Sábado 12 de marzo de 2016
Durante estas últimas semanas se vienen desarrollando en Tucumán diversas reuniones para organizar la marcha del 24 de Marzo. Durante los últimos 10 años en gran parte del país se realizaron dos marchas conmemorativas: las que organizamos los sectores independientes de todos los gobiernos y el Estado, referenciados en el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia donde confluyen organismos de DDHH, movimientos sociales, sindicales y los partidos de izquierda (denunciando la impunidad de ayer y de hoy), y las promovidas por las organizaciones y organismos de DDHH kirchneristas. Recordemos que esta división se produjo inicialmente en 2006 cuando sectores de DDHH se negaron a exigir el inmediato cese de la persecución y torturas que estaban sucediendo en Santa Cruz en medio de la huelga petrolera para no confrontar con el gobierno, y que luego se continuó con el silencio sobre la desaparición de Julio López, los más de 5000 procesados por luchar y los más de diez luchadores asesinados en protestas bajo el kirchnerismo. En Tucumán esa división se expresó un año después.
Este año y a partir del nuevo gobierno de Macri, algunos sectores de DDHH y partidos de izquierda, como el MST y el PCR, vienen impulsando en algunas provincias (pero no en todas) la necesidad de una marcha común en base a algunos puntos mínimos que "permitirían confluir" a la izquierda con sectores del kirchnerismo.
Tal es el caso de Tucumán, en donde las consignas -que estos compañeros y compañeras consideran “concesiones” del kirchnerismo- evitan mencionar (y por lo tanto ocultan) la propia responsabilidad política del Frente para la Victoria. Por ejemplo incorporan en las consignas "indagatoria a Milani", ¿acaso este planteo no representa un retroceso con respecto a la exigencia de cárcel común a todos los genocidas?; o incorporan "acompañamos a Alberto Lebbos y la Comisión de Familiares y exigimos justicia", ¿y el encubrimiento político garantizado por el propio Alperovich durante 10 años a este terrible crimen?; e incluso la consigna "Justicia por Julio López. Denunciamos la responsabilidad política de su desaparición" pero ¡no dice de quien es esa responsabilidad y nuevamente silencia 10 años de encubrimiento! Ni hablar de Mariano Ferreyra, los hermanos Qom, la ley antiterrorrista, el proyecto X, las sucesivas represiones ilegales de Berni a los obreros de Lear, la responsabilidad de Aníbal Fernández en el asesinato de Kosteki y Santillán.
Todos vamos a tener acuerdo en que parte central de la marcha es la denuncia a la visita de Obama y al imperialismo, en repudiar el protocolo antiprotesta y la política de ajuste y pro empresarial del Gobierno de Macri. Incluso si de resistir los ataques del macrismo se trata, el PTS/Frente de Izquierda se viene ubicando en primera fila de la resistencia confluyendo en la acción por puntos específicos como la libertad a Milagro Sala, en apoyo a los trabajadores del Grupo 23, del CC Néstor Kirchner y frente a los miles de despidos que ya se están aplicando. Pero sería un gran error que a 40 años del golpe genocida no exista una convocatoria que denuncie claramente el conjunto de políticas de entrega nacional, represión, infiltración y encubrimiento que hubo durante todos los últimos gobiernos.
Si este planteo fue válido en la disputa política que llevamos adelante las organizaciones de izquierda junto a los organismos de derechos humanos independientes contra la cooptación del kirchnerismo, más aun provincialmente, consideramos que sería criminal encolumnarse en esta fecha tan significativa junto a organizaciones políticas que forman parte de un gobierno que viene sosteniendo un pacto de gobernabilidad con la jerarquía eclesiástica cómplice de la dictadura, que ha reclutado funcionarios del gobierno bussista como Guzmán, que no ha sido capaz de anular el código contravencional heredado de la dictadura, que viene dando cada vez más poder a la descompuesta policía torturadora como la provincial (solo por nombrar algunas cosas) y que asumió en medio de una escandalosa represión en Plaza Independencia para consolidar su fraude.
De la misma forma, es inocultable que el ajuste que se lleva adelante a nivel nacional, que en Tucumán tiene a José Cano como la cara visible de esas políticas, viene llevándose de la mano de gobernadores del FPV como Juan Manzur e intendentes como German Alfaro del Acuerdo para el Bicentenario. En casos como los estatales de Santa Cruz y los docentes de Santiago del Estero, el FPV también ha recurrido a la represión.
Por eso desde el PTS en el Frente de Izquierda venimos planteando la necesidad de mantener una convocatoria independiente de todos los gobiernos y el Estado partiendo de los acuerdos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En este sentido estamos dispuestos a discutir todas las variantes para que se exprese un bloque político diferenciado de la convocatoria de las organizaciones kirchneristas, con su propio documento y acto.
