Se cumplen cuatro años de la operación Judas. Mientras, los miembros de los CDR investigados siguen pendientes de juicio bajo la acusación de terrorismo. Un montaje policial y judicial pensado para tratar de abortar las previsibles movilizaciones contra la sentencia de 2019 y que dio el pistoletazo de salida a toda una ofensiva represiva en Catalunya.
Lunes 25 de septiembre de 2023
El 23 de septiembre de 2019 nueve miembros de los CDR eran detenidos de madrugada mientras la Guardia Civil registraba los domicilios y atemorizaban a sus familiares. Después serían investigados hasta cuatro personas más. La prensa se hacía eco desde el primer minuto de la Operación Judas.
Empezaba así la ofensiva de criminalización hacia el movimiento independentista previa a las movilizaciones por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas presos que tenían que estallar semanas después.
Cuatro años después, después de haber salido en libertad provisional, los doce miembros de los CDR siguen a la espera de que el juzgado de la Audiencia española abre juicio oral, tal y como pide la fiscalía desde el pasado mes de junio.
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En concreto, la fiscalía pide de juzgar por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos a Eduardo Grazón, Sònia Pascual, Germinal Tomàs, Alexis Codina, Esther Garcia, Jordi Ros y Rafael Delgado. Y por delitos unicamente de pertenencia a organización terrorista a David Budria, Ferran Jolis, Xavier Buigas y Clara Borrero.
Además de los delitos que les atribuye la fiscalía, si por algo destaca también la Operación Judas por encima de cualquier otro caso de criminalización hacia la izquierda independentista durante estos cuatro años, es por la vulneración absoluta de los derechos a la defensa durante las detenciones primero y después en el mismo régimen penitenciario. Además de una puesta en escena policial brutal y presiones constantes para efectuar declaraciones manipuladas por parte de la Guardia Civil, recordando todo a una aplicación de la Ley Antiterrorista de forma encubierta, tal y como han declarado en numerosas ocasiones los abogados de Alerta Solidària.
No obstante, los doce miembros de los CDR investigados por la operación Judas forman parte de los más de 4.000 encausados y encausadas en toda Catalunya por participar en el movimiento democrático catalán y defender sus aspiraciones al derecho a la autodeterminación desde el uno de octubre de 2017.
Ante esto, es necesario una gran movilización por la amnistía total para todas y todos los luchadores represaliados y encausados, de forma independiente y opuesta a la que están negociando los líderes independentistas de los partidos burgueses de Catalunya. Una amnistía pactada con el PSOE y Sumar, que dejaría por fuera a gran parte de estas 4.000 personas y que, además, beneficiaría también a los policías represores del uno de octubre, tal y como señaló Yolanda Díaz.
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