Seis ex prisioneros políticos, luchadores contra la dictadura cívico militar de Pinochet, que sufrieron la represión política, se encuentran realizando una huelga de hambre hace 39 días.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Jueves 26 de mayo de 2016
La huelga comenzó por demandas específicas: reparación y justicia. Por un lado, los ex prisioneros demandas una efectiva reparación, aumento de pensiones, indemnización y mejoramiento en sus condiciones de acceso a la salud.
Los huelguistas son María Briones Ríos, Orlando Vásquez Sánchez, José Ortega Espinoza, René Ulloa Manríquez, Carlos Valero Vargas y José Miguel Sánchez, quienes se encuentran en la sede de la Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile (Cupemchi), cerca de Plaza Brasil.
Pero, la huelga también tiene un objetivo político: denunciar la impunidad, el amparo del gobierno a los militares violadores de derechos humanos, quienes cobran pensiones millonarias, quienes están en su mayoría libres, o en la cárcel de lujo de Punta Peuco.
La huelga ha ido cobrando mas fuerza y solidaridad, con constantes apoyos de organismos en nuestro país y el extranjero. Sin embargo, el gobierno continúa su política de negación e invisibilización. Recordemos que algo similar se hizo el año pasado, con la primera huelga de hambre, que terminó finalmente con una Mesa de Alto Nivel, en la que participaron como observadores Monseñor Goic, Lorena Fries del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y otras personas.
También en Concepción se sumó un huelguista, quién está al costado de la Catedral de Concepción, mientras otras organizaciones de ex prisioneros suman su apoyo.
Llamado a asamblea general de ex prisioneros
Este sábado 28 de mayo se cita a una reunión a todos los ex presos políticos de la dictadura, a las 10 de la mañana en la Universidad de Santiago, metro Estación Central.
Declaración de la Comisión Ética contra la Tortura
La Comisión Ética contra la Tortura señala que los ex prisioneros “Después de veinticinco años de retorno a la democracia el Estado de Chile mantiene una deuda con los y las sobrevivientes de prisión política y tortura, así como con los familiares de detenidos desaparecidos. El país sigue esperando por verdad, justicia y reparación conforme a los estándares que ha establecido el derecho internacional de los derechos humanos, situando a la persona en el centro de la política reparatoria. Del mismo modo, persiste un inmovilismo en torno a la implementación de medidas para que no se vuelvan a repetir violaciones de los derechos humanos. El flagelo de la prisión política y la tortura permanecen vigentes en un país donde el Estado reprime duramente al pueblo mapuche, a los y las estudiantes y movimientos sociales y territoriales”.
Por eso, exigen “la búsqueda de un camino que permita resolver las reivindicaciones de las y los ex presos políticos, así como: la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el nombramiento de una Comisión Nacional de Prevención de la Tortura; la tipificación del delito de tortura en el ordenamiento jurídico interno (aún en trámite legislativo); la derogación de la disposición de la Ley de Reparaciones N° 19.992 que conduce a la impunidad; la derogación de la Ley Antiterrorista; la derogación del DL de Amnistía de 1978; el término del envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas; el cierre de la base militar de Estados Unidos en Cón – Cón”.
