Este 28 de septiembre, Día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe, habrá acciones en distintas partes del mundo. En Argentina, la Campaña Nacional por el derecho al aborto llama a exigir que se apruebe su proyecto y diversas organizaciones convocan a movilizar. En la Ciudad de Buenos Aires, será frente al Congreso.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Lunes 28 de septiembre de 2020 00:00
Este 28 de septiembre, Día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe habrá acciones callejeras y virtuales en distintas partes del mundo. En Argentina, la Campaña Nacional por el derecho al aborto vuelve a exigir "a las y los decisores políticos que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo".
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Agrupaciones feministas, sociales y de la izquierda, en tanto, llaman a salir a las calles, a confiar en la propia fuerza de lucha, y convocan a concentrar en el Congreso Nacional hoy lunes 28, a las 16 horas, para reclamar por la aprobación del proyecto de la Campaña, la separación de las Iglesias del Estado, la educación sexual integral y, también, para apoyar a las mujeres que pelean por el derecho a ejercer su maternidad y tener un techo para sus hijes: las mujeres que toman tierras en Guernica y anuncian que van a resistir a la orden de desalojo de la justicia bonaerense.
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En distintas regiones, desde Jujuy a Neuquén, desde La Plata a Salta y otros lugares del país, también habrá acciones callejeras, cuidando el distanciamiento social pero buscando instalar el reclamo en el marco de una situación que alarma: mientras el gobierno nacional continúa sin abrir el debate, el proyecto que la marea verde conquistó en las calles, y le arrancó el antidemocrático Senado, corre peligro de perder vigencia este año.
No es un detalle. Mientras Alberto Fernández dice que no es un tema "urgente", en medio de la pandemia, las consecuencias de esta desición se cuenta en un aumento exponencial de los embarazos no deseados, en muchos casos producto de violaciones que como denuncia el movimiento de mujeres, también aumentaron en el marco de la pandemia y el aislamiento obligatorio.
"Los obstáculos en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva" son otra de las consecuencias. La imposibilidad de acceder en este marco a la anticoncepción gratuita o a la interrupción legal del embarazo (ILE), en las causales que contempla el Código Penal, son parte de esos obstáculos que provienen desde las propias administraciones del Estado.
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Como advierten desde la Campaña, "los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza. Por eso: es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario".
"En Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como tortura. Se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo -contemplado en el Código Penal desde 1921-, a la salud integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias. Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios", denuncian.
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Las presas por abortar y los maltratos sufridos en los centros de salud donde las cúpulas clericales tienen injerencia, igual que la casta judicial y las fuerzas policiales, son sólo una muestra de las consecuencias que tiene la criminalización de la práctica.
Como señala la abogada Soledad Deza, "cada vez que se activa la maquinaria punitiva para castigar un aborto, hay violencia estatal". De eso también estamos hablando. La cantidad de personas gestantes presas y judicializadas "por abortar", que muestran con toda crueldad el peso patriarcal de los mandatos de la maternidad obligatoria, y el rol nefasto del Poder Judicial, de las cúpulas de las Iglesias y de los gobierno locales, como muestran los casos de Tucumán, Chaco, Salta, Formosa, hablan de una realidad invisibilizada en todo el país.
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"La negativa a sancionar la ley que reclamamos, y la insistencia en sostener un marco jurídico que cotidianamente muestra sus limitaciones, pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud. En la pandemia los abortos son una urgencia real que debe atenderse", señala la carta que suscriben las organizaciones que integran la Campaña.
Entre 2005 y 2015 hubo en promedio unos 70 mil internaciones por aborto en hospitales públicos y privados del país. La legalización del aborto reduciría el 98 por ciento de esas internaciones y, por supuesto, dejaría muchas camas disponibles para la atención del COVID.
Es urgente, es ahora, y es nuestro proyecto de ley
A pesar de las promesas de campaña y los anuncios de marzo -en la apertura de las sesiones legislativas ordinarias-, Alberto Fernández sigue sin enviar al Congreso el proyecto alternativo al de la Campaña, que anunció en esa oportunidad. Los "10 días" de sus declaraciones se convirtieron en 10 meses, el proyecto jamás envió y la iniciativa de la Campaña, que ya lleva 15 años de presentaciones sucesivas, siguió siendo cajoneada.
Y como señala la declaración publicada por las organizaciones que integran el Frente de Izquierda Unidad, "al mismo tiempo que se sigue cajoneando el tratamiento de este derecho en el parlamento nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta dicta una reglamentación restrictiva de la adhesión al protocolo ILE". Una muestra de cómo se fortalece a los sectores más reaccionarios, vinculados a las cúpulas católicas y evangélicas, que también avanzan en este marco en su presencia en el Estado y en su poder de veto.
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Nos dicen que no es urgente, pero quienes luchamos por este derecho sabemos que lo es: a dos años del rechazo del Senado, en medio de la crisis que acompaña la gestión de la pandemia, que golpea brutalmente la realidad de las mujeres y personas gestantes, no podemos supeditar nuestra demanda al apoyo a ningún gobierno o institución estatal o jerarquía eclesial.
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Nuestra fuerza está en las calles y en la confianza en nuestra propia organización, en nuestras alianzas, no con los sectores que gatantizan nuestra situación de opresión, sino con los que vienen mostrando la fuerza para conquistar éste y otros postergados derechos, como las trabajadoras de la salud que enfrentan la política de vaciamiento del sistema sanitario, las docentes que siguen peleando por la educación pública y los derechos de las familias y niñes, las valientes mujeres de Guernica, que ya llevan dos meses peleando por un techo para vivir y marcan el camino.
"Necesitamos seguir impulsando un movimiento de mujeres y LGTBI independiente de todos los gobiernos, las iglesias e instituciones del Estado", dice la declaración del Frente de Izquierda, que destaca que "esa es la alianza poderosa a las que le temen los empresarios y sus gobiernos, esa es la alianza que nosotras nos jugamos a fortalecer, para darles un mensaje claro a quienes quieren descargar la crisis sobre nosotras".
A esa alianza apostamos desde la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas y desde el Frente de Izquierda Unidad para que el aborto sea ley, para que se separe definitivamente a las iglesias del Estado, para que no haya mas presas ni muertas por abortar, para que no haya una sola familia más que no tenga vivienda.
