Editorial. 2021: otro año en que vivimos en peligro con la Policía Bonaerense

En los últimos dos años, bajo la gestión del gobierno del Frente de Todos, quedó a las claras las consecuencias de haber incrementado los recursos y las facultades de las fuerzas represivas en todo el país con la excusa del control de la pandemia. Y no se hicieron esperar. Casos de gatillo fácil, crímenes en los lugares de encierro, abusos policiales, desalojos a trabajadores y a familias. La desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro o el violento desalojo de las familias en Guernica, hechos ocurridos en 2020, son algunos ejemplos de un mapa represivo ejecutado por la Policía Bonaerense y sostenido por el gobierno de Axel Kicillof.

En el presupuesto bonaerense para 2022, aprobado a los apurones el 29 de diciembre, el área de Berni contará con nada menos que $261.816.673.000. “Es la proyección más grande en la inversión del Ministerio”, dicen desde el Frente de Todos, esto implica un 6,1% más que el año anterior. No correrán la misma suerte las áreas de salud y educación; mucho menos vivienda.

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El único bloque que denunció este presupuesto de ajuste fue el FIT Unidad, señalando que la partida presupuestaria que destinó el gobierno provincial a Seguridad “es una vía para fortalecer la represión. Ya lo vimos al ministro Berni desalojando trabajadores de una cooperativa en Wilde, o a las familias sin techo en diferentes puntos de la Provincia. Pero no solo eso, con este Presupuesto el Gobierno de Kicillof también premia a las fuerzas de seguridad nombrando más efectivos y permitiendo que sean los únicos con derecho a la planta permanente, mientras que miles de docentes y trabajadores de la salud de la Provincia deben seguir en condiciones de precarización”.

La Izquierda Diario informó durante el 2021 las muertes, desapariciones, causas armadas a jóvenes trabajadores, los brutales desalojos a familias que exigían un pedazo de tierra para vivir; trabajadores y trabajadoras que exigían por sus puestos de trabajo. Una política criminal a manos del Estado que se impone como “solución” a las necesidades de los sectores populares. Aquí un racconto de los hechos más destacados que muestran que no es un policía, es toda una institución.

Maldito gatillo

En la provincia de Buenos Aires, la bien conocida “maldita policía” estuvo a sus anchas durante el 2021. Según los datos abiertos que presenta en su sitio web la Comisión Provincial de la Memoria, hasta el mes de noviembre de 2021 hubo 100 personas muertas por el uso de la fuerza policial en territorio bonaerense, la mayoría de las víctimas fueron jóvenes con un promedio de edad de 26 años.

En febrero, Úrsula Bahillo fue asesinada a puñaladas por su ex novio, Matías Martínez, efectivo de la Bonaerense que ya había sido denunciado y tenía una restricción perimetral. Berni había dicho que este femicidio "nada tiene que ver con el accionar policial”, sin embargo los femicidios a mano de agentes de la fuerza son considerados la primera causa de muertes de mujeres a manos del aparato represivo estatal, según el informe anual que presenta Correpi.

La noche del 20 de marzo, en el partido de Gral. San Martín policías de la Bonaerense asesinaron a balazos a José Luis Fernández en los alrededores del Hospital Provincial Manuel Belgrano. Fue rematado en el piso por un policía de civil quién le efectuó tres disparos mientras José Luis agonizaba.

En el mes de abril, Ignacio Seijas, quien perdió un ojo por un disparo policial, fue brutalmente golpeado luego de tenerlo detenido en una comisaría en Banfield. Un mes después, en Hilario Ascasubi, cercano a la localidad de Pedro Luro, un joven de 14 años fue salvado por los vecinos de una golpiza policial.

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Franco, un joven de 25 años y padre de un niño de 8, fue detenido en la madrugada del 29 de mayo por el COT, la policía municipal de Tigre y la Bonaerense, a media cuadra de la casa de su novia. Luego de golpearlo ferozmente, lo llevaron detenido a la comisaría 3ª de Don Torcuato. Franco murió dentro del patrullero.

En julio, el músico Chano Carpentier fue internado en terapia intensiva, luego de ser baleado por un policía bonaerense ante una situación que requería atención médica. No faltaron los poliladrones que en La Plata le robaron a menores de edad una bicicleta y una mochila.

El 21 de noviembre, Thomás Agustín Ramos, de 22 años de edad, fue con su novia y amigos a divertirse a un boliche en La Matanza. A la salida lo atropelló un auto y se generó una discusión y un tumulto de gente. Ante esto el sargento Gustavo Pedrozo disparó “al montón” hiriendo de gravedad al joven.

Luciano Olivera fue asesinado por la Policía Bonaerense el 10 de diciembre en la localidad bonaerense de Miramar; volvía de jugar al fútbol en moto, quisieron “identificarlo” y empezaron a perseguirlo. El mismo día, Agustín Méndez de 15 años murió luego de que la moto en que se movilizaba fue embestida por un móvil de la policía de Berni en General Rodríguez.

Las causas armadas contra jóvenes trabajadores de las barriadas populares como los casos de Santiago Almirón y Mariano Kuchar son una práctica cotidiana de la Policía Bonaerense, como de todas las fuerzas provinciales y también las federales. Con ella buscan mantener controlada y amenazada a la población y a la vez “resolver” casos en los que, por lo general, hay implicados efectivos de la fuerza.

