Reajuste sector público. Primer acto de la negociación entre la Mesa del Sector Público y el gobierno: funcionarias de la CONFUSAM inician paro nacional de advertencia y marcha hacia el Congreso

Ya comenzó la negociación anual entre el gobierno y la mesa del Sector Público de la CUT (MSP), encabezada por dieciséis gremios, quienes representan a un millón de trabajadores públicos de distintos sectores: educación, universidades públicas, salud hospitalaria y municipal, entre otros. Esta vez se da en el marco de una situación económica y política que tanto a nivel nacional como internacional (pandemia, guerras, fuga de capitales) está atravesada por el encarecimiento de la vida y la reducción del poder adquisitivo de los salarios debido al golpe inflacionario que en Chile supera el 12% y donde el sueldo mínimo de 400 mil pesos es totalmente insuficiente.

De hecho, según datos del boletín estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas el poder de compra de las y los trabajadores se ha reducido en un - 2.3%. Debido a este escenario económico, es que la MSP propone en su pliego un reajuste equivalente al IPC más el 3% de reajuste real - “IPC+3%"- lo que apunta a recuperar el 12% de inflación más un aumento real de 3 puntos para el poder adquisitivo. Sin embargo, el presupuesto público del gobierno se está reajustando en base al IPC proyectado para el 2023 (6.3%) que ronda la mitad del aumento del costo de la vida de este 2022.

Además de esto, otros puntos del petitorio que son transversales serían: un piso salarial mínimo para funcionarios auxiliares, administrativos y técnicos de 550,600 y 650 mil pesos respectivamente, o, la conformación de una mesa de trabajo para instaurar la reducción de la jornada laboral a 40 horas, cuestión que actualmente sólo aplica en su discusión parlamentaria para el sector privado.

En uno de los gremios más grandes de esta negociación ramal, estamos las y los trabajadores de la Atención Primaria de Salud (APS) municipal, la CONFUSAM, que abarca 50.000 funcionarios y funcionarias a lo largo de Chile. Particularmente aquí existe una oposición a la propuesta del gobierno que para el financiamiento de los centros y sus respectivos recursos ha propuesto $100 más por sobre un aumento del 6.3% del monto per cápita basal anterior ($9048), es decir 9.718 pesos que dista de un reajuste del 12% (según IPC) que sería del orden de $10135, ambos montos lejanos a la recomendación, por ejemplo, del Colegio Médico que plantea un per cápita de 12 mil pesos u otros estudios que lo ubican en 12.500.

Considerando ambos aspectos, el que responde a las necesidades salariales y el financiamiento estructural para el desempeño de las y los trabajadores de la APS en servicio de sus pacientes, es que los principales dirigentes de la CONFUSAM, Gabriela Flores (presidenta) y Esteban Maturana (vicepresidente) hacen un llamado a que el gobierno “cumpla sus promesas de campaña” y refuerce la atención primaria de salud, sobre todo pensando en el propio programa de Boric de universalización de la APS. Al mismo tiempo que interpelan a parlamentarios a “dejar intereses partidistas, como han hecho alcaldías pro gobierno” y que voten en contra de este presupuesto el día martes 15 de noviembre.

Estos son los principales motores para la convocatoria a movilización y paro de advertencia (24 horas) de las federaciones de la Quinta Región y Metropolitana para marchar desde la Plaza Victoria al Congreso en la ciudad de Valparaíso a las 11.00 am de este martes 15 de noviembre con el fin de presionar para que se rechace la propuesta del ejecutivo.

¿Cómo saldremos a ganar nuestras demandas en un escenario político y económico adverso?

Este puntapié, a nivel nacional, a movilizarse viene precedido por los ejemplos contra la resignación pre y post plebiscito de las y los funcionarios de la comuna de San Bernardo que paralizaron 11 días y levantaron organismos de democracia directa como el caso de la mesa de delegados por servicio del CESFAM Carol Urzúa; o el caso de los centros de Salud de Viña del Mar que el 7 del presente mes iniciaron paro y movilizaciones. Ambos casos enfrentando esa resignación a las condiciones de trabajo y carencia de recursos, medicamentos e insumos, cuestiones que se enmarcan en ambientes de agobio e inestabilidad laboral (contratas, honorarios, reemplazos) que golpean la salud mental de miles de trabajadores.

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Como decíamos antes, es una negociación ramal de 16 gremios, pero que históricamente se ha mostrado frágil en su cohesión cuando el gobierno busca "quebrar" la mesa ofreciendo concesiones focalizadas a los gremios más pequeños, cuyos dirigentes velan por intereses sectoriales y no por la unidad y coordinación junto a las bases para que las demandas transversales sean cumplidas en base a una fuerte movilización, cuando hablamos que somos alrededor de 1 millón de trabajadores y trabajadoras del sector público.

Desde quienes buscamos esa unidad y coordinación, desde la Agrupación de trabajadores de salud “Abran Paso” planteamos, como lecciones previas, que es urgente y necesaria la mayor democracia de base y asambleas donde se discutan tanto los “números” de la negociación como los métodos a seguir, el cómo fortalecer la movilización y la coordinación de trabajadores y la comunidad. Una coordinación para enfrentar el encarecimiento de la vida como propone la Coordinadora de Trabajadores Unidos de la Zona Sur y el Sindicato de Starbucks, Burger King y otros de la comida rápida, perteneciente al sector privado articulado en la CUT.

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En este sentido discrepamos con las dirigencias nacionales de los gremios de la salud como las CONFUSAM o FENATS o FENACOOR que mantienen alejadas a las bases entre sí, fragmentado al movimiento, por lo que se requiere de la conformación de delegaciones de base y coordinaciones entre los distintos centros de salud y los demás sectores para enfrentar en unidad, como un solo puño las políticas de ajuste y “responsabilidad fiscal” del gobierno de Boric y los partidos del régimen, con el objetivo de dar un ejemplo de cómo enfrentar la crisis económica, para que no seamos las y los trabajadores quienes carguen con esta y se ajusten los cinturones, sino los grandes empresarios -que abultaron sus billeteras en pandemia- quienes vean realmente afectadas sus billeteras de miles de millones de dólares, pero en función de las necesidades de las grandes mayorías.

Pero el arreglo salarial o de los presupuestos para las instituciones públicas no termina resolviendo la crisis de representatividad, de corrupción y de gestión que las atraviesa. Es así que desde la Agrupación Abran Paso reivindicamos y realzamos el proceso de gestión y control de la producción que se lleva a cabo en Paillaco en la Ocupación Productiva del Fundo Huite, administrado entre trabajadores agricultores y lecheros del Sindicato Chilterra y la comunidad mapuche quienes en medio de la crisis internacional de alimentos se han unido y están administrando y produciendo sin la necesidad de dueños ni gerentes ni jefaturas, un potente ejemplo para enfrentar la situación y que la crisis no la paguen los trabajadores y de que somos capaces de manejar el funcionamiento y los recursos de nuestros centros de trabajo, lejos de las manos sucias y avaras de empresarios o autoridades de turno.

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