24 DE MARZO. 24M y el rol de las fuerzas represivas en las crisis

En un nuevo 24 de marzo, atravesado sin dudas por la emergencia sanitaria que se da a nivel global con la pandemia generada por el Covid-19, agravada por la crisis económica casi inminente por la enorme deuda odiosa que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional. Creemos que es necesario hacernos algunas preguntas sobre el pasado reciente para reflexionar acerca del lugar que ocupan hoy en día las fuerzas de seguridad en Argentina.

Hace 44 años tenía lugar el golpe cívico – eclesiástico – militar más cruento de nuestra historia, que a su vez encontró respuesta en la enorme lucha de madres y abuelas que incansablemente siguen peleando por los derechos humanos en la actualidad, y que a cada paso nos llenan de energías para batallar contra la impunidad de ayer y de hoy. Muchas de estas valientes mujeres nos enseñaron que la lucha es en las calles, que todos los derechos siempre se arrancaron peleando, y que con los artífices del golpe y sus aliados no hay reconciliación posible.
Sin embargo, no todos en la política argentina tomaron esta última lección, veamos. El arco de partidos políticos que estuvieron en el gobierno desde 1983 hasta el presente, pasando por las diversas variantes de peronistas y radicales que venían de colaborar con decenas de funcionarios a la última dictadura, tuvieron una serie de políticas que se pueden entender como parte del intento de relegitimar a las distintas fuerzas de seguridad ante la sociedad.

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Haciendo un poco de historia

Gracias a la campaña tanto en el plano nacional como internacional llevada adelante por los organismos de derechos humanos, como también por el estrepitoso fracaso de los militares en la aventura de Malvinas, el desprestigio que tenían las fuerzas armadas a la salida de la dictadura era enorme. Esto último implicaba una limitación para los gobiernos constitucionales que en función de defender los intereses de la democracia burguesa, como la propiedad privada, tuvieron que apoyarse en las demás fuerzas de seguridad para fortalecer el brazo armado del Estado sobre todo en momentos de crisis sociales.

Por esta razón, es que en primer lugar Alfonsín y luego con distintos matices el resto de los presidentes venideros tuvieron políticas de reconciliación con estos sectores, mientras a la vez daban cuenta de la enorme presión de los movimientos por los derechos humanos que luchaban por justicia y cárcel a los genocidas. Las máximas expresiones de estos gestos los podemos encontrar en las leyes de “obediencia debida” y “punto final” de 1987, que se dieron como preludio a la desastrosa hiperinflación de 1989 que genero un enorme descontento popular contra el gobierno.

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También podemos ver esta lógica en losindultos del ex presidente Menem, que entre 1989 y 1990 liberaron a más de 200 militares.

Utilizando después durante todo su mandato el peso de las policías nacionales y provinciales para aplacar las huelgas de los trabajadores que se enfrentaban a las privatizaciones de un modelo neoliberal que a su vez generaba los primeros movimientos de desocupados, que también fueron duramente reprimidos como el emblemático “Cutralcazo” que dio origen al movimiento piquetero.

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Los recientes gobiernos kirchneristas sin embargo tuvieron otros desafíos y otra retórica. Particularmente la presidencia de Néstor Kirchner tuvo lugar poco tiempo después de que la resistencia obrera y popular junto con las huelgas generales tirara abajo al presidente De La Rúa, que antes de irse declaro el estado de sitio que se llevó la vida de 39 asesinados por luchar en manos de la Policía.

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Este sin dudas fue un nuevo quiebre en la historia argentina que volvió a poner sobre el tapete la fragilidad de las instituciones de gobierno y las fuerzas de seguridad, por lo cual el kirchnerismo tuvo que jugar el papel de relegitimar nuevamente a estas instituciones, mientras desarrollaba una política que devino en la cooptación de gran parte de los organismos de derechos humanos que depositaron grandes expectativas en este gobierno.

