Derecho al aborto. 28S: Una lucha pendiente por el derecho al aborto para todes

Se cumplen once años de La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2010. Esta supuso un avance, ya que pasamos de una ley que reconocía tres supuestos para abortar (riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada; violación; malformaciones físicas o psíquicas en el feto) a otra de plazos que reconoce la decisión de las mujeres sobre su maternidad sin supuestos.

Sin embargo, aunque el Estado español cuenta con una de las legislaciones más amplias al respecto, en muchos casos la Ley se convierte en papel mojado ante las propias limitaciones de esta, o ante la influencia que tienen instituciones reaccionarias como la Iglesia en las estructuras del Estado.

Un reciente informe elaborado por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya y Baleares (APFCIB), cita hasta 45 barreras que impiden o dificultan la consecución del derecho al aborto, una situación que es aún más grave en otros territorios del Estado español.

La objeción de conciencia de profesionales es una de las practicas más habituales para negar o dificultar el derecho al aborto a las mujeres. Grupos de extrema derecha y religiosos que tienen mucho peso en la industria privada de la medicina en España, como el Opus Dei en Navarra, actúan como grupos de presión hacia los profesionales y pacientes de la sanidad pública. En muchos casos mediante conciertos conseguidos a través de las posiciones de los grupos políticos que representan estas ideas como el PP o Vox.

Además, grupos específicos para este fin como Red Madre son creados por sectores cercanos a la Iglesia y la extrema derecha para financiarse desde las estructuras públicas como veíamos en el caso de Zaragoza y otros sitios del estado. Actualmente están llevando a cabo en varias ciudades la campaña “40 días por la vida” en las que se dedican a acosar a profesionales y mujeres que van a abortar en la entrada de las clínicas.

Tampoco podemos olvidar que las menores de 16 años quedan fuera del derecho a decidir, ya que en 2015 Gallardón consiguió derogar el artículo que contemplaba dicha autonomía, si bien gracias la movilización masiva del movimiento de mujeres en todo el estado no pudo imponer la vuelta a la legislación anterior, lo que era su objetivo. Por otra parte, leyes como la de Extranjería impiden que las mujeres inmigrantes en condición irregular puedan hacer efectivo su derecho al aborto.

Otras barreras que se mencionan en el informe son los 3 días de reflexión obligatoria y el contenido del sobre que se entrega a las mujeres, totalmente orientado a que sigan con la gestación. A esto se suma la falta de información, la estigmatización, la penalización que todavía incluye el código penal por abortar fuera de plazo, etc.

El Ministerio de Igualdad está embarcado desde hace ya unos meses en una reforma estructural de la ley que regula la interrupción el embarazo y los derechos sexuales y reproductivos. Una reforma amplia que será tramitada como la elaboración de una nueva legislación. En un momento de avance de la ofensiva reaccionaria de la extrema derecha donde la lucha por el aborto en todo el mundo sigue vigente como en Estados Unidos, México o Polonia, sabemos que ningún derecho se conquista sin lucha. Para poder conseguir un derecho pleno y efectivo para todas y todes a abortar de forma segura y gratuita en la sanidad pública, será necesario además que saquemos a la iglesia y sus tentáculos de la estructura del estado y la educación.

Los derechos no se hacen efectivos porque se escriban en un papel sino por la fuerza y el empuje de miles de mujeres en las calles, como hemos mostrado en cada ocasión.