No podemos dejar de mencionar las causas contra cultivadores de cannabis con espectaculares allanamientos como fueron los casos de ocurridos contra jóvenes de Puán, Azul y Sierra de la Ventana y contra una odontóloga en La Plata, mientras el gobierno se apura para hacer lobby con el cannabis industrial. “¿Por qué en Jujuy hay 14.000 hectáreas para la exportación? ¿Por qué el Estado puede producir cannabis medicinal y nosotros no? Hay que hacer algo con la ley, con el consumo de cannabis, con las fuerzas de seguridad”, decía la odontóloga Edith Berstein a este medio.

La desaparición de Tehuel de la Torre, joven trans que salió de su domicilio a una entrevista laboral en el mes de marzo, mostró crudamente la vida que atraviesan las personas trans y travestis. A la discriminación sistemática y el acoso de las fuerzas represivas, se le suma la falta de acceso a un trabajo con derechos, a la salud, a la educación y una vivienda digna.

La gestión peronista en la provincia de Buenos Aires no se hace cargo de ninguno de estos casos. Tampoco de las muertes en comisarías como la de Alejandro Martínez en una comisaría de San Clemente o Alejandro Arenas en Avellaneda; ni de represiones en una fiesta en Escobar o en los festejos de Año Nuevo en Berisso. Manzanas podridas sin profesionalismo según los funcionarios que se vuelven el justificativo para saturar las calles y las barriadas populares de policías.

Defender la propiedad... de unos pocos

En nombre del “respeto a la propiedad privada” de terrenos que en muchos casos son del propio del Estado (y no los usa) y en otros pertenecen a empresarios que los adquirieron, como mínimo de manera irregular, los gobiernos -nacional y provinciales- optan por responder con represión policial.

La crisis habitacional afecta a más de 3 millones de personas, de las cuales una gran parte está en la provincia. En el territorio bonaerense la política represiva contra las familias sin vivienda y trabajadores que defendían sus puestos de trabajo fue moneda corriente durante el 2021. El salvaje desalojo a las familias de la toma de Guernica demostró lo que eran capaces de hacer en defensa de la propiedad.

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Días previos a un nuevo aniversario del golpe militar, trabajadores del frigorífico Arrebeef y sus familias que reclamaban condiciones dignas de trabajo y salario fueron salvajemente reprimidos. Luego de la represión con balas de goma, hubo una verdadera cacería en las calles del pueblo de Pérez Millán.

En el mismo mes, 140 familias de la toma del Barrio Manzanares fueron desalojadas sin orden judicial. Lo mismo ocurrió en el barrio de Romero de la ciudad de La Plata, cuando alrededor de 70 familias intentaron habitar terrenos y tuvieron que soportar también la represión y el encarcelamiento. "No puedo darle de comer a mis hijos si pago el alquiler”, fue la cruda confesión de una de las mujeres que formaba parte de la toma.

Siguiendo en la capital bonaerense, el 29 de junio efectivos policiales con patrulleros y una topadora, desalojaron a varias familias e integrantes de un centro cultural que ocupaban unos terrenos pertenecientes a la ex fábrica de cal Fasacal, sobre cuyos dueños pesa una denuncia por crímenes de lesa humanidad y que pertenece a la familia de un funcionario del intendente Julio Garro.

En agosto el jefe de Gabinete Martín Insaurralde agradeció la actuación policial en un allanamiento a dos comedores barriales en Lomas de Zamora. En noviembre las víctimas de la brutalidad policial fueron 300 familias en Ciudad Evita que reclamaban tierras para vivir. El desalojo se produjo de noche desatando una furiosa persecución, dejando múltiples heridos y detenidos.

Otro desalojo contra trabajadores ocurrió a principios del mes diciembre cuando la Policía Bonaerense ingresó brutalmente a la textil autogestionada Nueva Generación de la localidad de Wilde, donde también funcionaba un jardín de infantes. Más de 120 personas, entre trabajadores de la textil, de otras cooperativas y periodistas, fueron detenidos tras recibir golpes.

A las 6:30 del 24 de diciembre, la policía que conducen Berni y Kicillof ingresó por la fuerza al barrio “1 de noviembre”. Incendiaron casillas, comedores y hasta colchones y comida de los merenderos.

Política de Estado

La desocupación en el Conurbano bonaerense supera al 10 % del promedio nacional y entre las y los jóvenes se ubica entre el 16 y el 24 %. El 44 % de las y los habitantes del país son pobres. Ésta es la gravísima situación que viven millones de bonaerenses.

Lejos de buscar una verdadera salida a esta crisis, como viene planteando el FIT Unidad con el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados con un salario equivalente a la canasta familiar, el Gobierno utiliza para contener los planes sociales , que son tan insuficientes que no cubren la canasta básica de alimentos.

Y cuando la crisis se agudiza, el Gobierno hace uso de su aparato represivo para contener. Aquí la derecha, aún con matices, no tiene contradicciones en ese sentido. Éste es el objetivo de apuntar permanentemente a la saturación policial de los barrios (aprovechando cualquier hecho que la propia crisis genera para legitimarla): el control social extremo de las barriadas populares en una situación desesperante. Aceptar los condicionamientos que impone la relación con el FMI implica, tarde o temprano, ajustar y reprimir.

Carla Lacorte, quien sufrió de forma directa el gatillo fácil sostuvo en una entrevista: “hay crisis, los gobiernos toman el problema de la inseguridad como legitimación del fortalecimiento de las fuerzas represivas, se empieza por los barrios, porque la represión a la protesta está limitada por años de lucha, pero el objetivo final es golpear sobre la lucha de clases”.