El 26 de junio de 1980, se quemaban cerca de un millón y medio de libros incautados al Centro Editor de América Latina (CEAL). Fue uno de los grandes episodios de atentado contra la cultura que caracterizó a la última dictadura militar.
Miércoles 22 de marzo de 2017 13:32
Foto: de Ricardo Figueiras
La quema de las 24 toneladas de libros, según constataba en actas, fue el punto culmine de una serie de atentados y persecución sistemática a los trabajadores de la editorial. Incluso, su fundación se debió a que Spivacow se vio obligado a abandonar la Editorial Universitaria (EUDEBA), producto de lo que fue conocido como la Noche de los Bastones Largos durante el gobierno de facto de Onganía y debido al Decreto-Ley N° 16.912 que establecía que “Corresponde al ministro de Educación y Justicia, el ejercicio de las atribuciones reservadas por los estatutos de las universidades a los consejos superiores o directivos. Funciones de los rectores o presidentes de las mismas, no podrán realizar actividades políticas”.
El CEAL sería fundado en 1966, con la mayoría de los integrantes de EUDEBA, reuniendo a grandes intelectuales de la época. Uno de los objetivos perseguidos por la editorial había sido generar libros a un bajo precio para que todos puedan acceder a los mismos, buscaban democratizar el conocimiento, como una necesidad, para que el mismo no sea un lujo para unos pocos. Algunas de las temáticas abordadas por sus colecciones eran sobre historia contemporánea, el movimiento obrero, literatura, entre otras.
Uno de los más grandes golpes para los trabajadores del CEAL fue el secuestro y asesinato de uno de sus miembros en manos de la Triple A en 1974. Posteriormente, en diciembre de 1978, dos meses más tarde de que sea dictada la Resolución 2.977, la cual establecía una lista de libros censurados; son allanados y secuestrados los libros que luego serían quemados, en Sarandí, Avellaneda. Los hechos quedaron documentado a través de expediente y material fotográfico, para dejar sentado que “nada era robado” y que se había actuado acorde a las órdenes de Héctor Gustavo de la Serna, un teniente retirado que operaba como juez, esgrimiendo la Ley 20.840, argumentando que dicho material era “atentatorio a la realidad social actual de nuestro país (...) propiciando (...) la difusión de ideologías marxistas (...)”.
La elección del título de la nota fue en alusión a la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que era la temperatura a la que ardían los libros al ser quemados, que equivaldría a 233°C. La novela da cuenta de una sociedad que no lee, dado a que todos los libros estaban prohibidos, con la finalidad de que las personas sean “felices”, a costa de no cuestionar su realidad, ni siquiera pensar por sí mismos. La censura de libros durante la última dictadura militar, como también la persecución de escritores, editores y artistas tenían el mismo objetivo, querer aplacar al proceso cultural que se desarrollaba en una sociedad que se organizaba contra la opresión, queriendo así disciplinarla.
