El Tribunal Constitucional nuevamente ha fallado a favor a los empresarios involucrados en el caso Cascada con lo que se reducirían las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros en 2014. También se dio a conocer por parte del Ministerio Público que un el 64% de las causas por delitos de “cuello y corbata” se archivaron en 2018. Tiempos Mejores para los corruptos empresarios.
Francisco Sepúlveda Romero Médico y parte de la Agrupación de Trabajadores de la Salud "Abran Paso"
Sábado 26 de enero de 2019
Buenas noticias para la corrupta casta empresarial, y es que la tercera cámara, como es llamado el Tribunal Constitucional, falló a favor de Aldo Motta y Patricio Contesse, por lo que sus sanciones dadas por la Superintendencia de Valores y Seguros impuestas en 2014, podrían verse reducidas si se ratifica lo votado por el TC.
La multa de Aldo Mota ascendía aproximadamente a 24 millones de dólares, mientras que la de Contesse a unos 2 millones y medios de la divisa norteamericana, pero que con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional podrían reducir a la cifra de 600 mil dólares.
Esta sanción es producto de una serie de operaciones financieras fraudulentas efectuadas entre los años 2008 y 2011, y en donde la SVS (hoy Comisión de Mercado Financiero) indagó la existencia de un esquema ideado por Julio Ponce Lerou, y en donde Motta y Contesse, gerentes generales de las sociedades Cascada y Potasios, apoyaron con tal de dejar disponibles acciones para rematar en el mercado que luego recompraban con precios mayores a los de su venta inicial. Por lo que mientras las distintas sociedades que vendían sus activos recibian utilidades, los accionistas de la compañía Cascadas asumían los sobrecostos de las operaciones fraudulentas.
El fallo del tribunal, que había aplicado el mismo criterio a las multas aplicadas a Ponce Lerou, va de la mano con la lógica de una justicia para ricos y otra para pobres, que se ha hecho evidente al momento de juzgar a políticos o empresarios involucrados en bullados casos de corrupción, como el caso PENTA y SQM. Esto se evidencia con los datos del boletín estadístico anual del Ministerio Público, que ha mostrado cómo los delitos “de cuello y corbata” no terminan finalmente en condenas para los involucrados.
A pesar de que en 2018, hubo un aumento de un 24% en comparación a 2017 de denuncias por delitos económicos y tributarios, del total de 135.370 casos cerrados en 2018 por delitos económicos, solo un 3,2% terminó en condena. Las razones están ligadas principalmente a los acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales del procedimiento, sumando además, el hecho de que un 64% de los casos se cerraron con archivo provisional, evidenciando nuevamente que en términos económicos hay un chipe libre para los delitos de cuello y corbata, mientras que a la clase trabajadora, se le culpa y condena con todo el rigor que la ley, al servicio del sistema capitalista, permite.