En ese marco se conquistaron las derogaciones de las ya mencionadas “leyes de impunidad” y la apertura de muchos de los juicios que habían sido frenados anteriormente. En este sentido siguió la lucha de un sector de los organismos por la apertura de todos los archivos clasificados, que permitirían encontrar a los nietos que faltan y juzgar no solo a los responsables militares sino también a los empresarios y miembros de las cúpulas eclesiásticas artífices y cómplices del golpe, que en la actualidad siguen impunes.

También hubo grandes gestos de parte del gobierno hacia las fuerzas armadas, como podemos ver en el nombramiento del militar denunciado Cesar Milani al mando del ejército durante el último gobierno de Cristina Kirchner http://www.laizquierdadiario.com/Irrefutable-las-actas-que-demuestran-que-a-Milani-lo-denuncian-por-genocida-desde-1979. Al mismo tiempo en que desataba una feroz represión a las distintas luchas que dieron durante esos años los trabajadores de Casino Flotante (Caba) y Mafissa (La Plata) en 2007, Kraft en 2009 y Lear en 2014, mencionando solo algunos ejemplos paradigmáticos. Además, utilizaron para este objetivo la sanción de la cuestionada “ley antiterrorista” y el peligroso “proyecto X” montado para vigilar a la protesta social.

En los últimos años podemos ver una continuidad de este intento de reconciliación con el fallo del 2017 en el que la corte suprema pretendía darle “dos por uno” a las condenas de algunos genocidas, durante la presidencia de Mauricio Macri que avalo la medida, pero tuvo que frenarla debido a la gran movilización del pueblo repudiando al fallo. O como podemos ver con los aumentos presupuestarios no solo para las fuerzas de seguridad sino también para las militares durante su mandato. No es casualidad que este incremento se diera en su gobierno ya que la propia familia del ex presidente Macri es una de las que más se enriqueció durante la dictadura, al haber pasado de 7 a 47 empresas en ese período.

Fueron múltiples las represiones contra los sectores populares que tuvieron lugar con Macri y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, pero encontramos dos hitos claves que marcan esta relación: por un lado la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería nacional, y por el otro la encarnizada represión policial a los trabajadores y el pueblo que se manifestaron contra el robo a los jubilados en las jornadas del 14 y 18 de diciembre en 2017.

¿Controlando al coronavirus o a la sociedad?

El presidente Alberto Fernández hace tan solo un par de semanas, planteo públicamente que frente a los hechos que tuvieron lugar en la última dictadura: “toda la Argentina debe dar vuelta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”. Esta frase de por si generó muchas polémicas.

Pero con el famoso diario del lunes, podemos ver como la intención de la frase fue a su vez un adelanto de la política que ahora está teniendo el gobierno durante el aislamiento obligatorio. A propósito de la pandemia y con el objetivo de controlar a un “enemigo invisible” como el virus, se está llevando adelanta una política que implica el reforzamiento de la presencia policial en las calles, con control de cuerpos militares en los accesos y fronteras, y el permiso para que las mismas fuerzas hijas del genocidio como Gendarmería sobrevuelen las ciudades.

Al comienzo de este articulo planteamos una serie de interrogantes para pensar nuestro presente partiendo del recorrido histórico que tienen la relación entre gobiernos y fuerzas de seguridad. Creo que este repaso es necesario para entender dónde estamos parados hoy y a que intereses responde la recurrente búsqueda por volver a legitimar instituciones totalmente podridas y odiadas por gran parte de los sectores populares que sufren su hostigamiento cotidianamente.

Mientras escribimos esta nota, la cifra oficial sobre detenidos en menos de una semana de asilamiento obligatorio supera los 8000. En este diario pueden encontrar las denuncias que se vienen realizando al respecto y las arbitrariedades con las cuales las policías se están manejando gracias el aval del gobierno nacional y las gobernaciones provinciales. Aunque hoy desde el gobierno nos quieran mostrar un supuesto “rostro humanitario” de las fuerzas armadas que están “colaborando” con la crisis sanitaria, no podemos olvidarnos del rol que ocuparon y que seguirán jugando estas instituciones cuando el pueblo salga a las calles a reclamar lo que le pertenece. En un nuevo 24 de marzo no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.

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