OFENSIVA EMPRESARIAL. 2020: ¿Año de la “separación funcional” de Telmex?

De acuerdo al calendario establecido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para realizar la “separación funcional” de Telmex, se acercan dos “hitos” que pondrían fin a este proceso iniciado bajo el gobierno anterior y continuado por el actual, a pesar de sus discursos “antineoliberales”: la “migración” de alrededor de 15 mil telefonistas hacia una “nueva” compañía (31 de enero) y su puesta en marcha (inicios de marzo).

Esta política “recomendada” por la OCDE al gobierno anterior, así como la “reforma en telecomunicaciones” y el conjunto de “reformas estructurales”, han sido “respetadas” por la administración de López Obrador bajo el argumento de que atraen inversión extranjera al país y al cancelarlas se “desestabilizaría” la economía. Solo la “reforma educativa” fué “abrogada” y modificada, pero más como una mediana concesión al magisterio combativo -después de años de férrea resistencia- que como una perspectiva ideológica opuesta a la ofensiva neoliberal.

AMLO ha dicho que respeta la “autonomía” del IFT (una institución nacida de las reformas del PRI-PAN-PRD) y ha elogiado la “reforma en telecomunicaciones” desde que estaba en campaña. Actualmente, argumenta que “no puede” abolir por decreto un mandato federal como el de la “separación funcional” de Telmex, dejándole a la Suprema Corte la cancelación o no de esta política en un caso que puede tardar años en ser atraído a sus tribunales pero, considerando la visión propatronal de la Corte, cuya resolución puede ser contraria a la esperada por los trabajadores y de forma inusualmente expedita, como lo demostró el caso del SME.

La “mesa intersecretarial” que el gobierno ofreció en septiembre pasado para resolver el conflicto -producto de la presión del sector de jubilados del STRM-, lejos ha estado de ser un espacio en donde se discuta la cancelación de la “separación funcional” o las necesidades más acuciantes de la base telefonista. En su lugar ha servido como un medio para descomprimir el descontento de base, creando expectativas en un gobierno que ha demostrado no estar por modificar, más que “cosméticamente”, la estructura económico-política forjada por los gobiernos declaradamente neoliberales.

Pero dicha mesa también ha funcionado como un “foro” para el patrón, desde donde pelea sus exigencias comerciales (como el triple play) y laborales (como la reducción o eliminación de las jubilaciones o de contratación de personal hasta por 5 años) bajo el escandaloso argumento de que se encuentra en “números rojos”a causa de las medidas “asimétricas”.

A la par del calendario del IFT, el Sindicato deTelefonistas de la República Mexicana mantiene vigente un emplazamiento a huelga contra Telmex desde el 2017 para “prevenir” que el patrón divida los activos de la compañía sin antes “negociarlo”. Estrategia que en estos tres años no ha ayudado a detener ni uno solo de los pasos dados por la empresa en el proceso de “separación funcional”, que ahora está a semanas de culminar.

La última “prórroga” pactada por el sindicato vence el próximo 23 de enero y la organización sindical reunirá una “Asamblea Nacional de Representantes” este sábado 18, para determinar si se estalla la huelga contra la ejecución de la “migración de personal” y la puesta en funcionamiento de la “nueva” empresa, o se acepta el convenio que gobierno, IFT, Telmex y la dirección sindical vienen platicando.

Convenio que, como es costumbre, solo será revelado el mismo día de la Asamblea -o a escasas horas del posible “estallamiento” de huelga- por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del STRM, para evitar que los delegados y las delegadas lleguen preparados con discusiones y mandatos de base desde sus respectivas especialidades y departamentos.

Lejos de incrementar la presión hacia el gobierno de la “4T” para lograr la eliminación de la “separación” y evitar así que los derechos y prestaciones de la base telefonista se vean amenazados, la dirección general del STRM ha optado por respaldar la supuesta “imposibilidad” de AMLO para revertir la medida y el discurso catastrofista del patrón sobre sus “números rojos”. Esto para convencer a la base de desistir de la demanda por la cancelación de la “división” y llevarla a aceptar los compromisos del gobierno con transnacionales como AT&T y su apoyo a los intereses de Carlos Slim, con un discurso atemorizante sobre el “peligroso” camino de la lucha.

Así como en 1989, cuando la dirección telefonista pactó la “privatización de Teléfonos de México” con Salinas de Gortari y Carlos Slim, la dirección del STRM tiene en sus manos la decisión de aceptar un nuevo golpe neoliberal sobre las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores o apostar a la lucha política en la conquista de sus justas demandas, haciendo uso de su peso estratégico en la economía y política nacionales.

La base telefonista no tiene por qué pagar por las maniobras financieras del patrón, mediante las cuales ha ido desmembrando los activos de Telmex “justificando”así reducciones de utilidades y pasando las ganancias de una bolsa a otra en un verdadero acto de “magia”.

Tampoco tiene que aceptar la continuidad de la “agenda neoliberal” que este gobierno intenta imponer de manera “disfrazada”, sino al contrario, pelear por echar abajo estas políticas que han sumido al país en la miseria y la violencia y exigir no solo el respeto absoluto a sus conquistas laborales, sino el cumplimiento de sus demandas más sentidas.