En la ciudad de Córdoba, este viernes 11 de noviembre, a las 17 horas. Se realizará una nueva marcha por el derecho a la salud mental. Conoce el lugar de convocatoria y el documento difundido por el colectivo organizador de esta marcha.
Jueves 10 de noviembre de 2022 11:14
Uno de los principales reclamos de esta marcha es la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, Ley Nº 26.657. A 12 años de la sanción de la ley, el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos realiza un relevamiento de la situación de Córdoba.
DOCUMENTO Córdoba, 11 de noviembre de 2022
9ª marcha por el derecho a la salud mental
CUMPLIR LA LEY ES PRIORIDAD. HAY QUE INVERTIR EN LA COMUNIDAD
El 11 de noviembre volvemos a marchar, a ocupar las calles y el espacio público. Como desde hace nueve años, nos convocamos personas usuarias de los servicios de salud mental, familiares, trabajadoras, estudiantes, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, artistas, docentes, profesionales, para seguir reclamando por la plena implementación de las leyes nacional y provincial de salud mental en nuestra provincia. Creemos que este es un acontecimiento propicio para realizar un balance respecto de los obstáculos que impiden que la implementación de las leyes sea efectiva.
La Marcha por el Derecho a la Salud Mental es una expresión democrática que crece de manera sostenida desde el año 2014, impulsada por un colectivo de organizaciones nucleadas en defensa de las Leyes Nacional y Provincial de Salud Mental y por la transformación del sistema de atención que éstas establecen. Desde su primera edición, esta movilización se multiplicó desde la Ciudad de Córdoba hacia otras ciudades en todo el país. De este modo, el movimiento saludmentalista se ha fortalecido generando redes y procesos organizativos y comunitarios. Nuestra lucha enfrenta muchas barreras y dificultades, impuestas precisamente por quienes tienen la responsabilidad de implementar las leyes nacional y provincial de salud mental y se resisten a hacerlo.
Este año, nuestro Colectivo marcha con la consigna Cumplir la ley es prioridad. Hay que invertir en la comunidad para exigir inversión pública en un sistema de salud comunitario, que se traduzca en el acceso efectivo a los derechos humanos, que sea inclusivo e integral.
¿POR QUÉ MARCHAMOS?
Este 2022 nos sobran motivos para marchar… Marchamos para hacer cumplir la ley de salud mental y combatir a sus detractores.
Desde hace un tiempo, hay un fuerte embate contra el paradigma de los derechos en salud mental. Desde posiciones punitivistas, hay quienes aún sostienen la idea de la peligrosidad de las personas usuarias y reclaman más castigo y encierro. Asocian violencia y delito a sufrimiento psíquico reforzando la exclusión hacia este colectivo.
Desde la hegemonía biomédica, vuelven las miradas reduccionistas con actores que pretenden sostener la centralidad de los hospitales psiquiátricos en las estrategias de atención, negando prácticas interdisciplinarias con modelos comunitarios. Las críticas relacionadas con la ineficiencia del Estado son apoyadas por sectores pro-mercado y más cercanos a la privatización de los servicios de salud. Desde sectores conservadores, asistimos a una arremetida antiderechos que, desde discursos basados en la filantropía, la caridad y el paternalismo proponen la vuelta al modelo tutelar desacreditando el modelo social de atención a la discapacidad psicosocial. La prioridad es cumplir con la ley, fortaleciendo los marcos institucionales y comunitarios para que el acceso a la salud mental de las personas usuarias, sea desde el reconocimiento de la dignidad.
Marchamos porque hay una enorme deuda con la salud
mental
Es urgente la construcción de un modelo de salud mental comunitario que permita el cierre definitivo de los manicomios y que garantice el derecho al acceso a los servicios de salud mental en todo el territorio provincial. Por el contrario, luego de una pandemia, asistimos a un ajuste significativo y al achicamiento del sector.
Mientras desde las autoridades provinciales se sostienen adhesiones, al mismo tiempo se ejecutan transgresiones a la misma ley que predican defender. En la política de salud mental en Córdoba, tenemos una gran cantidad de ejemplos. Los presupuestos destinados al sector nunca han llegado al 10% del presupuesto de salud tal como lo establece la normativa nacional y las recomendaciones de los organismos internacionales. No han apoyado a los municipios, que en su gran mayoría se encuentran desfinanciados, para que fortalezcan el primer nivel de atención y, de esta manera, puedan implementar el modelo comunitario. Han permitido aún más el deterioro de los hospitales psiquiátricos, cerrado pabellones y externado personas usuarias sin poner en marcha los dispositivos sustitutivos necesarios, casas de medio camino, talleres, centros de rehabilitación socio-laboral y tantos otros propuestos por la ley. Se sostiene el modelo asilar y segregador mientras se declama la transformación.
Los discursos de las autoridades políticas de salud mental no se corresponden con un análisis serio de la realidad del sector. La promesa de que el achicamiento de los hospitales monovalentes permitiría reconducir recursos presupuestarios hacia los dispositivos comunitarios y no manicomiales se ha mostrado como una falacia. El cierre del Hospital Santa María y la disminución ostensible de pacientes de la Colonia Vidal Abal no se ha traducido en más recursos para los nuevos dispositivos sino, por el contrario, en menos recursos para todo el sector. Ajuste y subejecución presupuestaria son marcas del área de salud mental provincial en los últimos años.
Una situación que venimos denunciando desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental es que el actual gobierno provincial usa la letra de la ley y el argumento de la desmanicomialización, para implementar políticas de ajuste y vaciamiento a los hospitales públicos.
Un claro ejemplo de ello fue el cierre del IPAD con el supuesto objeto de “pensar otra estrategia, otro paradigma de atención como es para nosotros la adecuación de los hospitales generales”, como afirman desde la Secretaría de Salud Mental a la prensa. Si el cierre del IPAD se hubiera dado luego de la adecuación de los hospitales generales para la atención de urgencias en salud mental y adicciones, si en su lugar hubiera otros dispositivos alternativos (dispositivos territoriales, centros de día, casas de medio camino), desde el Colectivo hubiésemos celebrado su cierre.
Denunciamos el modo abrupto en que ocurrió este cierre que nos lleva a hacernos una pregunta fundamental: ¿Qué pasó con las personas que estaban siendo asistidas por el IPAD?, ¿Qué ocurre con aquellas que necesitaban ese lugar? Marchamos para que los recursos presupuestarios amplíen y fortalezcan los equipos interdisciplinarios y los servicios de salud mental, para que acompañen a las personas y a las comunidades en la construcción de proyectos de vida con dignidad.
Marchamos porque nuestros problemas de salud mental son prioridad y requieren de especial atención
Poco se consideran en las altas esferas de la política los dolores cotidianos, las ansiedades y las angustias diarias de una gran cantidad de personas que sostienen sus vidas precarizadas. Estamos atravesando una época de mucho padecimiento, un malestar persistente. En las conversaciones entre personas cercanas y compañeras se comparten estas vivencias, las dificultades para dormir, la necesidad de tomar alguna pastilla para tranquilizarse, los conflictos en los vínculos. Antes de la COVID-19 y de la crisis económica actual, ya teníamos graves problemas de salud mental que la pandemia ha profundizado. Sin embargo, esta atmósfera de desmoralización y desasosiego no ingresa como problema en la agenda pública y mucho menos en la agenda de gobierno. Se naturaliza el consumo de ansiolíticos y antidepresivos (“la tranquilidad recetada”), los conflictos violentos, la pérdida de los lazos sociales, mientras que las prioridades políticas pasan por otro lado. Marchamos para politizar el sufrimiento. Hay una determinación social, hay un modelo de construcción de vínculos, hay una sobreexigencia material y una dificultad para avizorar proyectos futuros en común lo que produce un gran padecimiento. La prioridad, insistimos, es invertir en la comunidad, para recuperar y fortalecer el lazo social.
Marchamos para que la “salud mental esté en todas las políticas
Necesitamos un compromiso de todo el gobierno para abordar las urgencias que tienen las personas y los colectivos en cuanto a la salud mental y el apoyo psicosocial. Es esencial incluir la salud mental en todas las políticas y estrategias, especialmente las políticas educativas, económicas, laborales y de empleo, ambientales y sociales. Es fundamental insistir en que la pandemia no ha afectado de igual manera a toda la población. Los sectores sociales más empobrecidos han sido los más golpeados. También en salud mental. Si bien hay un dolor masivo, el sufrimiento mayor se concentra en los grupos históricamente más vulnerabilizados.
Marchamos por el reconocimiento de las prácticas de cuidado comunitarias
Las problemáticas de salud mental no son un problema individual. Son un problema de las sociedades, de los barrios y de la comunidad. La respuesta debe ser en conjunto con estos. Si entendemos que nadie se salva solo y que es necesario invertir en comunidad, es esta quien tiene que tener un papel protagónico en la planificación y discusión sobre las políticas de salud mental. Reconociendo que en las comunidades ya existen prácticas de cuidado, que ya se viene construyendo salud mental popular falta visibilizarlas y empoderarlas. Exigimos dispositivos que sean pensados desde y para la comunidad
Marchamos para “acompañar y no castigar” a las personas con consumos problemáticos
La repetición de los estigmas sobre las personas que usan drogas generan violencia social, barreras de accesibilidad, discriminación, criminalización, encarcelamiento masivo, penas desproporcionadas, abuso policial y un lucrativo mercado ilegal de drogas. Este estigma generalizado, se agrava aún más si las personas que usan drogas son mujeres o personas de la comunidad LGBTQI+
Las políticas implementadas hasta el momento no han logrado atenuar las difíciles situaciones asociadas a los consumos, tampoco un impacto real en el tráfico de sustancias, menos asegurar el derecho a la salud de las personas usuarias. Desde hace muchos años venimos reclamando que un abordaje sensato de la problemática implica pensarla con perspectiva de derechos y de géneros, desde la salud ntegral y no desde políticas públicas represivas, discriminatorias y criminalizantes. Marchamos para exigir se termine con la criminalización de las personas que usan drogas, se reforme la Ley de drogas 23.737 y se garanticen los derechos establecidos en la Ley de salud mental 26.657. Marchamos para que se visibilicen los enormes esfuerzos que las organizaciones sociales llevan adelante en los territorios para acompañar a las personas en situación de consumos problemáticos y cubren aquello que el Estado no hace.
Marchamos por las infancias vulneradas y por la necesidad de acompañarlas
Las infancias en Córdoba viven en condiciones de desatención material y subjetiva, con un crecimiento alarmante y, agudizado en la postpandemia, de dolencias, situaciones discapacitantes y diagnósticos patologizantes de su cotidianeidad. Estas situaciones no son acompañadas porque no contamos con centros de salud integral y porque los equipos interdisciplinarios son insuficientes. No hay salud mental sin la posibilidad de sostener procesos, cotidianeidad y constancia en la presencia. Para ello se requieren dispositivos con base en la comunidad y profesionales de la salud mental con condiciones de trabajo dignas
Marchamos para que no se vulneren más los derechos de las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad padecen constantes procesos de vulnerabilización de sus derechos. Un sistema prestacional que es perverso, viciado, inabarcable, fundamentalmente intitucionalizante, excluyente y mercantilizado que genera interminables dificultades en la vida cotidiana de muchas personas con discapacidad. Un sistema que genera relaciones de dependencia, que institucionaliza, homogeiniza y violenta. Marchamos porque seguimos sosteniendo Nada sobre nosotres sin nosotres
Marchamos para exigir el acceso a la salud mental en contextos carcelarios
Los contextos de encierro traen aparejados graves problemas en materia de salud mental. Históricamente, la respuesta del Estado a esta problemática ha sido deficiente, al no garantizar el acceso a la consulta con profesionales de la salud, y/o la provisión de medicación adecuada. A su vez, el acceso a la integralidad de los derechos, tales como educación, trabajo y acceso al contacto familiar, en numerosas ocasiones entra en suspenso o adquiere la lógica del “beneficio”.
En un contexto de segregación casi absoluta como lo es el entorno carcelario, la vulneración sistemática de los derechos -junto con otras problemáticas que atraviesan a la cárcel como el narcotráficoprofundiza la vulnerabilidad de las personas, reflejándose esto en situaciones extremas como los suicidios dentro de los establecimientos.
Marchamos para exigir el cierre definitivo del Centro Psicoasistencial y la renuncia de la actual Secretaria de Salud Mental de la Provincia,
principal responsable de que en 12 años no se haya transformado el sistema de atención a la salud mental como la ley lo indica, y que en su lugar se haya implementado una política de ajuste y vaciamiento institucional. El CPA es un “dispositivo de salud mental” destinado a personas judicializadas, emplazado en el predio del ex Centro de Rehabilitación de Menores (CROM) en el barrio Bella Vista. Este Centro fue inaugurado en 2008 y, paradójicamente, pretendía resolver un conflicto de larga data que había sido denunciado en reiteradas oportunidades por los trabajadores del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Sin embargo, la inauguración del CPA no resolvió ningún problema, más bien parece haberlo sacado del alcance de las personas que en ese momento reclamaron por mejores condiciones para las personas judicializadas que tienen alguna afección en salud mental. El CPA concentra y potencia lo negativo de la lógica penitenciaria y la lógica asilar que lejos de garantizar la atención en salud mental de esta particular población, ahonda la violación de sus derechos. 14 años más tarde de su creación nos encontramos denunciando la muerte de Ezequiel Castro en el CPA.
Marchamos pidiendo Justicia por Ezequiel Castro y por todas las víctimas de la violencia estatal, el poder policial represivo y el poder deshumanizador del sistema manicomial
Marchamos pidiendo Justicia por Ezequiel Castro y por todas las víctimas de la violencia estatal, el poder policial represivo y el poder deshumanizador del sistema manicomial Marchamos pidiendo Justicia por Ezequiel Castro y por todas las víctimas de la violencia estatal, el poder policial represivo y el poder deshumanizador del sistema manicomial finaliza con la muerte de Ezequiel, se conjuga el poder policial represivo, con el poder deshumanizador de un aparato sanitario-punitivo. Ezequiel Castro se encontraba bajo tutela estatal y, por lo tanto, el deber del Estado era cuidarlo.
El Estado en su carácter de responsable de los establecimientos donde se implementan medidas que privan de la libertad a las personas, debe ser garante de sus derechos.
Marchamos porque es la manera que encontramos de insistir con nuestro optimismo incorregible y articular nuestras esperanzas colectiva
