Actualidad. 19F: la marea verde vuelve a las calles en apoyo al proyecto de la Campaña por el aborto legal

Aquel pañuelazo del 2018 avivó una lucha que hace años el movimiento de mujeres y disidencias viene peleando: la aprobación de una ley que le imponga al Estado que finalmente garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, para que no muera ni una más por esta causa.

Miles de jóvenes, las pibas con sus amigas, con sus madres, con sus vecinas, y también muchas trabajadoras, fueron protagonistas ese año de una lucha que mostró al mundo entero la fuerza de ese movimiento si sale a las calles, si confía en su propia fuerza, si une sus reclamos a quienes no tienen para perder nada más que sus cadenas.

El proyecto que fue aprobado en Diputados aquel 13 de junio, y que luego fue rechazado en Senadores con votos que vinieron del actual oficialismo como de la actual oposición mayoritaria, de la UCR, del PRO, se debatió en las escuelas, en las universidades, en las empresas, fábricas y diversos organismos, como también en las casas, en los barrios, a lo largo y ancho de todo el país, y obtuvo un enorme apoyo que se expresó en todos lados. Sólo la alianza de esos sectores, de las cúpulas de las Iglesias y los gobernadores de turno, pudo impedir que sea ley.

El proyecto que la Campaña presentó ya 8 veces consecutivas, se propone garantizar que todas las personas gestantes puedan acceder a un aborto legal, en cualquier hospital, de manera segura, sin que medie ninguna otra decisión que su sola voluntad.

Ese derecho, cuya penalización hoy condena a millones de personas a terribles consecuencias sobre la salud, cuando no a morir a causa de la clandestinidad, implica sin embargo mucho más que el derecho a no morir, o a no ir presa, o a no ser obligada a parir siendo niñe. Implica el poder de decidir plenamente sobre el propio cuerpo, y también conquistar nuevas fuerzas para arrancar derechos elementales que este régimen social nos sigue negando: desde el mismo salario por el mismo trabajo hasta terminar con la doble o hasta tripe jornada laboral que recae particularmente sobre las mujeres.

Lo que realmente le da miedo a los dinosaurios de las Iglesias y el Congreso es que si hoy se avanza en conquistar ese derecho, nuestra fuerza, la de las mujeres, la de la diversidad, la de les trabajadores y la juventud, puede ser imparable.

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Todes vimos como en 2018 las iglesias católica y evangélica, así como los grupos antiderechos ligados a ellas, estuvieron a la cabeza de organizar una campaña feroz. Desde movilizaciones acordadas con gobernadores y rectores de colegios privados, obligando a niñes a marchar en rechazo a la ley, hasta el lobby parlamentario que logró en todos los partidos, excepto en el Frente de Izquierda, hubiera diputados alzando la mano contra ese reclamo elemental e imponiendo cambios trascendentales al proyecto de la Campaña, como la objeción de conciencia.

Como dijo la consejera directiva de la facultad de Filosofía y Letras Guadalupe Oliverio (Pan y Rosas/PTS), durante la primer asamblea de preparación de un nuevo Paro Internacional de Mujeres, “no podemos dejar que la Iglesia esté asociada a la palabra de la vida”. “La iglesia es la tortura, es la complicidad con la dictadura, son los desaparecidos, es la apropiación de los niños. Nosotras somos la vida”, porque no queremos que haya ni una sola muerta más.

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Pero las cúpulas de las iglesias no solo aspiran a regimentar a las mujeres y la diversidad sexual: también son garantes de las políticas económicas que hacen recaer el peso de la crisis sobre las espaldas de las mayorías trabajadoras, de los sectores populares, de nuestras familias. Lo demostró el visto bueno a la negociación del gobierno nacional con el FMI para pagar una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, que nosotres no generamos y que sólo hasta ahora implicó recortar los ingresos de nuestras abuelas y abuelos, de la docencia, de les trabajadores estatales.

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19F: antesala de un gran 8 de marzo

Ante el anuncio del presidente Alberto Fernández, que poco después de reunirse con Bergoglio en su gira por Europa, anunció que enviaría al Congreso una propuesta alternativa al proyecto de la Campaña, y ante la preparación de nuevas manifestaciones en reclamo de la aprobación del proyecto de la marea verde, que ya lleva más de 15 años en las calles, la Conferencia Episcopal llamó a movilizar a la Basílica de Luján contra el derecho de las mujeres, nada menos que en el día de lucha por sus derechos. Una verdadera provocación con la que busca impedir que sea ley o, como mínimo, rebajar aún más el contenido del texto que pueda llegar a salir del Congreso de reabrirse -como se anunció- el debate sobre nuestro propio derecho.

El 19 de febrero, sin dudas, tiene que convertirse en una primera demostración de la potencia del movimiento de mujeres y de la diversidad para arrancar este derecho tan postergado, que tiene el desafío de volver a las calles el próximo 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres y la diversidad. Como señaló recientemente la Campaña Nacional por el derecho al aborto, solamente en los primeros tres meses de gestión del Frente de Todos se habrán practicado más de 9 mil abortos bajo la crueldad de la clandestinidad.

No lo podemos permitir. Lo que se necesita no es un nuevo proyecto: nuestro proyecto está en las calles, y nuestro desafío es lograr la más amplia organización para que se apruebe sin cambios y sin dilaciones. El próximo 8 de marzo, ese reclamo también tiene que volver a las calles y tiene que hacerse sentir con un gran paro nacional y efectivo, que paralice verdaderamente todo el país, para que la tierra tiemble por nuestros reclamos, porque se trata de nuestras vidas, y se trata de nuestro derecho a decidir.

Esa es la perspectiva que planteamos desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas y el PTS en el Frente de Izquierda, y la acompañamos en las asambleas de mujeres y disidencias que se realizaron en la Ciudad proponiendo impulsar una gran movilización unitaria el próximo 8 de marzo y un paro efectivo el lunes 9, con acciones en todos los lugares de trabajo, por el aborto legal, por la separación de las Iglesias del Estado, contra el pago de la fraudulenta deuda externa. Las centrales sindicales, los centros de estudiantes y sus comisiones de mujeres podrían ser una poderosa herramienta para torcerle el brazo a los dinosaurios y avanzar en la conquista de todos estos derechos.