Medio ambiente. Diechiocho ambientalistas asesinados en 2020: el peor año para la defensa de la naturaleza

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en su informe anual del 2020 publicó las cifras y datos de la situación de las personas defensoras del territorio y la naturaleza, destacó que a pesar de la pandemia, las condiciones han empeorado para los ambientalistas en México.

Esto es por que durante el 2020 se registró un incremento en el número de agresiones documentadas, es decir 65 ataques con 90 agresiones de diverso orden, y por segundo año consecutivo el homicidio encabezó la lista de violencias, con 18 asesinatos de ambientalistas, superando al 2019 y colocándose como el más violento desde que iniciaron los registros.

Por otra parte, se registró un aumento significativo de los ataques en contra de comunidades, puesto que en el año anterior ocupaban el 15.4% del total de los casos, mientras que en el 2020 se registró un porcentaje del 24.6% del total de las agresiones. En el mismo sentido se encuentran las organizaciones sociales, quienes en el informe del 2019 registraron el 5.1% del total de los ataques, mientras que para el 2020, se registró un aumento del 18.5% del total.

De los estados con más homicidios registrados, Guerrero encabezó la lista, con 5 asesinatos, seguido de Oaxaca con 2 y Michoacán con 4. De las principales actividades relacionadas con las agresiones, encabeza el sector forestal, la construcción de megaproyectos y el sector minero.

Respecto a las actividades más ligadas a las agresiones, destaca el incremento del sector forestal, respecto a años anteriores, de 16 casos de ataques provenientes de este ramo, de los cuales, 14 se vincularon con la tala clandestina en Áreas Naturales Protegidas.

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Por lo que respecta al sector de construcción de vías de comunicación, se registraron 16 casos, lo cual representa un 24.6% del total de los ataques. Entre éstos, se registraron 8 ataques relacionados con el proyecto del Tren Maya; 3 agresiones relacionadas con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; 3 agresiones relacionadas con el caso de la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México y 3 ataques más relacionados con construcciones de carreteras en diferentes estados.

El sector de la minería representó un 7.7% de los ataques documentados (5 casos); el sector de la energía eléctrica registró un 6.2% de los ataques (4 casos); los sectores hidráulico, de desarrollo urbano y proyectos que ponen en peligro la biodiversidad constituyen cada uno un 4.6% de los ataques (3 casos por sector); un 3.1% del total de agresiones registradas se relacionan con, el sector turístico; y, finalmente, con 1.5% los sectores de obras de construcción e industria textil, registrando un ataque cada uno.

Además se suma la creciente violencia de grupos paramilitares y la militarización provocada por la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional cerca de territorios zapatistas o indígenas. De la misma manera, el persistente clima de violencia contra las mujeres refleja nítidamente las agresiones a las defensoras ambientalesmarcadas por el hostigamiento, la criminalización y la violencia de género que puede escalar a agresiones más graves.

A su vez, también preocupa que cada vez más estados presentan algún ataque contra ambientalistas, pues en el, 2020 estados como Campeche, Baja California, Nayarit y Querétaro, en este último se han recibido denuncias contra la actual “Ley Garrote” misma que se implementó con motivo de la emergencia sanitaria del Covid-19.

Defender el medio ambiente en tiempos de pandemia

La situación de violaciones a los derechos humanos que viven las personas defensoras de los derechos ambientales en México, así como la histórica lucha por la defensa del territorio, ahora se enmarcan en la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y en las medidas adoptadas por parte del Estado mexicano para hacerle frente, las cuales han incrementado los obstáculos existentes para la defensa los derechos humanos ambientales.

Según el informe del CEMDA, en el contexto de la pandemia, el Estado mexicano priorizó considerar esenciales las actividades económicas extractivas, como la minería y megaproyectos que comprometen el equilibrio de los sistemas naturales y sociales.

En cambio, las personas defensoras ambientales, de la tierra y el territorio han tenido que enfrentarse no sólo a la oposición de las autoridades en turno, sino también a acciones y medidas que restan a las posibilidades de defensa, como, por ejemplo, las medidas de distancia sanitaria, la suspensión de las actividades judiciales y los trámites para acceder a la información.

De la misma forma, la organización Serapaz, advirtió que es preocupante la desfinanciación a fondos importantes para la representación legal de defensores, pues el año pasado se informó de recortes de hasta el 75% en cuanto a programas ambientales y la desaparición de fideicomisos para otorgar protección a ambientalistas.

Latinoamérica representa la región más peligrosa para la defensa de la naturaleza, México encabeza la lista de los países violentos contra ambientalistas, mientras domina la impunidad y la colusión de autoridades con el crimen organizado. A pesar de las ratificaciones de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, la situación para las y los defensores de la Tierra y el territorio sigue siendo adversa.

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