calles a la oligarquía agroindustrial y empresarial del país que con la ayuda de las iglesias y grupos paramilitares pretenden nuevamente avanzar en construir un proyecto golpista. Es urgente impulsar la auto organización de las y los trabajadores del campo y la ciudad, de los sectores juveniles auto convocados de Kara Kara, Senkata y otros lugares alentando la formación de Comités de Acción, unitarios y con mecanismos de decisión democráticos y asamblearios, para discutir cómo empezar a enfrentar a quienes intentan conciliar con la derecha y para derrotar a ésta en las calles y con los métodos de la movilización independiente.
Desde la LOR-CI, organización que impulsa La Izquierda Diario en Bolivia, nos ponemos al servicio de esta política y llamamos a impulsarla a todas las organizaciones socialistas que rechazan la negociación y que quieren derrotar definitivamente al racismo y a la movilización de la derecha.
[1] El Pacto de Unidad está conformado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa; el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ); la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); y la Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB)