Pandemia. 4/20 en tiempos de Covid: El consumo como un asunto de salud, no de seguridad

El pasado 4 de abril fue aprobada en lo general la Ley para la Regularización de la Mariguana por las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado. Estaba previsto que el pleno del Senado lo aprobará este 30 de abril, pero el coronavirus le cayó como anillo al dedo a la derecha, pues la prórroga que se dio octubre del año pasado se recorre hasta el 15 de diciembre de este año.

Durante años diferentes organizaciones y sectores de la población hemos exigido la legalización no sólo de la marihuana sino de todas las drogas.

Denunciamos que la prohibición de su consumo y distribución no responde a la genuina preocupación del gobierno por nuestra salud -pues está comprobado que drogas que son legales como el tabaco y el alcohol son mucho más dañinas y generan más dependencia-, sino a la de mantener las altas riquezas que este negocio le genera al empresariado ilegal, el narco, y que por vía del lavado de dinero beneficia también a los empresarios legales.

El estigma sobre el consumo de las drogas se basa en múltiples mitos, como que todos los consumidores somos per se dependientes a las sustancias, que el consumo de sustancias psicoactivas está directamente relacionado con “conductas criminales” o autodestructivas.

Antecedentes de la guerra contra las drogas

Pero estos prejuicios no son casuales. Es bien sabido que en los ’70 Nixon impulsó una política para criminalizar al movimiento hippie y a las panteras negras relacionándolos con la mariguana y la cocaína para criminalizarlos, así como para profundizar la intervención en los países productores y por los que pasaban estas sustancias. Así inició la guerra contra las drogas, política que sería replicada en México y Latinoamérica.

En particular en nuestro país la prohibición de las drogas, principalmente la marihuana, ha funcionado como excusa perfecta para impulsar políticas de militarización que están justificadas con combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Todos recordamos la guerra contra el narcotráfico que desató Felipe Calderón en el 2006, provocando que llegáramos a niveles nunca antes vistos de violencia en el país.

Salud sí, uniformados no

Pero en realidad se hizo pública una profunda colusión entre el crimen organizado y todos los niveles de gobierno, desde el policía de la esquina hasta los gobernadores, como Ángel Aguirre, ex gobernador del estado de Guerrero, cuando el Ejército y la policía municipal participaron de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El consumo de drogas debe ser tratado como una cuestión de salud pública y no de seguridad nacional, pues bajo esta perspectiva la manera de “evitar que se consuma” -lo cual en realidad ni siquiera sucede- es a través del uso de las fuerzas públicas y la represión, se convierte en la excusa perfecta para llenar las calles de policías y militares e incrementar el control y el terror sobre la población.

De tratarse como un problema de salud se podría garantizar que el Estado tenga programas para tratar a aquellos que desarrollan dependencia a alguna sustancia. Hoy ningún joven quiere ni acercarse a los centros de rehabilitación o mejor conocidos como granjas, pues son cárceles que muchas veces están vinculadas con redes de trata o cárteles.

¿La ley que propone el Morena es suficiente?

Como hemos desarrollado en anteriores publicaciones, la propuesta de regulación del uso lúdico, medicinal y científico del Morena, es insuficiente y no será para toda la población. Empezando porque es restrictiva para mujeres embarazadas y personas con discapacidad que podrían utilizar alguna sustancia del cannabis de manera terapéutica, también sigue siendo ilegal su plantación en hogares con menores de edad.

Pero peor aún, sólo podrás plantar semillas que estén registradas en el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, semillas que distribuya alguna empresa, para esto tendrás que tener cierto nivel de ingresos que te permitan costearlas. Así la marihuana seguirá siendo ilegal para los más pobres, por ende el comercio ilegal no dejará de existir, el trabajo forzado y semiesclavista de jornaleros seguirá ahí y ni mencionar las redes de trata que son parte del negocio de los cárteles.

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Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas opinamos que la marihuana debe ser legalizada. Pero no para que los empresarios encuentren una nueva fuente de ganancias de manera legal y para esto es necesario que la producción y distribución de cannabis sea centralizada por una empresa estatal que funcione bajo el control de quienes la producen y consumen, no de funcionarios y partidos que velan por los intereses de los empresarios, sean legales o ilegales. No basta con legalizar la mariguana, pues más del 50% de los plantíos a manos del narco, son de amapola. Deben legalizarse todas las drogas.

Esta medida debe estar acompañada de un programa de salud integral para los consumidores. Si bien los psicoactivos no son detonadores en sí mismos de trastornos mentales, pues la dependencia tiende a desarrollarse por factores sociales -los cuales en un país con tan alto nivel de pobreza y violencia son múltiples-, es necesario que haya una atención a quienes generen algún tipo de dependencia sin que sufran ningún tipo de criminalización.

Si la producción de cannabis fuese monopolizada por el Estado, podrían desarrollarse medicamentos de CBD que en muchos casos han resultado más efectivos que las medicinas alópatas, y estarían al alcance de toda la población pues serían gratuitos.

Si el consumo de drogas es tratado como un problema de salud y no de seguridad, la militarización del país debe echarse totalmente para atrás. De abolirse el presupuesto a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas todo este dinero podría destinarse al financiamiento del sector salud que hoy está tan golpeado y al borde del colapso en plena pandemia.